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Publicado el 25 de diciembre, 2015

Ley corta: el fruto de la improvisación y el voluntarismo

El modelo de gratuidad propuesto para el próximo año genera déficits financieros que atentan contra la calidad del sistema y vulnera la autonomía universitaria necesaria para asegurar la existencia de proyectos diversos.
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La desprolijidad y la improvisación marcaron este año en materia de educación superior. Su punto culmine fue la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria sobre gratuidad y la posterior discusión y aprobación, en solo tres días, de una ley para adecuarla a la Constitución. Sin embargo, se mantuvieron los defectos de su diseño.

Desde el 21 de mayo pasado hasta la fecha hemos sido testigos del peor modo de hacer política pública: entre glosas y “leyes express” se están sentando las bases de una reforma estructural al sistema de educación superior chileno, saltándose el debate profundo que un cambio de esta naturaleza exige.

Al respecto es posible plantear, entre otras, las siguientes preguntas que quedaron sin respuesta: ¿Es la fórmula que plantea el gobierno el mejor modo de abordar el desafío del acceso y de entregar una gratuidad por ahora focalizada? ¿Por qué se descartaron las becas como el instrumento para alcanzar dicha meta? ¿Tiene algún sustento la fórmula del gobierno para regular los aranceles? ¿Son los requisitos planteados los más adecuados para definir si una institución puede o no suscribirse a esta política? ¿Este modelo de gratuidad promueve una mayor calidad? ¿Es sustentable la gratuidad universal?

Llama la atención que el gobierno iniciara esta reforma descartando a priori algunas alternativas. Se desechó la posibilidad de partir a través de una ley específica que se discutiera con el tiempo necesario. Jugó en contra de la sensatez la voluntad de la Presidenta que quería adelantar su promesa, aunque tuviera que privar a la sociedad de esa oportunidad democrática. Así, hubo que conformarse con glosas presupuestarias. También se restringieron, desde el principio, las opciones que se iban a analizar: “gratuidad sin becas ni créditos” dijo la Mandataria, eliminando una alternativa sin mediar un análisis o al menos una explicación de por qué este instrumento no puede perfeccionarse para cumplir con los objetivos anhelados, teniendo además en cuenta que con estas ayudas Chile tiene la mejor cobertura de Latinoamérica en el quintil de menores ingresos.

Bajo este esquema se está impulsando y diseñando para Chile un sistema de financiamiento cuyos efectos negativos son fáciles de prever.

El modelo de gratuidad propuesto para el próximo año se basa en la fijación por parte del Estado de los aranceles para las instituciones de educación superior que adhieran a esa política y en el reemplazo de las becas para un grupo de estudiantes por aportes directos a esas instituciones, lo que genera déficits financieros que atentan contra la calidad del sistema y vulnera la autonomía universitaria necesaria para asegurar la existencia de proyectos diversos. Aunque no para el 2016, el nuevo modelo implica hacer de la gratuidad el único método de ayuda estatal para financiar las carreras de los jóvenes y, por lo tanto, quienes se matriculen en planteles que no sean parte del grupo de las instituciones gratuitas, no tendrán posibilidad de acceder a ninguna ayuda del Estado. Lo anterior implica un sistema con segregaciones profundas entre instituciones gratuitas y las no gratuitas, donde los estudiantes de menos recursos sólo podrán optar por las primeras restringiendo sus opciones de escoger. Además, en la medida que se extienda la gratuidad, el presupuesto de las universidades pasará a depender en un 100% de lo que le entregue el Estado, quedando el desarrollo de la educación superior chilena en una situación muy vulnerable a los ciclos económicos o a las políticas financieras de los gobiernos de turno.

El fallo del Tribunal Constitucional fue una voz de alerta sobre una parte del contenido de la reforma, en particular sobre la discriminación arbitraria que implicaba su diseño respecto a instituciones y entre estudiantes vulnerables. Lo anterior abrió la oportunidad de corregir no sólo este aspecto, sino que el diseño general de una glosa que estuvo mal planteada desde el inicio. Esta oportunidad se dejó pasar, manteniéndose un diseño inapropiado y extendiendo la incertidumbre a otras instituciones.

Si el objetivo es facilitar el acceso a la educación superior de los jóvenes más vulnerables, sin discriminar arbitrariamente y mediante un mecanismo que asegure una adecuada implementación, las becas constituyen una mejor alternativa. Se trata de un instrumento que reconoce la libertad de los individuos, no hace diferencias entre estudiantes para su asignación, permite incorporar exigencias de calidad a las instituciones, se focaliza en quienes más lo necesitan, se asocia al mérito de quienes acceden a ella y, con el adecuado financiamiento, permite romper las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación superior.

Es fundamental que el modo de enfrentar y discutir el proyecto de ley de reforma a la educación superior que se anunció para estos días, sea distinto. Es necesario plantear un debate serio y basado en la evidencia, dejando atrás el voluntarismo y las improvisaciones constantes, ya que lo que está en juego es el sistema de educación superior que definirá a Chile en las próximas décadas.

 

Raúl Figueroa Salas, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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