Ha tenido lugar un acontecimiento lamentable para la salud de la sociedad libre y abierta en América Latina y el mundo. Es verdad que hasta cierto punto lo esperábamos. También que no es el único caso que nos toca por cercanía y por el común imperativo de preservar la democracia liberal en nuestros países, pero sí es emblemático y muy propio de nuestros días. Nos referimos a la condena que el revolucionario Poder Judicial venezolano ha impuesto sobre el disidente Leopoldo López. Su castigo corresponde al habitual para quienes se rebelan ante establishment de un régimen como el chavista, algo muy lejos de constituir un problema en una democracia decente. Su actitud, molesta para el orwelliano partido bolivariano, le costará a López más de 13 años tras los barrotes militares venezolanos.
Parece necesario recordar a los defensores del heredado gobierno de Maduro que no hay estándar democrático, al menos en el mundo libre, que considere delito el llamado a movilizarse en contra de las medidas tomadas por un gobierno. Dicho sea que en las democracias estables y saludables se valora el disenso, se estimula la crítica, se estructura la oposición y se moviliza a la ciudadanía en función de la defensa de sus espacios de libertad. Se contiene cualquier crecimiento metastásico del poder sobre las vidas de las personas y, en general, de la sociedad civil.
El caso de López es apenas un símbolo de las consecuencias, más que de disentir de un proyecto, de vivir en un entorno institucionalmente privado de libertad. Y es además una muestra de la conversión del adversario en enemigo, al que se le debe neutralizar o liquidar, y en instrumento para la intimidación, para ejemplificar del escarmiento y lograr el mayor éxito de un régimen populista autoritario: la autocensura y la resignación.
Los ciudadanos de América Latina debemos observar el proceso de destrucción del ambiente democrático de Venezuela –ya largo, de más de tres lustros– como la ilustración de cómo los gobiernos, en su constante y pernicioso afán de hacer crecer sus atribuciones, pueden socavar los principios de una sociedad libre y dañar gravemente las vidas de los ciudadanos.
Poco a poco, varios países de la región han demostrado seguir esta senda de autocracias electorales (Argentina, Ecuador, Bolivia es el tándem por excelencia). Es nuestro deber denunciar sus atentados a la libertad y darles relato político, como una cuestión de solidaridad y de autoprotección contra experiencias similares.
Rafael Rincón y Jean Masoliver, Fundación para el Progreso.
FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO