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Publicado el 18 de febrero, 2017

Libertad de prensa: garantía ciudadana

¿Se justifica hoy que los Estados sean propietarios de medios de comunicación, como prefiere el diputado Teillier? A todas luces, la respuesta es no.
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Durante un viaje a Suecia para reunirse con militantes de ese país, el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Tellier, se refirió a la falta de herramientas del Gobierno chileno para la difusión de su obra y las muchas cosas que se han hecho. Concretamente, afirmó que: “No hay control del gobierno sobre TVN y eso no se ha podido solucionar”.

Los dichos del diputado no hacen otra cosa que plantear la vieja idea de que deben existir medios de comunicación masivos controlados por los gobiernos de turno, a fin de difundir su verdad. En un Chile democrático con múltiples vías de información –redes sociales, periódicos virtuales, canales de televisión abierta y privada– no existe justificación alguna, moral o política, para la existencia de un canal gubernamental que sea voz de la información oficial. Eso anula la libertad de prensa y opinión, cayendo en la difusión panfletaria.

En un mundo como el de hoy, donde la tecnología se desarrolla de forma vertiginosa, donde se masifican el acceso a internet y la televisión por cable, los ciudadanos tenemos la posibilidad formarnos una opinión acudiendo a una amplia gama de medios, por lo que no existen razones para gastar dinero público en algo que el mercado ya hace: proveer distintos medios de información.

Así las cosas, ¿se justifica hoy que los Estados sean propietarios de medios de comunicación? A todas luces, la respuesta es no. Pero de aceptar lo contrario –como prefiere Teillier-, ¿es razonable que además de la propiedad, el Estado tenga el absoluto control de su contenido? Desde una perspectiva democrática, claramente no. Y así se ve en el occidente desarrollado, como el caso del Reino Unido, donde la BBC –quizás el canal de televisión más importante del mundo–, si bien es considerado un servicio público, por mandato real, no veta cualquier control político o comercial, permitiéndole criticar a diestra y siniestra, haciendo verdadero periodismo.

Para que exista verdadera libertad de prensa –y buen periodismo–, los gobiernos deben garantizar la independencia de los distintos medios de comunicación, sean públicos o privados, aunque les peguen a ellos o los feliciten de vez en cuando, pues como hace unos años dijo Nibaldo Mosciatti: “El periodismo sólo se sostiene en su falta de certidumbres, en la duda permanente, en el escepticismo, en la incredulidad”. Por lo tanto, pensar en canales de televisión que solo buscan transmitir la “verdad” del gobierno de turno no es periodismo, no es prensa, es simple proselitismo, carente de todo contenido real. En consecuencia, el control televisivo solo buscaría hacerle loas al poder para que quienes pertenecen a su estructura permanezcan en ella. Y aquello es propio de dictaduras, tales como Cuba o Venezuela (no es casual que esta última haya cerrado RCTV y, ahora, CNN en Español).

En la construcción de una democracia robusta, propia de un país desarrollado, resulta imprescindible garantizar la posibilidad de opinar, disentir y criticar de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos, los políticos y empresarios en un contexto determinado. Y eso es la libertad de prensa: la manifestación misma del escepticismo ante el poder, y por lo tanto garante supremo de todas nuestras libertades. Sin esta, sin nadie que diga lo políticamente incorrecto o difunda verdades incómodas, es dar un cheque en blanco para el atropello de nuestra dignidad.

Lo de Teillier es la típica estrategia comunista para lograr hacerse con el control total de lo que se informa –y desinforma– en un determinado Estado, como lo hace Venezuela con TeleSUR, la cual espero no prospere. La defensa de la libertad de prensa, y su protección de las garras de los políticos, implica pregonar que los medios de comunicación masiva realicen su labor con la más absoluta independencia de quien detente el poder en un momento determinado, e impedir su captura por quienes desean ser garantes de lo que se puede y no se puede decir en Chile.

 

Esteban Montaner Rodríguez, investigador Fundación para el Progreso

 

 

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO

 

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