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Publicado el 04 de agosto, 2015

Las deudas de los políticos con la Araucanía

Estamos pasando por momentos ingratos y, por lo tanto, es absolutamente necesario que la máxima autoridad del país nos aclare su posición.

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Polémica y revuelo ha causado la revelación de los nexos entre el Partido Comunista chileno y de grupos radicalizados mapuche con las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). Ciertamente es un tema preocupante y al que se le debe prestar absoluta atención. Empecemos con una cronología de los hechos:

Durante 1999 y el 2007, el PC y las FARC mantuvieron permanente contacto (más de 300 correos electrónicos). Al año siguiente, el 2008, el gobierno colombiano elaboró un informe en donde se detallaba y se establecían estrechos vínculos de las FARC con los comunistas y grupos mapuche. Aquel informe no fue considerado por el entonces primer mandato de Michelle Bachelet y quedó “guardado” en las oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Lo peor del caso es que ese informe no se entregó al Ministerio Público, como correspondía hacer, sino que se determinó, por sugerencia de la ANI al gobierno de la Presidenta, que su contendido no tenía nada anormal. Lo anterior es a lo menos sospechoso, porque inquieta y extraña que algunos hayan hecho el trabajo que debió realizar la justicia.

El Partido Comunista, entretanto, apeló a su excusa favorita: “ésta es una maniobra que busca desprestigiarnos”… Poco tiempo después, aquel mismo informe fue entregado por Sebastián Piñera a la Fiscalía Nacional y, tras una investigación, se corroboraron los nexos denunciados, pero el tema pasó rápidamente al olvido. El PC volvía a salirse con la suya.

Posteriormente, en el 2013, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, José Roberto León Riaño, aseguró que las mismas FARC habían capacitado y entrenado militarmente a grupos mapuche radicalizados y que toda la información y la evidencia estaba comprobada, incluso por la Interpol. Sin embargo, esta aseveración quedó otra vez relegada y el entonces gobierno de Piñera, que había prometido tener la disposición firme y seria que no tuvo el gobierno previo, también quedó al debe con el tema.

Finalmente llegamos al año 2015, en donde otra vez resurge esta información. Los comunistas, para variar, no tardaron en repetir la cantinela de siempre: “ésta es una operación política y comunicacional de la derecha ”. Pero ese pretexto majadero ya nadie lo cree, sobre todo porque los nexos con las FARC están demostrados y eso es lo que más asombra y preocupa: que a esta información no se le diera la importancia que requería. Peor aún, incluso el ex Fiscal Jefe de La Araucanía, Francisco Ljubetic, en entrevista del domingo 2 de agosto con un diario regional, confirmó los vínculos de las FARC con grupos mapuche, aportando además con nombres concretos. Sin embargo, y de manera incompresible, nunca nadie hizo nada al respecto, como si fuera de lo más trivial que miembros de grupos radicalizados salieran del país para recibir entrenamiento militar.

En resumen, hace al menos 7 años que se sabe de estos vínculos del PC y violentistas mapuche con las FARC, un grupo terrorista que secuestra y asesina a gente inocente y que participa del tráfico de drogas. Un largo tiempo en que muchos manifestaron -y siguen exhibiendo- una desidia vergonzosa, como por ejemplo la justicia chilena, la que, pese a la irrefutable evidencia, hizo vista gorda y que aún hoy en día persiste con esa misma actitud indulgente y pasiva (recordemos que Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema, estuvo hace poco en Temuco reunido con grupos mapuche, muchos de los cuales avalan el uso de la violencia, lo cual es impresentable si pensamos que se trata del mayor representante del poder judicial, detalle que eventualmente podríamos suponer como sintomático cuando vemos que la mayoría de los violentistas están libres).

Mención aparte merecen las autoridades y los políticos, muchos quienes, lisa y llanamente, se hicieron los desentendidos cuando conocieron los nexos que las FARC mantienen en Chile, principalmente una persona: Michelle Bachelet. Y considerando la nula disposición de la actual Presidenta a dar soluciones a los ya largos problemas existentes en el sur en relación a la violencia rural; considerando que ella no le dio ninguna importancia al informe que el gobierno colombiano elaboró en el 2008; considerando que La Araucanía es la única región del país a la que una y otra vez ha rechazado visitar oficialmente en éste, su segundo período, es momento ya de exigir definiciones claras: o apoya y protege a grupos violentistas y a un partido político que tiene fuertes lazos con terroristas extranjeros, o realmente quiere acabar con la violencia en el sur de Chile y que no aceptará que en su gobierno participe gente que mantenga este tipo de vínculos.

Estamos pasando por momentos ingratos y, por lo tanto, es absolutamente necesario que la máxima autoridad del país nos aclare su posición. Hace más de cinco meses le entregamos una carta en Caburgua y aún no tenemos ninguna respuesta. ¿Cuánto más tenemos que esperar, Presidenta? ¿Más atentados para que usted reaccione? ¿Más violencia? ¿Más personas quemadas vivas tal como mataron al matrimonio Luchsinger-Mackay, en donde la gran mayoría de los asesinos sigue sin siquiera ser identificado? A esta altura, demostrar un mínimo interés sería lo óptimo.

 

Alejandro Martini, Movimiento Paz en La Araucanía.

 

 

FOTO: HÉCTOR ANDRADE/AGENCIAUNO

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