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Publicado el 05 de diciembre, 2016

Lecciones del presupuesto en educación

La necesidad de un cambio estructural se pone en duda y se vuelve a posicionar la conveniencia de perfeccionar el modelo de financiamiento estudiantil vigente.
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La ley de presupuestos para el próximo año finalmente fue despachada, luego de intensas negociaciones que tuvieron como eje central el financiamiento de la educación superior. Por un lado, el Gobierno insistió en un diseño de política (la gratuidad) cuyos efectos negativos para el sistema han ido quedando en evidencia y que, además, se basa en discriminaciones arbitrarias que el Tribunal Constitucional ya había condenado el año pasado; por otra parte y ante la contumacia del Ejecutivo, la oposición se aferró a su derecho de recurrir al mismo tribunal y exigió corregir la política apuntando a la eliminación de las distinciones injustificadas entre jóvenes de igual condición socioeconómica.

Aunque el diseño de la gratuidad no tuvo variaciones, y con ello se mantuvieron también sus vicios de inconstitucionalidad, lo positivo de este presupuesto es que inicia el camino hacia la eliminación definitiva de las diferencias que el Estado hacía entre alumnos que prefieren una universidad perteneciente al Consejo de Rectores (CRUCH) y otros, de igual condición, que optan por otra que no pertenece a dicho Consejo. Lo anterior se logra al equiparar el monto de las becas que se otorgan para el pago de los aranceles universitarios, que hasta este año eran sustancialmente menores en el caso de las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH.

Es evidente que el debate educacional que el país debe tener no puede circunscribirse al objeto acotado ni a los breves plazos en los que se enmarca la ley de presupuestos. Con todo, se pueden sacar conclusiones útiles de lo sucedido en los últimos días.

Primero, que la falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de la gratuidad implementada en este presupuesto no exime a esa política de los vicios de constitucionalidad de los que adolece. La distinción que se hace entre instituciones de educación superior técnicas con y sin fines de lucro, al margen de la calidad de la educación que impartan, carece de justificación y perjudica a los alumnos que optan por las primeras. Conviene recordar que la ley permite expresamente que centros de formación técnica e institutos profesionales se organicen como sociedades comerciales y que cualquier cambio en ese aspecto obliga a un debate legislativo profundo que aún no se da. Asimismo, se insiste en equiparar la acreditación por tres años de algunas universidades del Estado a los cuatro años que se exige a las instituciones privadas, desconociendo por completo las razones que la Comisión Nacional de Acreditación tuvo para hacer esa diferencia y dando señales equívocas en cuanto a la calidad como un requisito mínimo para el diseño de políticas.

Segundo, que las universidades que han visto seriamente afectadas sus finanzas como consecuencia de haber adherido a la gratuidad el año pasado y con ello ven amenazados sus proyectos educativos, no verán grandes cambios el año que viene. La pompa con que se anunció la incorporación de esas universidades a la gratuidad se ha ido reemplazando por el silencio ante las críticas y el abandono consiguiente, lo que permite percibir una cierta primacía de objetivos electorales por sobre una mirada de futuro para el sistema educacional. Como todo en educación, los efectos negativos de las políticas se aprecian con claridad en el mediano y largo plazo, pero pueden anticiparse y evitarse. Negarse a corregir conlleva afectar paulatinamente la diversidad y la calidad de nuestro sistema de educación superior.

Tercero, que no es la gratuidad, sino las becas, el mecanismo que permite combinar adecuadamente el deber del Estado de no discriminar arbitrariamente, con el fomento al acceso a la educación superior de jóvenes de escasos recursos y el desarrollo permanente de las instituciones. Lo anterior queda en evidencia con la imposibilidad del Gobierno de adecuar la política de gratuidad a esos ideales y el hecho cierto de que el perfeccionamiento del mecanismo ya existente de becas haya sido su opción para evitar discriminaciones y reconocer las preferencias de los jóvenes.

Las 3.500 nuevas becas representan sólo un 2,2% del total de alumnos que ingresan a primer año a la universidad, pero el Gobierno se comprometió a ampliar su cobertura para el presupuesto siguiente. Con todo, más que el número, lo más valioso es el hecho de que con su apoyo la Nueva Mayoría esté señalando el rumbo que debiesen tomar las reformas. La necesidad de un cambio estructural se pone en duda y se vuelve a posicionar la conveniencia de perfeccionar el modelo de financiamiento estudiantil vigente que los propios gobiernos de la Concertación ayudaron a construir.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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