La tragedia que nos aflige por los incendios forestales es desgarradora. Al menos 24 personas han perdido la vida; se informan de más de 1.000 heridos, 800 viviendas quemadas, animales calcinados y sobre 370.000 hectáreas arrasadas por el fuego, escenario que podría prolongarse hasta marzo.
Lo desgraciado de esta situación es que hay un alto porcentaje de incendios que son provocados y no solo ahora. Las empresas forestales reportaron al sistema de información digital para el control de operaciones, SIDCO, 1.119 incendios intencionales desde el 1 de julio de 2022 a la fecha. Esto implica, que habrían ocurrido 160 atentados mensuales, equivalente a 5 siniestros diarios durante 7 meses, lo que es inaceptable.
Si el gobierno hubiera reconocido que hay terrorismo en el sur y lo hubiera abordado decidida y tempranamente, no tendríamos 1.119 incendios intencionales y sus autores podrían estar condenados. La cifra de siniestros provocados es gravísima per se, e implica además un nivel de impunidad y de tolerancia al terrorismo inadmisible y una grave indolencia frente a este tema, que pareciera no existir para las autoridades.
Hoy ya hay 30 detenidos, pero lamentablemente es tarde. Y sobre las intencionalidades, cabe preguntar ¿quiénes son los autores materiales e intelectuales; por qué lo hacen; quién las ordena y planifica? Son preguntas que el Gobierno debiera saber responder y actuar en consecuencia. Lamentablemente, los hechos demuestran lo contrario.
No obstante la gravedad de la situación, esta crisis le viene bien al gobierno pues desde que asumió y tras el fracaso del 4-S, finalmente tienen un propósito al cuál dedicarse. El Presidente ha desarrollado un despliegue comunicacional importante, mostrándose presente, conversando con las víctimas y ofreciendo ayuda, lo que le está permitiendo tomar el control de la agenda por primera vez en prácticamente un año.
Sin duda que los incendios monopolizan la atención pública, con lo cual las otras crisis, aquellas causadas por este muy mal gobierno, quedan invisibilizadas, siendo todos problemas graves y pendientes de solución. Me refiero a la delincuencia, los indultos, RR.EE., educación, salud, economía, por nombrar los más relevantes. Esto le permite al Presidente dar vuelta la página, como le gusta decir, y hacerlos desaparecer de la memoria colectiva.
¿Recuerdan que hasta hace poco se hablaba de los indultos? ¿Esos que les costaron el cargo a Meza-Lopehandía y a la ministra Ríos por sus desprolijidades? Bueno, en la semana el gobierno los justificó ante el TC, y dio razones específicas para los casos de Luis Castillo y de Mateluna. En el caso de Castillo, justificaron el indulto porque había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social, por lo que las razones para otorgarlo eran con fines de paz social. Y el de Mateluna, para su reinserción social.
Pero ¿no era que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”? ¿Y los despidos acaso no fueron por inducir al Presidente a cometer errores? Con la justificación ante el TC, ambos defenestrados serían inocentes, quedando el Presidente como único responsable de los indultos. ¿Por qué mentir tan burdamente?
Y para que hablar de la delincuencia y seguridad. Este es el tema que más preocupa a la ciudadanía, y hasta ahora, van ganando los malos y no hay proyectos enviados al Congreso para enfrentar con toda la fuerza de la ley este flagelo.
En RR.EE., un artículo en La Tercera del excanciller Teodoro Ribera refleja toda la gravedad que existe en esta materia, cuando pregunta: “¿Tenemos una política exterior de Estado?” Y Vargas Llosa en un reciente artículo en El País de España criticó la intervención de Boric sobre Perú en la CELAC, donde expresó: “El pueblo peruano no lo olvidará”. Grave revés reputacional.
Educación, otra gran preocupación, por el nombramiento de Andrea Osorio Rivera como la nueva Jefa de la Educación General del Mineduc. Ella es una persona ligada históricamente al grupo guerrillero Lautaro. Un amplio artículo de El Libero demuestra lo preocupante de esta decisión, porque no es precisamente ideología revolucionaria lo que se necesita inculcar a los niños.
En Salud, las isapres podrían empezar a quebrar, de no mediar una pronta legislación por parte del gobierno, lo que causaría una catástrofe inédita de la Salud en Chile, al tener que absorber 3.5MM de beneficiarios del sistema privado, lo que resulta totalmente imposible.
Y en Economía, con alta inflación, desempleo al alza, recesión, conflicto con las AFP, son muchos los problemas que resolver.
La crisis de los incendios le permite al Gobierno tomar control de la agenda y sumergir en la invisibilidad al resto de los graves problemas causados por su propia incompetencia. La ciudadanía debe tomar conciencia de esto para no olvidarlos.
*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.