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Publicado el 13 de febrero, 2020

Luis Larraín: Empleo, despidos y jornada laboral

Economista Luis Larraín

La Comisión Nacional de Productividad nos dice que el más probable efecto de una legislación como la que busca rebajar de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral es agregar a la precariedad actual del mercado una disminución en los salarios que afectaría principalmente a mujeres, jóvenes y personas sin educación superior. Sería inexplicable que el Senado no cambiara fundamentalmente esta iniciativa.

Luis Larraín Economista
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La remoción del Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, por la entrega errónea de información acerca de los despidos por necesidades de la empresa realizados durante el mes de enero da cuenta de la sensibilidad política que tiene el tema del empleo. El dato que había entregado la Dirección del Trabajo consignaba que los despidos por esa causal habían sido 37 mil, significativamente menos que los meses anteriores, lo que llevó a pensar que se había superado la emergencia luego del llamado estallido social. La realidad desgraciadamente era otra. La cifra correspondía a una obtenida luego de un cambio metodológico y no era por lo tanto comparable con la serie que se había venido entregando. Como informó el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, la cifra compatible con la metodología anterior era de 132 mil personas, lo que daba cuenta que el grave problema de despidos continuaba durante el verano.

No tenemos realmente indicios de cuándo esta situación podría mejorar y ella constituyen un drama para cientos de miles de familias. Un drama autoinflingido por los chilenos, pues es una directa consecuencia del llamado estallido social y la precaria condición en que han quedado miles de empresas cuyas ventas y órdenes de compra se han visto severamente afectadas por la situación política. Mientras tanto, muchos de alma progresista se conmueven por la estética de la protesta social y la imagen romántica que se ha difundido de los violentistas de la llamada primera línea.

La prensa nos entrega otra noticia impactante sobre el mercado laboral. Al mes de junio pasado, un 80,4% de los nuevos empleos con contrato fueron ocupados por migrantes. Es cierto que los migrantes han agregado empleos nuevos y por lo tanto no todos ellos le quitan trabajo a un chileno, además que los programas de regularización del estatus migratorio han agregado un número importante por una vez. También es cierto que el total de trabajadores migrantes con empleo asalariado llega a 483.000 lo que representa sólo un porcentaje de 10% sobre el total de los ocupados con contrato de trabajo. Sin embargo, la presencia de migrantes en el mercado laboral es una nueva realidad que no podemos ignorar.

Y frente a esto, ¿qué hacen nuestros políticos? La respuesta que conocemos hasta ahora es una moción de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, entre otros, que rebaja la jornada laboral máxima de 45 a 40 horas semanales y que ha avanzado con rapidez en el Congreso hasta el punto de ser uno de los primeros proyectos de ley que tratará el Senado cuando se reanude el trabajo parlamentario. En Chile se trabajan en promedio 41,3 horas a la semana, coincidentemente lo mismo que trabajaban en promedio los países de la OCDE cuando tenían un nivel similar de ingreso per cápita al que tenemos ahora.

La Comisión Nacional de Productividad realizó un ejercicio simulando que se bajaba la jornada laboral máxima de 45 horas a 40 horas semanales. Los principales resultados agregados fueron los siguientes:

-Una baja de los salarios entre 0,5 % y 5,5% anual.

-Una caída en la productividad entre 0,1 y 0,4% al año.

-Una disminución del crecimiento económico entre 0,5% y 1,5% al año.

-El empleo total no caería.

Los efectos individuales que tendría la medida en trabajos de tiempo completo serían:

-Una caída de 5,5 puntos porcentuales en el empleo, más fuerte en las mujeres que perderían 60 mil empleos.

-Una caída de 8,8 puntos porcentuales en el empleo de jóvenes.

-Una caída de 5,4 puntos porcentuales en el empleo de personas sin educación superior.

En pocas palabras, la Comisión Nacional de Productividad nos dice que el más probable efecto de una legislación como esa es agregar a la precariedad del mercado laboral actual una baja en los salarios que afectaría principalmente a mujeres, jóvenes y personas sin educación superior. Sería inexplicable que el Senado no cambiara fundamentalmente esta iniciativa, agregando elementos de flexibilidad que realmente consiguieran que una eventual rebaja de jornada sea consensuada entre la empresa y trabajadores de manera de no seguir deteriorando nuestro ya precario mercado  laboral.

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