No es casualidad lo que ha ocurrido con la convocatoria a elecciones en Venezuela, previstas para abril próximo. Lo que en cualquier país de América Latina sería el preludio de la fiesta de la democracia, en la patria del socialismo del siglo XXI se ha transformado en una manifestación más de la crisis larga y múltiple que azota a ese país en las últimas dos décadas, pero que se ha agravado durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Algunos antecedentes políticos permiten observar que no se trata de un proceso normal, sino que estamos frente a unas elecciones irregulares, de resultado bastante previsible no por la orientación del electorado, sino por el control que ejerce el régimen sobre los más diversos resortes del poder, que ha ido anulando progresivamente la competencia política y la democracia propiamente tal. Por lo mismo, no es casualidad que se hable de la existencia de una dictadura en Venezuela, al menos desde la clausura de la Asamblea Nacional, organismo democrático y pluripartidista en el que la oposición al régimen tenía una clara mayoría: Maduro decidió cerrar este organismo y convocar a una Asamblea Constituyente, cuyo mayor efecto ha sido el control total del poder por parte del chavismo.
Por otra parte, es evidente que no existirá una lucha política democrática abierta, competitiva, donde la alternancia en el poder sea una posibilidad contemplada de acuerdo a los resultados electorales. Por el contrario, el régimen de Maduro se ha encargado de poner fuera de carrera a los principales líderes de la oposición por las razones más diversas, pero con el objetivo claro de impedirles enfrentar y eventualmente derrotar al actual gobernante. Esos son los casos de Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma y Freddy Guevara, entre otros: han sido perseguidos, han estado presos y se les ha impedido postular a cargos públicos bajo diversos argumentos, que en realidad forman parte de una cadena de persecución política permanente.
A esto se podría agregar otro factor: la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes plenos y, por lo mismo, podría alterar el curso de cualquier proceso político futuro, volviendo a fojas cero cualquier resultado contrario al régimen chavista. Después de todo, es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro ha ido poniendo diversas reglas, creando instituciones y acumulando una serie de poderes que le permiten, en los hechos, el control total sobre la política venezolana.
Lo que no puede controlar el gobierno, en cambio, es el derrumbe social, que ya se ha desbandado y que resulta prácticamente imposible de frenar, considerando la magnitud de la crisis humanitaria y económica que afecta al pueblo venezolano. En estos últimos días hemos visto cómo multitudes de venezolanos cruzan la frontera de su país para buscar oportunidades en Colombia, sumándose a la larga lista de otros que ya han partido a diversas naciones desde hace algún tiempo.
El gobernante venezolano, al comenzar el proceso electoral que él mismo ha convocado, señaló junto a la sede del gobierno de su país, el Palacio de Miraflores: “Voten por Nicolás Maduro y les garantizo la prosperidad económica y el crecimiento de Venezuela en los años que están por venir, y cumpliré”. Y en el congreso realizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ufanó de esta forma: “Si ustedes salen a votar por Nicolás Maduro Moros como Presidente, yo les garantizo la paz, la independencia y un camino de crecimiento y prosperidad para la economía, la vida social y cultural de Venezuela”.
Lo que podría ser simplemente demagogia electoral debe ser interpretado, en el caso del socialismo del siglo XXI, de una manera diferente. El régimen puede equivocarse de múltiples modos, pero no se equivoca en un aspecto esencial: el poder no se entrega, hay que conservarlo a pesar de la adversidad; las elecciones son un mecanismo válido en la medida que contribuyan a consolidar el poder que ya se tiene, pero dejan de serlo si alteran el mapa de los poderes del Estado. Y en eso la oposición ha fallado en diversas ocasiones —incluso aparece dividida y sin claridad sobre su acción—, mientras que el régimen de Chávez y luego el de Maduro no se han equivocado.
Es difícil predecir —como lo ha sido en los últimos años— cuál será el rumbo que adoptará la política venezolana en los próximos meses, con independencia del resultado de los comicios de abril próximo, si es que se realizan y en las condiciones que se realicen. Tampoco es claro el papel que desempeñará la comunidad internacional en este proceso, si bien ha jugado un rol importante procurando la limpieza del mismo, desconociendo la convocatoria unilateral a las elecciones y sus eventuales resultados, y procurando mediaciones que podrían contribuir a una salida justa y pacífica a la situación dramática que aqueja al pueblo venezolano.
Este martes 13 de febrero, adicionalmente, el Grupo de Lima —los 14 países latinoamericanos que desde 2017 se han reunido para analizar la crisis de Venezuela— exigió al régimen de Maduro un nuevo calendario electoral, considerando que los comicios que ha convocado carecen de “toda legitimidad y credibilidad” en las actuales circunstancias. Paralelamente, el gobierno de Perú señaló oficialmente que la presencia de Nicolás Maduro no será bienvenida en Lima, donde se realizará en abril próximo la 8va Cumbre de las Américas.
Sin embargo, como es bastante claro después de todos estos años, dicha comunidad internacional tiene opinión, en ocasiones logra hablar con autoridad y generar opinión pública, pero en ningún caso tiene mando ni puede —de hecho— alterar el curso de los acontecimientos. Por otra parte, toda solidaridad parece escasa ante la magnitud del drama social que afecta a la sociedad que ha experimentado el socialismo del siglo XXI. Por lo mismo, según los venezolanos intuyen y lamentan, dependerá sólo de su fuerza y capacidad alterar la situación que hoy vive su país, donde se han multiplicado la pobreza y la inflación, mientras se han limitado las oportunidades y la libertad. Un país donde el régimen controla casi todos los poderes y también el itinerario electoral. Por todo ello es difícil, prácticamente imposible, que de estas elecciones venga una solución para Venezuela.
Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, director de Formación del Instituto Res Publica (columna publicada en El Imparcial, de España)