En poco más de cuatro meses los chilenos ratificaremos o rechazaremos la nueva Carta Fundamental propuesta por la Convención Constitucional, culminando un inédito y álgido proceso diseñado y organizado para darnos una nueva constitución. El lunes 5 de septiembre despuntará un nuevo período político marcado por el resultado del plebiscito, dejando atrás un tiempo que hemos vivido intensamente desde la instalación de la Convención en julio de 2021 –que para entonces ya habrá dejado de existir–. Ese día, con la fuerza del veredicto de las urnas, se desplegará ante nosotros uno de dos escenarios posibles (no se divisan otros): el primero, en caso de triunfar el Apruebo –por un estrecho margen–, se caracterizaría por un activo reformismo constitucional destinado a corregir o reemplazar disposiciones de la nueva Constitución –que de tanto maximalismo y detalle devendrá en una abundante carta para estimular al poder constituyente parlamentario–; el segundo, derivado del Rechazo, daría lugar a un necesario e inevitable acuerdo político, una suerte de reedición de aquel del 15 de noviembre de 2019, con el objetivo de consensuar un nuevo proceso constitucional.

Cualquiera que sea el que se produzca, con el fin del funcionamiento de la Convención la política retornará a la normalidad –si tal cosa existe en una actividad que desde hace tiempo ya no goza de ella–. El espacio político, que por meses ha sido copado por la Convención, volverá a ser ocupado por el Ejecutivo, los partidos políticos y, sobre todo, el Parlamento, como ha sido tradicional ya por buenos 30 años. Con ello la derecha saldrá de la marginalidad que la tuvo casi invisibilizada durante el proceso constitucional, una anormalidad que se reajustará en función de su considerable rendimiento en las elecciones parlamentarias. Y, por cierto, dejarán de pronunciarse con tanta frecuencia los nombres de los convencionales Bassa, Daza, Atria y Loncon, entre otros, que irán quedando en el olvido, para dar paso al de diputados, senadores y presidentes de los partidos políticos que más temprano que tarde van a protagonizar las arduas negociaciones que tendrán lugar después del fallo ciudadano de septiembre.

Pero no será en modo alguno la normalidad de otrora, marcada en el último tiempo por el inmovilismo en materias trascendentales para una ciudadanía impaciente y malhumorada, ni la de los grandes acuerdos que la política chilena supo urdir en sus buenos tiempos. Ni mucho menos la de los grandes liderazgos que dieron al país sus mejores años no hace tanto. Podría ser, si se quiere, algo más parecido a la propia Convención, sobre todo en sus arrestos soberanistas no tan distantes del parlamentarismo de facto que anima hace un tiempo al Congreso, pero con una diferencia crucial: las fuerzas políticas, léase los partidos, tienen considerable representación precisamente allí donde sus servicios serán requeridos para algunas de las tareas más exigentes de las últimas décadas. La duda es, por supuesto, si la clase política estará a la altura de tales inauditas exigencias, una prueba que la Convención Constitucional, al parecer, ya no será capaz de pasar.

Queda por verse cuál será el ánimo de una ciudadanía, que después de haber puesto todas sus fichas en el proceso constitucional –no hay otra forma de interpretar el casi 80% del Apruebo– y en la elección por una sólida mayoría de un joven y novel presidente, podría ver cómo sus apuestas se las lleva el viento, que eso sería el Rechazo y una sostenida desaprobación del gobierno. Una ciudadanía así de defraudada y desilusionada –la terrible consecuencia del fracaso de la Convención Constitucional– podría haber quemado sus últimos cartuchos antes de dar el paso a lo que la cátedra ha temido por años: la aparición de un líder populista con arrestos iliberales. Que ello sea siquiera posible, ahora más que antes, ilustra hasta qué punto la Convención Constitucional ha malgastado una oportunidad histórica de reencauzar al país por la senda del desarrollo que parece estar alejándose de nuestro alcance.

*Claudio Hohmann es ex ministro de Estado.

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