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Publicado el 11 de junio, 2020

Luis Larraín: ¿Legisladores o alquimistas?

Economista Luis Larraín

En medio de la pandemia, frente a la difícil situación que viven muchos chilenos, hay políticos que creen que su misión es aliviar a nuestros compatriotas dictando leyes que los saquen de sus problemas. Pero ello no es tan fácil: las leyes no producen riqueza y eso es lo que se necesita para aliviar la pobreza.

Luis Larraín Economista

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El mito de la alquimia siempre ha fascinado al hombre. La creencia de que podemos transformar un material innoble en oro por el simple expediente de agregarle algunos elementos químicos ha estado presente desde los albores de la humanidad, y una y otra vez soñadores, ambiciosos o simples impostores han fracasado en ese intento. La alquimia tiene tras sí un concepto a mi juicio muy dañino: que podemos tomar atajos. Sin recorrer el camino duro para explorar, extraer, refinar, por un simple artilugio, vamos a hacernos ricos.

En medio de la pandemia, frente a la difícil situación que viven muchos chilenos, hay políticos que creen que su misión es aliviar a nuestros compatriotas dictando leyes que los saquen de sus problemas. Pero ello no es tan fácil: las leyes no producen riqueza y eso es lo que se necesita para aliviar la pobreza. ¿Y la redistribución, dirán algunos? Bueno, hay evidencia en Chile y el mundo de que es el aumento de la producción, no su redistribución, la que resuelve el problema. Adicionalmente, como veremos enseguida, redistribuir la carga de las obligaciones puede crear distorsiones que agravan el problema o crear situaciones injustas.

Pero es difícil aceptar eso para el hombre y también para los políticos y legisladores. Por eso por estos días han proliferado iniciativas legislativas que pretenden ayudar a quienes han perdido sus ingresos a mantener servicios que siguen recibiendo porque son básicos para la supervivencia. Se trata de cuentas de luz, gas, agua y en alguna medida de telecomunicaciones. Por supuesto, dependiendo de su formulación, una ley podría aliviar su situación. Transitoriamente a veces, suspendiendo por un período los cortes de servicio y en forma más definitiva si es que alguien paga la cuenta por ellos o subsidia una parte del costo. Esto porque los servicios, la luz, el agua, el gas, se siguen produciendo y eso tiene un costo económico. Si se decide subsidiar a personas a soportar estos costos, esa ayuda debe ser transitoria y acotada, porque de lo contrario no es posible mantener la provisión de los servicios en el tiempo.

Otros proyectos han apuntado a postergar el pago de deudas u obligaciones con el Estado como impuestos, patentes, contribuciones, etc. Cuando el acreedor es el Estado, el costo financiero de una postergación es parte de los subsidios que el Fisco está entregando para soportar la pandemia y lo que uno debiera asegurar es que favorezcan a las personas más necesitadas. Cuando el acreedor es privado, el problema de la deuda no desaparece, sino que se posterga. Lo que definitivamente parece desaconsejable son iniciativas que pretenden suspender las consultas a DICOM mientras dure la pandemia. Es obvio que esa medida, que es como quebrar el termómetro o vender el sofá de don Otto, no ayuda, sino que perjudica a quienes están necesitados, porque nadie prestará dinero a ciegas sin conocer la probabilidad de pago de un cliente. Además, es injusto porque perjudica incluso a quienes tienen buen historial de pagos, sólo por el hecho de tener ingresos bajos.

Ni alquimia ni magia son posibles por la acción de las leyes. Alivio sí, alguna redistribución de las cargas, pero siempre hay un costo, se producen distorsiones y se castiga a veces a quienes se pretendió ayudar.

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