Luego de cinco años de promulgada la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) en tres causales, vale la pena examinar la información que entrega el Minsal, a través de su Departamento de Estadística e Información de Salud, sobre el número de casos constituidos para cada causal y la decisión de la mujer de continuar o no con la gestación. De los 3.556 casos registrados, el riesgo vital de la mujer estuvo presente en el 30,7%, la alteración fetal incompatible con la vida extrauterina en un 49,2% y el embarazo producto de una violación en un 18,1% de los casos.

A su vez, 3.001 gestaciones terminaron en un aborto legal y 555 mujeres (15,6%) decidieron continuar con la gestación. Estas cifras globales son notoriamente más bajas que las presupuestadas inicialmente, lo que motivó a que la ministra Antonia Orellana, señalara que “no podemos hacer una evaluación positiva de los primeros años de implementación, ya que sus resultados están muy por debajo de las cifras proyectadas”, atribuyendo esta diferencia a la objeción de conciencia.

Si bien no es posible descartar que existan barreras de acceso, porque no en todos los hospitales se cuentan con equipos no objetores, tampoco es posible afirmar que existen gestantes que, cumpliendo con los requisitos clínicos, hayan visto su solicitud denegada por no contar con los especialistas requeridos.

Adicionalmente, se ha mencionado que no se cumple siempre con el deber de informar a las mujeres sobre la posibilidad de estar en alguna de las causales legales de interrupción del embarazo (Lampert-Grassi, 2019), lo que podría contribuir a este número relativamente bajo de interrupciones.

Las cifras disponibles muestran otros datos que no han sido analizados en profundidad, como aquellos referidos a la causal de violación. En primer lugar, en el sistema público hubo 643 casos (20% del total) asociados a la causal de violación mientras que en el privado hubo 13 por esta causal (2,9%); esta diferencia es aún mayor cuando se trata de niñas menores de 14 años (100 casos en el sistema público y sólo dos en el privado). Estas diferencias requieren de un estudio en profundidad para poder entenderlas. 

Tal como lo establece la ley, la interrupción del embarazo siempre debe ser voluntaria, por lo que la información del Minsal da cuenta del número de mujeres que, cumpliendo con la causal, decidieron continuar con la gestación. En el caso del embarazo por violación, en 49 de los 656 casos, las mujeres optaron por seguir con la gestación (7,5%).

Sin embargo, si es una niña menor de 14 años, una de cada tres gestantes decidieron no abortar (30%). Cabe señalar que la ley 21.030 precisa que “Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal, o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, o si éste no es habido, la niña, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez para que constate la ocurrencia de la causal”.

Estas cifras desconciertan y debieran ser analizadas en profundidad, aunque es posible pensar en algunas explicaciones: ¿Es la niña la que se opone al aborto, porque en su inocencia cree estar en una relación consentida? ¿Son los padres quienes la convencen para que no aborte? ¿Hubo presiones del equipo de salud? 

Sin duda que en la causal de violación es donde es más evidente el dilema moral asociado al aborto. Por una parte es una vida que puede tener un futuro valioso la que se pierde si la niña o mujer decide abortar y, por otra, imponer la carga de seguir adelante con un embarazo que ha ocurrido por un acto de violencia, aparece como supererogatorio. 

Estas frías cifras son insuficientes para dar cuenta del drama que hay detrás de cada una de estas decisiones, especialmente cuando involucran a niñas vulneradas en sus derechos.

*Sofía Salas, Centro de Bioética, Facultad de Medicina, Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo

 

Sofía Salas

Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo

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