La encuesta de victimización de Paz Ciudadana trae algunas buenas noticias, aunque ellas puedan caer en terreno no muy abonado en estos momentos. La victimización (porcentaje de personas víctimas de un robo o intento de robo) bajó 3 puntos porcentuales, lo que es estadísticamente significativo, al descender desde 39,5% en 2017 a 36,4% en 2018, el valor más bajo desde el 2010. También ha decaído el temor, aunque ha aumentado el porcentaje de delitos violentos. La lucha contra la delincuencia es de largo plazo y estos resultados son positivos y hay que aplaudirlos. Desgraciadamente, el ambiente que existe en relación a Carabineros por los últimos sucesos en la Araucanía y situaciones de falta de probidad entre su personal no ayuda. Sabemos que en el combate a la delincuencia la eficacia de la acción policial es fundamental y se requiere apoyo de parte de la ciudadanía.
El Ejecutivo ha presentado cuatro proyectos de ley que concretizan gran parte de las medidas sugeridas por el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.
Hay que reconocerle al gobierno de Piñera su proactividad en esta materia. A poco de concluir la labor de los integrantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, en que participaron transversalmente políticos y expertos, el Ejecutivo ha presentado cuatro proyectos de ley que concretizan gran parte de las medidas sugeridas por esta mesa. Se trata de asuntos relativos a la modernización y la probidad y transparencia de las policías, al control de armas, al fortalecimiento del rol preventivo de las municipalidades en esta materia y a la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado
En el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública se destacó la importancia de contar con policías robustas para enfrentar las tareas de prevención, control e investigación del delito. Para ello se requiere una reformulación institucional, frente a los nuevos conflictos que enfrentan tanto interna como externamente. Para recuperar la confianza y credibilidad en estas instituciones, los miembros de la mesa recomendaron incorporar parámetros modernos de gestión, mayor fiscalización, auditorías, controles financieros, rendiciones de cuentas y procedimientos claros de denuncia de irregularidades y falta de probidad. El proyecto de ley incorpora medidas que se refieren al resguardo de la gestión financiera y a otros aspectos relevantes en el obrar policial, dotando a las instituciones de controles internos y externos a fin de sancionar los excesos en la función policial y cualquier otra conducta que se aleje de los estándares de probidad y transparencia.
Uno de los proyectos de ley recoge el reconocimiento de la función preventiva de las municipalidades, fortalece los Consejos y permite la colaboración con Carabineros en ciertos asuntos.
En el Acuerdo Nacional se propuso también reconocer a nivel legal el rol preventivo de los municipios, con un carácter estratégico territorial, (recuperar espacios públicos, mejorar la iluminación, contar con apoyo psicosocial, entre otros). Se contempló incrementar los fondos destinados a seguridad, con una priorización de los municipios con mayores carencias económicas, crear programas de capacitaciones, espacios para intercambiar buenas prácticas, fortalecer las organizaciones comunitarias y a los Consejos Comunales de Seguridad. Además, se recomendó permitir el apoyo de funcionarios municipales en gestiones de tránsito y en la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. El proyecto de ley recoge el reconocimiento de la función preventiva de las municipalidades, fortalece los Consejos y permite la colaboración con Carabineros en los asuntos señalados. Además, ordena ajustar el Plan Comunal de Seguridad Pública a la Política Nacional de Seguridad Pública Interior y a las estrategias de gestión policial de Carabineros.
Un tercer proyecto de ley recoge varias de las recomendaciones de la Mesa en torno al control y tenencia de armas, luego de una completa revisión de la legislación existente. Se estima que las nuevas disposiciones permitirán mejor información y control por parte de las autoridades para reducir el uso de armas de fuego en hechos delictuales.
La clase política debiera apoyar este esfuerzo que es fruto del diálogo.
En el Acuerdo se señaló también que la estructuración del Sistema de Inteligencia no responde a las necesidades actuales. Consideraron imperativo avanzar a un sistema que permita una acción preventiva eficaz ante nuevas amenazas de seguridad internas y externas. Propusieron crear un Consejo Nacional de Inteligencia que asesore directamente al Presidente e incorporar otros servicios al Consejo. Junto con ello, se propuso reforzar las responsabilidades de los integrantes, respecto a la cooperación en la entrega de información y en el resguardo del secreto.
En fin, cuatro proyectos de ley para reforzar la lucha contra la delincuencia que es una prioridad nacional entre los ciudadanos que el gobierno está asumiendo. La clase política debiera apoyar este esfuerzo que es fruto del diálogo y caer en cuenta que, en definitiva, el país necesita policías eficientes y dotadas de prestigio, lo que es tarea de las instituciones, del gobierno; pero requiere de la colaboración de todos.
FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO