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Publicado el 18 de julio, 2019

Luis Larraín: La mutación del ente

Economista Luis Larraín

Cuando se trata de un tema tan delicado como la seguridad social y se aprecian los estragos que medidas populistas y sin fundamento técnico causan en la economía de los países, se entiende por qué esta materia es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo.

Luis Larraín Economista
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La previsión social es uno de los campos en que la demagogia puede causar mayores estragos a la economía de un país y a su gente. La tentación de los gobiernos de financiar las pensiones de los ya retirados con contribuciones (impuestos) cada vez mayores de los trabajadores ha llevado a muchos países a situaciones insostenibles. Grecia, por ejemplo, gasta más del 15% del PIB en aporte fiscal a las pensiones y su tasa de dependencia (población mayor de 65 sobre población entre 15 y 64 años) se acerca al 40%. Italia está en la misma situación. Francia gasta el 12,5% del PIB, Brasil el 11 %, Japón, Alemania y el promedio de la OCDE andan por el 10% del PIB en aportes fiscales, Gran Bretaña por el 8% y Estados Unidos por el 6%. En todos estos países, la tasa de dependencia aumenta, hasta el punto que el Banco Mundial anticipa un déficit de cerca de 400 trillones de dólares americanos en sus sistemas de pensiones para el año 2050.

Chile, gracias a la reforma de pensiones de 1980 que eliminó el reparto intergeneracional, ha capeado ese temporal y gasta cerca del 1% del PIB en aporte fiscal a las pensiones. Ante la demanda por mayor nivel de las pensiones que hay en nuestro país, Chile puede aumentar significativamente el aporte fiscal al Pilar Solidario sin provocar una crisis en sus finanzas públicas, y eso es lo que hace la reforma que presentó el Presidente Piñera. Sin embargo, para mejorar las pensiones de la clase media que no están en ese pilar, se requiere además un aumento de la tasa de cotización; pues la actual de 10% se ha quedado muy atrás de acuerdo a cualquier estándar internacional y a la realidad demográfica. La tentación demagógica que debe evitar Chile es volver a un sistema de reparto, pues ello nos haría desandar todo el camino ganado respecto a otros países subsidiando las pensiones actuales mediante la hipoteca de las próximas generaciones de chilenos.

La reforma previsional de Bachelet creaba un ente estatal, CAC, que caía en la tentación del reparto intergeneracional con cerca de 2% de la cotización adicional, aunque su diseño suponía que ese porcentaje iría decreciendo en el tiempo para favorecer a los aportantes en un esquema de ahorro colectivo administrado por el Estado. La economía política de una reforma como esta nos indica que es imposible que ese 2% de cotización disminuyera, con lo cual el intento del ministro Rodrigo Valdés de resistir a la tentación del reparto era poco más que un saludo a la bandera.

La reforma inicial de Piñera no tenía ente estatal para administrar las pensiones, ni reparto intergeneracional. El 4% adicional seguía yendo a las cuentas individuales de los aportantes y era administrado por empresas privadas, aunque ya no exclusivamente por las AFP. Así las cosas, pese a que uno podía criticar la duplicación de costos que significaba no entregar a las AFP la administración del ahorro adicional, y preocuparse porque otros detalles acerca de la supervisión de las administradoras previsionales y la mantención del giro único para evitar conflictos de interés eran dudosos, al menos se mantenía la esencia del sistema: no había reparto y sí libertad de elegir para los afiliados.

Sin embargo, la necesidad de negociar con la oposición ha llevado al gobierno a renunciar a algunos de esos principios. La absurda consigna de “No+AFP”, se cambia entonces por la no menos estúpida “Ni un peso + a las AFP” y se crea un “ente” estatal para administrar las pensiones. Un ente, de acuerdo a una definición aceptada, es una cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. Y así hemos visto que, en las últimas horas, el ente, sin tener existencia real, ya ha mutado y ahora no sólo administrará el 4% de cotización adicional, sino otros seguros que estarían contenidos en la reforma de pensiones: el seguro de dependencia ya presentado en la reforma inicial, y otros que el gobierno estaría conversando con la oposición. El nuevo nombre del ente sería entonces CASS, Consejo de Ahorro de Seguros Sociales.

Desgraciadamente, esta parece ser una negociación sin contornos. Cuando se trata de un tema tan delicado como la seguridad social y se aprecian los estragos que medidas populistas y sin fundamento técnico causan en la economía de los países, se entiende por qué esta materia es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el desarrollo de la negociación, el gobierno parece no saber en qué puede parar su reforma de pensiones y eso es altamente preocupante.

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