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Publicado el 27 de junio, 2019

Luis Larraín: Acuerdo tributario

Economista Luis Larraín

Si en el trámite en el Senado, el Gobierno debe hacer nuevas concesiones para lograr la aprobación de la reforma tributaria, es dudoso el aporte que este proyecto puede hacer a la reactivación de nuestra economía.

Luis Larraín Economista
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La atención acerca del acuerdo tributario entre el Gobierno y la DC se ha centrado en el significado político y la proyección, más que en su contenido. La información que se ha entregado tampoco ha sido completa, pero hay ya algunas cosas que se pueden comentar.

En lo fundamental, el acuerdo vuelve a un esquema integrado de impuestos en el que se tributa sobre la base de los retiros efectuados de la empresa, suprimiendo así el régimen de renta atribuida que se había instaurado a partir de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Pese a que la mayoría de los beneficiados por este cambio son personas de rentas medias (cerca de 150.000 pymes se encuentran bajo régimen semi integrado, pagando una sobre tasa de 9,45% de impuestos), la objeción de la oposición era que los montos en dinero favorecían más a personas de altos ingresos, por lo que había que “compensar” esta pérdida de recaudación incluyendo otros impuestos, o aumentando los existentes cuya carga cayera sobre personas de altos ingresos.

El monto de recaudación anual que era necesario compensar, según la oposición, era del orden de 400 millones de dólares anuales. Este cálculo en todo caso es bastante teórico, pues muchas personas de altos ingresos ya pagaron los impuestos por utilidades acumuladas en la empresa mediante el llamado impuesto sustitutivo que se introdujo precisamente en la reforma de Bachelet, de modo que es discutible que la integración favorecería a personas de altos ingresos en esos montos. Pese a ello, el gobierno ha accedido a realizar cambios a nuestra legislación tributaria con el objeto de compensar esta teórica pérdida de recaudación que traería aparejada la integración.

Una de las vías sería la de los impuestos verdes, donde se ampliaría la base de tributación que hoy día grava solamente al sector de generación termoeléctrica para extenderla a otras actividades industriales como fundiciones, cementeras y otros rubros, que en todo caso serían solamente fuentes fijas de emisión. Esta es una decisión que tiene costos desde el punto de vista de la competitividad de distintos sectores industriales, para obtener un beneficio como la menor emisión de carbonos, que no es el principal problema ambiental que afecta a nuestro país. Otra medida que estaría incluida sería un gravamen de 1% a proyectos de inversión sobre diez millones de dólares, que se aplicaría gradualmente por un período de 5 años desde que la planta esté produciendo. El objetivo sería recaudar fondos que quedarían en la región y en un fondo interregional, con el objeto de mejorar la percepción en las localidades en que se instalan estos grandes proyectos. El beneficio a la inversión que esto podría acarrear sólo se produciría, a nuestro juicio, si ese 1% es deducible de otros impuestos o constituye un crédito contra ellos, pues de lo contrario podría tener un efecto contrario a la inversión.

Otra fuente para aumentar la recaudación serían los impuestos a las plataformas digitales, donde una de las opciones que se baraja es nivelar la tasa con la tasa general del IVA de 19%. También se gravaría con impuesto territorial a tierras de actividad forestal, exceptuando a aquellas que tienen plantaciones de bosque nativo.

En materia de contribuciones habría sí una rebaja para adultos mayores de menores ingresos.

En el ámbito financiero, se modificarían las normas sobre “market makers” que permite eximirse de impuestos a las utilidades de modo de restringir esta herramienta y también se pretende gravar la utilidad obtenida en productos de seguro con ahorro.

Por último, se ampliaría el universo de las empresas que pueden acogerse a la cláusula PYME aumentando el tope desde 50.000 UF de ventas al año hasta 75.000 UF y se mantendría el método de contabilidad simplificada contenida en el artículo 14 ter.

Este conjunto de medidas haría que los diputados de la DC aprobaran el proyecto. Algunos senadores, no obstante, ya han manifestado reparos a este acuerdo. ¿Significa ello que en el trámite en el Senado el Gobierno tendrá que hacer nuevas concesiones para lograr la aprobación? Si así fuera, es dudoso el aporte que este proyecto puede hacer a la reactivación de nuestra economía.

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