La Ministra del Trabajo, probablemente motivada por sus aspiraciones políticas, plantea cada vez que puede la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones, pero establece también cuáles serían las “líneas rojas” para el Gobierno en este eventual pacto.
Lo primero, que un porcentaje de la cotización vaya a mejorar las pensiones actuales, es decir, establecer un reparto intergeneracional, y lo segundo que desaparezcan las AFP. La oposición, por su parte, también ha planteado sus propias líneas rojas, que apuntan a que todo el aumento de cotización vaya a capitalización individual, junto con la inexpropiabilidad y heredabilidad de los ahorros. Parece difícil el acuerdo entonces, a pesar de que la ministra estaría en lo correcto en su intento de avanzar en materia de pensiones.
¿Y si en vez de mirar las líneas rojas de cada bando pensamos en esas líneas rojas para Chile? ¿Qué sería lo mejor para el país en esta materia? Debemos partir entonces por un diagnóstico correcto de la situación actual, porque el Gobierno no lo tiene cuando dice que los actuales jubilados llevan demasiado tiempo esperando que se mejore su situación. Ya no están esperando, su situación ha mejorado en forma significativa gracias a la PGU. Las pensiones eran hace cuatro años el principal motivo de descontento de la población, ya no, ocupan el noveno lugar de acuerdo con la encuesta Pulso Ciudadano. Era que no, en ese período el gasto fiscal en pensiones se multiplicó por 2,5 veces en términos reales, con un aumento que equivale a que estemos destinando cerca de 3,5 puntos de cotización a reparto.
Es suficiente, por dos razones; el costo fiscal de esta política es fuertemente creciente producto del envejecimiento, no parece justo seguir gravando a las generaciones jóvenes para mejorar la situación de los adultos mayores. La segunda razón es que seguir subiendo el monto y la cobertura de la PGU podría dañar los incentivos a cotizar, siendo ese el principal problema que tenemos en materia de pensiones; la creciente informalidad. Entonces, pensando en el bien común, la primera línea roja debería ser no destinar más recursos a aumentar el pilar no contributivo. Las mejorías adicionales del pilar solidario deben estar vinculadas a la obligación de cotizar.
Una segunda línea roja, relacionada con la anterior, se refiere a la necesidad urgente de aumentar la tasa de ahorro nacional. El Banco Central nos acaba de informar que en 2022 el ahorro de las familias fue negativo por primera vez desde que existen registros, equivalente a -0,7% del PIB (el promedio del período 2004-2019 fue de 7,2% del PIB). Entonces resulta evidente que todo el aumento de la tasa de cotización debe ir a ahorro. Es un grave error que el Gobierno pretenda entregar beneficios a costa de cotizaciones futuras porque atenta en contra de los equilibrios macroeconómicos. No existe espacio para transferencias intergeneracionales con cotizaciones. Esto no impide que se establezca solidaridad intrageneracional que se destine a cuentas individuales (inexpropiables y heredables) para favorecer a grupos de bajos ingresos o a mujeres, por ejemplo, dada su mayor expectativa de vida.
Surge entonces una tercera línea roja, del más evidente sentido de justicia. Si se establecen transferencias intrageneracionales de hombres a mujeres, entonces eso debe tener como condición que jubilen a la misma edad. De no ser así, no hay transferencia.
¿Y qué pasa con el fin de las AFP? Aquí entramos a una cuarta línea roja; no a los cambios refundacionales, ya conocemos los resultados de políticas que pretenden cambiar la organización de una industria desde cero; el costo es demasiado alto. Se pueden estudiar y diseñar mecanismos que mejoren la competencia, y que además deben tener como objetivo buscar mejorías en la rentabilidad de los fondos, mucho más importante en el monto de las pensiones que las comisiones de las administradoras.
En todo caso, quinta línea roja, en cualquier diseño posible, deben seguir existiendo administradoras privadas de fondos de pensiones, un gestor estatal dominante es la receta para el desastre. ¿Es factible entonces la línea roja del Gobierno en esta materia? Sí lo es, el nombre IPP (Inversores de Pensiones Privados) no es muy imaginativo, pero importa poco en los objetivos centrales de un sistema de seguridad social, y probablemente mucho para un Gobierno que da más valor a los símbolos que a las acciones.
Por último, la sexta línea roja, de gran importancia, debería ser un claro compromiso político de todos los sectores para poner en el centro de las políticas públicas el desafío de la formalidad laboral.