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Publicado el 30 de mayo, 2019

Luis Larraín: Clase Media Protegida: La ruta lógica

Economista Luis Larraín

El plan del gobierno tiene como objetivo evitar un retroceso de las personas que salen de la pobreza, pero continúan siendo vulnerables o se ven enfrentados a contingencias, básicamente pérdida del empleo y eventos catastróficos en salud.

Luis Larraín Economista
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Daniel Matamala y Eugenio Tironi, cada uno en su estilo y en sendas columnas en La Tercera y El Mercurio, intentan allegar agua para su molino luego que el gobierno ha presentado su programa Clase Media Protegida. En términos simples, el argumento que usan Matamala y Tironi es que el discurso tradicional de la derecha era que el Estado sólo debía ayudar a los pobres y ahora, en cambio, se estaría abriendo a apoyar a la clase media. Presentan, de esta manera, como una claudicación de la derecha a los principios de liberalismo económico este nuevo programa y aprovechan entonces de criticar a este sector político.

La verdad es que el planteamiento de Matamala y Tironi es equivocado, probablemente porque no han profundizado suficientemente el tema. Clase Media Protegida, que es parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera en el que me tocó participar, no es una manifestación del estado de bienestar ni mucho menos de la teoría de derechos sociales que ha impulsado la izquierda. Tiene características radicalmente distintas a éstas, que explicaré más adelante.

Una parte muy importante de la población, que no está en pobreza, tiene una alta probabilidad de caer nuevamente en esa condición. Desde ese punto de vista son también legítimos beneficiarios de una ayuda estatal.

Antes, me interesa destacar que el nuevo programa es la consecuencia natural del triunfo de las ideas del liberalismo económico en nuestro país. El exitoso modelo chileno, con una combinación entre una economía libre y la ayuda social a la población sumida en la pobreza, ha permitido que ese grupo social, que era mayoritario en nuestro país a mediados de los ochenta, disminuya a tan sólo un 8% de la población en la última medición de la pobreza realizada a partir de la encuesta CASEN 2017. Como consecuencia de ello, la política social del gobierno, aún manteniendo a ese 8% como beneficiario preferente de la ayuda social, ha debido abrirse a esta nueva realidad. El país es distinto y las necesidades de su gente son diferentes, y es en ese escenario que el gobierno debe decidir dónde enfoca su acción.

El estudio minucioso de la rica disponibilidad de antecedentes que la encuesta CASEN y otros instrumentos de diagnóstico social con que cuenta el Estado permite observar que una parte muy importante de la población, que no está en pobreza, tiene una alta probabilidad de caer nuevamente en esa condición. Desde ese punto de vista son también legítimos beneficiarios de una ayuda estatal, pues nada sacaríamos con celebrar la disminución de la pobreza para estar lamentando un par de años después un rebrote de este flagelo. Y ese rebrote puede producirse justamente por la vulnerabilidad en que quedan quienes recién han superado la línea de pobreza, pero pueden caer nuevamente a ella si una circunstancia personal, o incluso a nivel del país, les provoca una caída importante de su ingreso monetario.

El programa del gobierno difiere radicalmente de beneficios derivados de derechos sociales universales, pues no son a todo evento.

Hay que señalar eso sí, que el tipo de apoyo que el estado debe brindar a estas personas es, cualitativa y cuantitativamente, distinta a la que otorga a las personas que están en situación de pobreza. De hecho, los estudios para redefinir la línea de pobreza contemplaron la definición de población vulnerable, que está apenas por sobre la línea de pobreza (1,5 veces) y que alcanza a un 16% de la población. Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Social viene calculando hace algunos años un indicador de pobreza multidimensional, que agrega a la pobreza de ingresos criterios sobre la situación de salud, educacional, laboral y previsional, de vivienda y su entorno y de redes de apoyo.

Estos programas difieren radicalmente de beneficios derivados de derechos sociales universales. Los más ricos no deben recibir ayuda del Estado. Los de clase media sólo en la medida que lo requieran, por su ubicación relativa dentro de la clase media o por estar efectivamente viviendo una contingencia social. No son beneficios a todo evento, lo que es propio de los derechos, sino sólo eventuales.

Un estudio de LyD concluye que la clase media comprende al 65,4% de la población y que en su interior hay personas de condición muy distinta. El grupo mayoritario se clasifica como clase media baja (63,1% de ellos) y alcanzan como máximo un ingreso familiar de 1,2 millones de pesos.

Libertad y Desarrollo, para colaborar en el esfuerzo de definir mejor un concepto tan amplio como clase media, acaba de entregar un estudio donde caracteriza a la clase media sobre la base de información compatible con la medición oficial de la pobreza en Chile y en el Banco Mundial. Llega a la conclusión de que ésta comprende al 65,4% de la población y que en su interior hay personas de condición muy distinta. Son personas que ganan entre 1,5 y 6 veces lo que ganan los pobres, lo que en pesos es aproximadamente entre 600.000 y 2,5 millones de pesos. El grupo mayoritario de la clase media se clasifica como clase media baja (63,1% de ellos) y alcanzan como máximo un ingreso familiar de 1,2 millones de pesos. Ellos son ciertamente personas que son legítimas beneficiarias de la ayuda del Estado. En ese sentido, la advertencia de Matamala y Tironi sí puede servir, no para criticar políticamente a la derecha y al gobierno, sino para recordarnos que la diversidad de la clase media amerita una mirada más fina sobre ella a la hora de definir los programas de apoyo del Estado.

En síntesis, el programa de clase media protegida tiene como objetivo evitar un retroceso de las personas que salen de la pobreza, pero continúan siendo vulnerables o se ven enfrentados a contingencias, básicamente pérdida del empleo y eventos catastróficos en salud. La evidencia avala este tipo de políticas. Un informe de la OCDE del 2018 sobre movilidad social destaca a Chile por su movilidad ascendente, pero también constata movilidad descendente. El gobierno está actuando sobre esta última.

Aunque nuestras preferencias ideológicas pueden inclinarnos a perseguir con más o menos ahínco soluciones liberales o ayudas sociales a grupos vulnerables, en definitiva, debemos reconocer que nuestro país progresa cuando se combinan adecuadamente políticas económicas de libre mercado y políticas socialdemócratas. Las dosis de cada una pueden discutirse legítimamente en el foro público y en las elecciones democráticas; pero proclamar triunfos definitivos o funerales anticipados es más voluntarismo que otra cosa.

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

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