Si bien la reforma tributaria del Gobierno es un esfuerzo fiscal que aspira a reducir la desigualdad, si no viene acompañada de una discusión que ponga el foco en la efectividad de cómo se gasten los nuevos recursos, no va a cumplir su objetivo.

De acuerdo a la experiencia del mundo desarrollado, la recaudación tributaria solo explica una cuarta parte del efecto de redistribución del Estado. Los tres cuartos restantes son producto de política social en la forma de subsidios y transferencias (Joumard et al., 2012); algo en lo que hasta ahora Chile ha avanzado con poca decisión, y lo que lo ha vuelto -al igual que el resto de Latinoamérica- un país poco eficaz al momento de reducir la desigualdad. Por ejemplo, mientras en promedio los países de la OCDE logran reducir su índice Gini de desigualdad de 0,47 a 0,31, Chile solo lo reduce de 0,50 a 0,46. Esto significa que es necesaria una revisión de nuestra política social vigente.

Nuestro país ha preferido destinar sus recursos a la provisión de bienes y servicios como salud o educación por sobre las transferencias directas. Al 2019, solo 1 de cada 10 programas sociales consideraba alguna forma de transferencia. Si bien los bienes y servicios públicos también ayudan a equiparar las condiciones de los hogares más vulnerables (como sugiere Irarrázaval, 2019), es difícil saber realmente cuánto, y poner todas nuestras fichas en estos es una apuesta riesgosa.

En primer lugar, porque sabemos poco sobre nuestra oferta programática, que se compone de más de 700 programas altamente fragmentados y de los cuales muy pocos son anualmente evaluados. Si bien la DIPRES hace un buen trabajo con los recursos que dispone, menos del 5% del presupuesto del gobierno central está sujeto a un análisis en profundidad, y los programas que sí se evalúan son en general mal calificados. En el 2020 y 2021, se determinó que más del 60% tuvo un mal o bajo desempeño, y que ninguno tuvo buen desempeño.

Segundo, porque si bien pueden influir en su diseño, el resultado de las evaluaciones no afecta el presupuesto de los programas. Con ello se falla en asignar recursos eficientemente, entregando más a los que funcionan y menos a los que no.

Estas falencias no solo recalcan la importancia de modernizar nuestro sistema de gestión del gasto, sino también la necesidad de dedicar un mayor esfuerzo a subsidios y transferencias, y transformar a medidas como el IFE laboral o el Ingreso Mínimo Garantizado en una parte más importante de nuestra política social. Al final de cuentas, resulta más efectivo entregar los recursos directamente que invertirlos en programas cuya eficiencia es cuestionable.

Es importante que el Ejecutivo tenga claro dónde poner sus fichas, y que acompañe la reforma tributaria de una revisión del gasto público y nuestra política social. De lo contrario, lo recaudado bien podría acabar diluyéndose en el entramado del Estado y no llegar a quiénes realmente lo necesitan. Con ello, el gobierno fallaría en uno de sus principales objetivos: reducir la desigualdad.

*Alfredo Maira es investigador de Horizontal.

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