La crisis política y económica que vive el país ha ido acentuándose conforme pasa el tiempo, y el oficialismo comienza a mostrar una partición que distancia cada día más la posición de Apruebo Dignidad de la del llamado Socialismo Democrático, que agrupa a buena parte de la antigua Concertación.

Por ejemplo, las visiones de estas dos coaliciones son encontradas respecto al tema de la violencia.

El duro momento político que enfrentó el Presidente Boric durante la reunión anual de Conapyme graficó dos hechos: las pequeñas empresas están cansadas de la violencia y la delincuencia de la que son víctimas regularmente a manos de vándalos que no son reprimidos, de manera que aquellos continúan quemando, robando y asesinando. El discurso de La Moneda sin acción pierde credibilidad, incluso entre los violentistas que advierten la impunidad y, por tanto, tienen incentivos para continuar la violencia.

Sin embargo, debemos agregar otra característica que apareció en la presentación del Presidente. En medio de los embates que recibía por algunos de la audiencia, quienes lo interpelaban a viva voz, el Mandatario perdió la compostura y a gritos expresó que exigía respeto. Mala señal del Jefe de Estado, porque las comparaciones con otros presidentes son inevitables. Ninguno de aquellos perdió la compostura en el pasado, frente a situaciones similares, y quedó marcado, que la falta de templanza es simplemente la falta de control.

Pienso que las contradicciones entre las dos almas que coexisten al interior del Gobierno se intensificarán en las próximas semanas, lo que hará más visibles las disputas entre la extrema izquierda (PC + FA) y la llamada izquierda democrática. Esto hará más difícil gobernar a La Moneda, sobre todo por los caminos para enfrentar la crisis política y económica que enfrenta el país.

La crisis política se sintetiza en cómo las coaliciones enfrentarían la violencia. La extrema izquierda no quiere enfrentar la violencia, las reglas del uso de la fuerza no están claramente definidas, y los estados de excepción «acotados» no permiten restablecer la ley y el orden en el país.

Enfrentamos un año 2023 con inflación alta. Mis cálculos apuntan a una cifra entre 6% y 8% y una recesión que tendrá impacto en el desempleo. Por ende, un programa de ayuda fiscal aparecerá, y será crucial priorizar los gastos públicos, sacando aquellos ítems del presupuesto que no contribuyen a los más pobres, al apoyo al empleo y a la inversión pública. De lo contrario la inflación será más persistente.

La coherencia en el accionar del gobierno ayudará a la ciudadanía a recuperar parte de la confianza en las actuales autoridades. De lo contrario la crisis política y económica se acentuará.

*Alejandro Alarcón es economista.

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