En tierra derecha se encuentra el concurso público para elegir al próximo Fiscal Nacional, pronto la Corte Suprema tendrá el deber de formar la quina de donde la Presidenta Bachelet (por segunda vez) deberá proponer al Senado a la máxima autoridad del Ministerio Público.
Este tipo de concursos son bastante absurdos, ya que, en definitiva, se elige al candidato que menos moleste a todos, del color político del gobierno de turno, y no al Fiscal Nacional que Chile necesita. Los discursos sin mucho contenido sustancial, de apenas 15 minutos, se repiten uno tras otro ante los Ministros de la Corte Suprema, quienes tienen que votar sin conocer mucho el trabajo y a los postulantes que aspiran a dirigir la Fiscalía. Por su parte, la Presidenta propondrá, evidentemente, a aquel candidato alineado políticamente con el gobierno y, luego, entre la Nueva Mayoría y los independientes del Senado tienen los votos para ratificarlo (2/3 Senadores en ejercicio). La centro derecha acá no tiene mucho que decir, ya que no tiene control ni peso sobre ninguna de las fases de decisión (Ministros Corte Suprema, Presidencia y Senado), por eso no esperen un Fiscal Nacional que sea de dicho sector político, sino un tercer período de ocho años de la centro izquierda.
Hecha esa aclaración previa, ¿qué esperar del próximo Fiscal Nacional?, o mejor dicho, ¿cuáles son los cambios que debería impulsar? A mi parecer, son al menos los siguientes:
1.- Reducir el período del Fiscal Nacional y Fiscales Regionales a cuatro años (hoy son ocho interminables años que terminan con una gestión muy desgastada). Los Fiscales Regionales que terminen su período podrían reintegrarse a la institución conservando su grado (siempre se necesitan más fiscales). Con eso también evitamos las impresentables “reelecciones perpetuas” en distintas regiones de los Fiscales Regionales cercanos al Fiscal Nacional, como ocurre actualmente en Antofagasta y Los Ríos en manos de la Contraloría después de un valiente y necesario reclamo de la Asociación Nacional de Fiscales.
2.- Transparentar la necesidad de que el Fiscal Nacional esté alineado con las políticas públicas del gobierno de turno en materia de seguridad ciudadana, por tanto eliminar estos concursos públicos cosméticos para elegir al Fiscal Nacional y Regionales, y que simplemente sea elegido por el Presidente de la República entre los interesados en postular al cargo, y que éste elija libremente a sus colaboradores regionales con la única exigencia que todos los postulantes sean previamente Fiscales con al menos ocho años de ejercicio. Eso nos asegura que el candidato al menos sea un fiscal profesional y con experiencia en el cargo, cuestión que hoy NO exige la ley para el cargo de Fiscal Nacional y Fiscal Regional.
3.- Mecanismos de remoción reales del Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, con exigencia de mayorías simples en el Senado y Cámara de Diputados respectivamente (control externo real). Habrá que definir bien las causales y quiénes pueden pedirlo, pero el mecanismo actual de la Corte Suprema no sirve.
4.- Fiscales Jefes inamovibles por el período del Fiscal Regional respectivo (así era al principio de la reforma). Eso permite controlar eficazmente los abusos e irregularidades desde el nivel central, como ya ha ocurrido.
5.- Control externo de la Contraloría al uso del presupuesto del Ministerio Público; son miles de millones de pesos que nadie fiscaliza. Todo el mundo piensa en los fiscales, pero se les olvida que la otra mitad de la institución maneja el dinero del presupuesto institucional desde la Dirección Ejecutiva Nacional.
6.- Control externo de los tribunales laborales, los fiscales y funcionarios deben poder recurrir a la justicia ordinaria como cualquier trabajador. El estatuto especial diseñado según la comodidad del Fiscal Nacional que debe aplicarlo se ha prestado para muchísimos abusos.
7.- Definir una instancia de apelación externa e independiente para los sumarios administrativos (hay directrices de la ONU en ese sentido).
8.- Uniformar los procesos de las Fiscalías Locales. Pese a todas las promesas del actual Fiscal Nacional, hoy cada Fiscalía trabaja con procesos propios y sin criterios comunes para casos similares.
9.- Metas de gestión impuestas externamente, por el Poder Ejecutivo, y que sean auditables de la misma forma (hoy ya existen los CGI que fija Hacienda, pero requieren ACUERDO del Fiscal Nacional).
Me imagino que lo más resistido pudiera ser la forma de nombramiento propuesta para el Fiscal Nacional. El discurso de la “autonomía intransable” suena bien, pero la autonomía debe entenderse como la independencia del fiscal para tramitar los casos libre de presiones externas (e internas), no para coordinar metas de políticas públicas de persecución criminal vía instrucciones generales del Fiscal Nacional a todos los Fiscales, que efectivamente hoy brillan por su ausencia. Me refiero sólo a la intervención de la Presidencia en el nombramiento del Fiscal Nacional, ya que basta abrir un poco los ojos para darnos cuenta de que somos un país que ocultamos la verdad en rituales que aparentan ser lo que no son, en este caso que la elección del Fiscal Nacional es técnica y no tiene nada de político cuando lo es en un 100%. Para mayor claridad de lo que pasa con el sistema actual, ¿a quién responsabilizamos hoy si se designó un Fiscal Nacional mediocre?: ¿a la Corte Suprema?, ¿a la Presidenta?, ¿al Senado?, ¿a todos?, ¿a nadie? Elija su respuesta.
Pedro Orthusteguy, ex Presidente Asociación Nacional de Fiscales y abogado y socio del Estudio Soto, Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy.
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