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Publicado el 27 de septiembre, 2018

Luis Larraín: Lo bueno y lo malo del Plan Impulso Araucanía

Economista Luis Larraín
Un análisis preliminar permite encontrar en el plan elementos muy positivos, otros cuyos efectos dependerán de los términos precisos de su puesta en marcha, y por último, algunos que nos parecen inconvenientes. Lo que es derechamente objetable es la creación de un nuevo Ministerio Indígena.
Luis Larraín Economista
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Transcurridos seis meses desde el inicio de su gobierno, el Presidente Piñera  ha dado a conocer el Plan Impulso Araucanía, que contiene una serie de medidas para superar la situación de conflicto y depresión que ha vivido esa región desde hace ya varios años. El plan contiene disposiciones en el orden de lo simbólico y representativo de los pueblos indígenas, en el de la inversión pública, y respecto a  la política de entrega de tierras que se ha venido ejecutando desde los años noventa.

 

Un análisis preliminar del plan, cuando aún no se conocen textos definitivos, permite encontrar en él elementos muy positivos, otros cuyos efectos dependerán de los términos precisos de su puesta en marcha y, por último, algunos que nos parecen inconvenientes.

 

Es desde luego positivo que un grupo muy diverso de personas e instituciones de la Araucanía hayan sostenido conversaciones conducentes a la elaboración de este plan. El ministro Alfredo Moreno ha logrado crear las confianzas necesarias para que quienes nunca antes se habían sentado en torno a una mesa ni estrechado manos conversaran acerca del futuro de la región con una mirada de país. Es alentador que ello haya ocurrido y meritorio que el gobierno haya acogido muchas de las propuestas que propuso una comisión nombrada por la ex Presidenta Bachelet y dirigida por Monseñor Héctor Vargas. La sensación de desesperanza que cundía en la zona hacía a muchos cuestionarse la permanencia y el trabajo en esa bella región, que en los últimos años no ha recibido inversiones por las amenazas a la paz social en que ha vivido y tiene los peores indicadores económicos y sociales del país.

 

Es importante que el proyecto de reforma tome en cuenta las consecuencias que el cambio constitucional tendrá, en el marco de la interacción de nuestra normativa con aquella proveniente de instrumentos del derecho internacional.

 

En la población indígena, por su parte, era posible advertir una carencia de reconocimiento a sus tradiciones y cultura, junto a un déficit de apoyo para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, algunas de las medidas del plan se inscriben en el orden de lo simbólico y del reconocimiento. Se propone una reforma constitucional que incorporará el reconocimiento de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos a conservar y fortalecer la historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones y tradiciones. Es importante que el proyecto de reforma tome en cuenta las consecuencias que el cambio constitucional tendrá, en el marco de la interacción de nuestra normativa con aquella proveniente de instrumentos del derecho internacional. Si los derechos que nacen de este cambio están acotados a la conservación y fortalecimiento de la historia, la identidad, la cultura las lenguas, las instituciones y las tradiciones -como se ha informado-, no cabe formular objeciones. Se corre el riesgo, sin embargo, de que una redacción distinta aliente resoluciones judiciales que reconozcan derechos hasta ahora no aceptados, abriendo la puerta a una interminable demanda de reivindicaciones frente al Estado. Si el reconocimiento a los pueblos indígenas es en lo simbólico importante para ellos, parece razonable que éste quede plasmado en la Constitución, pero en los términos precisos descritos más arriba.

 

Otra medida en este orden simbólico es la de una ley de cuotas para cargos de elección popular con el objeto de promover una mayor participación política de los pueblos indígenas e incorporar un incentivo económico a través de un reembolso mayor por voto obtenido de los candidatos indígenas. Los partidos políticos serían los que tendrían que implementar estas políticas respondiendo a los incentivos otorgados. La propuesta se aparta de la de conceder escaños especiales y exclusivos para representantes indígenas, que rompe la lógica de la democracia representativa al alterar la manifestación de la voluntad popular. Por ello, la medida de cuotas, que ya existe para las mujeres en nuestra legislación, vendría a ser una suerte de impulso inicial para alentar la participación en política de la población indígena, que, siendo discutible, no tiene los efectos distorsionadores de la concesión de escaños exclusivos.

 

Lo que es derechamente objetable es la creación de un nuevo Ministerio, que se vendría a sumar a la proliferación de nuevas reparticiones y que implica la creación de una burocracia que una vez instalada, entraría en la dinámica clásica: nuevas peticiones, nuevos beneficios sin mayor evaluación, nuevos cargos, presión internacional, etc.

 

En este orden, y ya en aspectos institucionales, se incluyen también un Consejo del Reencuentro y un nuevo Ministerio Indígena. En relación al primero, que estaría integrado por representantes de distintos sectores de la región, parece razonable que monitoree un proceso de implementación de este plan que será largo y pueda permanecer como instancia de diálogo en la región por un tiempo. Lo que es derechamente objetable es la creación de un nuevo ministerio, que se vendría a sumar a la proliferación de nuevas reparticiones y que implica la creación de una burocracia que, una vez instalada, entraría en la dinámica clásica: nuevas peticiones, nuevos beneficios sin mayor evaluación, nuevos cargos, presión internacional, etc. El Consejo es perfectamente capaz de monitorear la puesta en marcha del plan; el Ministerio es una concesión a quienes creen en el crecimiento sin límite del Estado, que muchas veces crea más problemas que los que resuelve y va transformando la política en una cuestión clientelar. Por último en este ámbito, es positivo que se contemplen medidas para ayudar a las víctimas de la violencia rural sin perjuicio que, como señalaremos luego, se requieren otras medidas.

 

En cuanto a los apoyos e inversiones del Estado destacan aquellos en el ámbito de la Educación y la Salud, con 10 nuevos Liceos Bicentenario e inversión en 10 hospitales, cuya cuantía es difícil de calificar en relación a las necesidades de otras regiones. Las inversiones en vialidad, 1.000 kilómetros de nuevo pavimento, parecen altamente necesarias en una región de alta ruralidad, ya que contribuyen a la infraestructura necesaria para la producción y también a la mejor calidad de vida de las personas al reducir significativamente los tiempos y costos de los traslados.

 

En materia de entrega de tierras se anuncian medidas positivas en cuanto aumentan la flexibilidad de las condiciones en las cuales las comunidades indígenas pueden disponer de la propiedad de la tierra. Se autorizará la posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos tales como medierías, arriendo y cesión de derechos en tierra individual o comunitaria indígena por hasta 25 años, sujetos a un proceso de registro y supervisión del Estado. No se ha dado información acerca del futuro de la política de entrega de tierras por parte de la CONADI, lo que debe precisarse, especialmente en cuanto al alcance de este proceso. Ello porque el mejoramiento del retorno económico de la recepción de tierras por parte de comunidades indígenas podría alentar un aumento de las peticiones de entrega de tierras. Como se ha comentado antes, es del todo necesario acotar cuantitativamente el alcance de la política de entrega de tierras. De lo contrario, el mecanismo de compra de tierras por parte de CONADI seguirá operando como un poder comprador de violencia.

 

Por último, en relación a la violencia, hay que decir que son necesarias otras medidas en el ámbito de la inteligencia y la acción policial que garanticen la paz social en la región enfrentando las acciones de grupos violentistas. Entendemos que ello no sea parte de este plan, pero un supuesto imprescindible para que el Plan Impulso Araucanía funcione es que  se restablezca el estado de derecho en la región.

 

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/ AGENCIAUNO

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