Si no le exige la inmediata renuncia al embajador en Uruguay, Eduardo Contreras, por haber acusado a la derecha empresarial de estar detrás de los recientes atentados terroristas en Santiago, el gobierno de Michelle Bachelet dará carta blanca para que cualquier funcionario de gobierno diga cualquier sandez amparado en la libertad de expresión. Independientemente de las disculpas ofrecidas por el embajador Contreras, la grave falta de criterio del jefe de la delegación diplomática chilena en Uruguay obliga a su alejamiento del cargo.
La libertad de expresión es un bien esencial en cualquier democracia. Pero hay funcionarios públicos que, dados los sensibles cargos que ocupan, no pueden hacer uso de esa libertad por el tiempo en que ejercen sus posiciones. Los embajadores renuncian a su libertad de opinar sobre temas de contingencia nacional cuando asumen la voz del gobierno que representan. Los ministros y funcionarios de confianza no pueden discrepar públicamente de las decisiones del Presidente. Si sienten que el Gobierno ha cometido un error, lo pueden decir por vías internas, pero no en entrevistas de prensa.
Al no disciplinar a Contreras por sus dichos, el Gobierno sienta un pésimo precedente. Como ahora saben que las declaraciones inoportunas y los comentarios desubicados no reciben sanción, otros funcionarios de confianza serán menos cuidadosos cuando emitan declaraciones. Peor aún, cuando suceda un nuevo incidente en el que un alto funcionario de gobierno opina sobre temas que no competen a su gestión, cualquier posibilidad de sanción estará condicionada a que la falta sea peor que la cometida por el embajador Contreras. Si la metida de pata es menos reprochable que la de Contreras, el funcionario sabrá que no habrá sanción. Si la hay, el funcionario correctamente alegará discriminación al recibir sanción por algo menos reprochable que lo que hizo Contreras. A partir de ahora, cualquier funcionario del gobierno de Bachelet sabe que en tanto sea menos irresponsable en sus declaraciones que el embajador Contreras, no habrá represalias por su indisciplina y falta de profesionalismo.
Al optar por no pedirle la renuncia a Contreras, el gobierno de Bachelet también se expone a que se le compare con la forma en la que el gobierno anterior lidió con similares exabruptos de sus embajadores. En 2010, cuando el embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, dio una entrevista declarando que la mayoría de los chilenos estuvo de acuerdo con el golpe militar, el gobierno de Sebastián Piñera le pidió la renuncia. Aunque también hubo algunos simpatizantes del gobierno —y de RN, el partido político de Otero— que buscaron justificar y relativizar la falta de criterio del embajador al opinar sobre un tema que no le correspondía —y que además era evidente que generaría una reacción negativa—, el gobierno de Piñera supo tomar la decisión correcta y obligó a Otero a renunciar. Si opta por mantener a Contreras, la Presidenta Bachelet le entregará la superioridad moral a su antecesor respecto a la disciplina que deben ejercer los embajadores cuando son invitados a expresar sus opiniones personales sobre cuestiones políticas coyunturales.
Hace sólo unas semanas, el gobierno de Bachelet ya se vio enfrentado a una situación igualmente incómoda como resultado de las destempladas declaraciones hechas por el Contralor de la República Ramiro Mendoza. Al opinar sobre las políticas del gobierno, e incluso sobre la política interna de Argentina, Mendoza claramente deshonró el alto cargo que ocupa. Comprensiblemente, el Gobierno reaccionó con molestia. Pero aunque algunos diputados sugirieron presentar una acusación constitucional contra Mendoza, el Gobierno intercedió para bajar la presión y echarle tierra a la polémica. Después de todo, señalaron algunos legisladores oficialistas, a Mendoza sólo le restan seis meses en su cargo. Sin entender que esa actitud sienta el pésimo precedente de que hay impunidad para decir barbaridades en tanto a la persona le queden pocos meses en el cargo. El Gobierno envió una pésima señal a todos los funcionarios públicos que a veces se sienten tentados a participar de debates de los que, por la posición que ocupan, no les corresponde participar.
Las primeras señales del Gobierno parecen indicar que los dichos de Contreras quedarán sin sanción. Porque el Gobierno no quiere comprarse un conflicto con el Partido Comunista, que ha salido en defensa corporativa de su militante Contreras, la petición de un informe que realizará Bachelet es una forma de ganar tiempo hasta que baje la presión de los que demandan la renuncia. Aunque el tenor de las declaraciones hace innecesario que se emita un informe, Bachelet ha preferido pagar el costo de sentar un pésimo precedente para todos los funcionarios públicos que tomar la difícil —pero justa y necesaria— decisión de exigirle la renuncia a Contreras por su grave error y falta de criterio.
Patricio Navia, Foro Líbero.
FOTO:EDUARDO BEYER/AGENCIAUNO