Si algo ha quedado claro esta semana es nuestra vulnerabilidad cibernética. Fuimos testigos del hackeo del Estado Mayor Conjunto, el del Poder Judicial, de los problemas para acceder a las páginas de diversas reparticiones públicas y de la filtración de datos de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Quién responde? ¿Qué hay detrás de la web? ¿Cómo enfrenta el Estado estos desafíos?

Colaboración, coordinación y compromiso. Tres conceptos que escuché esta semana en la sesión de ciberseguridad del Senado y que, dado nuestro escenario de seguridad, no pueden faltar. 

En el espacio cibernético todos estamos expuestos. Una vez conectados, nuestra información puede llegar a cualquier lugar. Las fronteras se borran y los datos corren por la red, un lugar que, al igual que el entorno físico, se presta para cometer distintos delitos. Nuestra vida cotidiana es en línea. Instagram, Facebook y Tiktok son parte del día a día. Nuestro trabajo es online y el Estado no está fuera de esa esfera. La diferencia es que, al mismo tiempo que es vulnerable, es el encargado de construir el sistema de seguridad necesario para que los riesgos puedan disminuirse al máximo. 

En algunos casos la información filtrada es pública y no reviste ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando afecta a la seguridad nacional? Ese es el momento en que se empiezan a buscar responsables y todos se preguntan sobre qué se está haciendo. En materias de seguridad no puede haber improvisación, la planificación es fundamental para el desarrollo de procesos que permitan asegurar un entorno de paz para los ciudadanos y, debe, necesariamente considerar la dimensión cibernética. Sobre todo en un momento donde delitos como el tráfico y trata de personas se han instalado fuertemente en el país. Los grupos del crimen organizado que están detrás de ellos utilizan la red para captar personas, transar bienes y servicios ilegales, blanquear dinero, etc. La clave para perseguirlos es la información y, la gran mayoría de las veces, está en la red. Entonces, hoy más que nunca necesitamos de un trabajo transversal que fortalezca nuestra dimensión de ciberseguridad, que entregue herramientas para perseguir los delitos del siglo XXI y que le permita al Estado entregar plenamente lo que tanto demandan los ciudadanos: seguridad. 

Este año se promulgó la ley sobre delitos informáticos, se trabaja en el proyecto de una agencia nacional de ciberseguridad y existe la propuesta de un centro de ciberseguridad en Valparaíso. Todos grandes avances. Sin embargo, cabe destacar un aspecto de este trabajo: se apunta a un sistema de ciberseguridad basado en esos conceptos de colaboración, coordinación y compromiso. 

El poder legislativo ha jugado un rol fundamental en la promoción de estos asuntos, el Ejecutivo debe hacer lo suyo y nosotros debemos transitar hacia mejores prácticas donde el manejo de la información sea consciente, evitemos los riesgos y contribuyamos a consolidar la seguridad cibernética. 

Siempre estaremos expuestos, tal vez no podremos reducir el riesgo a cero, pero será más fácil enfrentarlo con un sistema de seguridad cibernética robusto. 

*Pilar Lizana, Athena Lab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa.

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