Durante el año pasado y los pocos días que llevamos de éste, el sistema educacional chileno ha sido un tema recurrente en la discusión pública. La evidente crisis de la educación ha llevado una y otra vez a la discusión nacional a hablar de las reformas dispuestas por la Ley de Inclusión Escolar (LIE), promulgada en 2015 por la administración de la Presidenta Bachelet. Específicamente, las críticas se han dirigido a la porción de la normativa que regula el proceso de admisión a las escuelas que reciben fondos del Estado.

La Ley de Inclusión dispuso la prohibición de tres decisiones de los establecimientos educativos: el lucro, la selección y el copago. La frecuencia de estas decisiones en el sistema y sus consecuencias sobre la calidad de la educación nunca fueron conocidas a cabalidad. En otras palabras, nunca supimos cuántos colegios lucraban o seleccionaban, ni qué consecuencias tiene esto sobre los aprendizajes. Así, la Presidenta Bachelet tradujo en legislación los deseos del movimiento estudiantil -cuyos líderes hoy son Gobierno-, a partir de una visión política que ponía al sostenedor privado en un sitio de sospecha.

La reforma contribuyó significativamente a la sobrecarga administrativa que actualmente sufren los establecimientos educativos. La extensión de los mecanismos de rendición de cuentas que dispuso la ley significó, en la práctica, una carga de gestión enorme para los establecimientos educativos, especialmente para aquellos que cuentan con menos recursos.

A la sobrecarga administrativa se sumó un conjunto de dudas normativas que, en conjunto con un sistema de consulta y resolución mal diseñado, exacerbaron los problemas de gestión (Informe Todos al Aula, 2018).

Pese al exceso de fiscalización y a la superposición de funciones, las medidas derivadas de la promulgación de la ley no fueron realmente eficaces ni contribuyeron a una mejor calidad de la educación.

Tómese el caso del fin al régimen de financiamiento compartido o copago. En el proceso de admisión escolar del año 2021 participaron 730 colegios con copago, un 9% del total (Acción Educar, 2022). Se trata de las escuelas que más cobraban al inicio del sistema y que, se suponía, no iban a cobrar más. En otras palabras, el “privilegio” de poder aportar financiamiento a la educación de sus hijos se acabó solo para los padres de menores ingresos. Irónicamente, se trata de los colegios más demandados en la admisión SAE: por cada 100 vacantes, reciben un promedio de 430 postulaciones.

Adicionalmente, la LIE terminó con la selección por méritos académicos, que antes sólo estaba permitida después de sexto básico. Al eliminarla suprimió, en la práctica, los proyectos orientados a la excelencia académica de un grupo de escuelas públicas y particulares subvencionadas, que habían logrado superar las dificultades que acarrea la carencia de recursos.

Los resultados, algunos años después, son visibles: la educación pública presenta un estado de deterioro que ya ha superado lo preocupante. No se trata del único factor que contribuyó a esta situación, pero su participación en el desarme de los proyectos educativos públicos de excelencia e infundir desconfianza en el sistema en los padres y apoderados es innegable.

¿Qué hacer? Urge mejorar el trato que se le da a los establecimientos educativos, especialmente a los particulares subvencionados. La fiscalización y la rendición de cuentas son medidas necesarias para un sistema eficiente y confiable, pero cuando son llevadas a un extremo, desvían excesivos recursos y energía a tareas que no son propiamente educativas.

La consecuencia es un panorama opaco, que no infunde confianza a los actores clave del sistema. Los estudiantes, padres y establecimientos deben ser escuchados en un proceso de mejoramiento de la educación, que, a todas luces, es urgente.

Manuel Villaseca – investigador Acción Educar

Manuel Villaseca

investigador de Acción Educar

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