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Publicado el 17 de octubre, 2015

Las consecuencias de la paralización del Registro Civil

Independientemente de las demandas, el mecanismo utilizado por los funcionarios es ilegal, debiendo el Ejecutivo tomar medidas y reasignar o contratar trabajadores para asegurar la prestación de los servicios en temas tan complejos como el Registro Civil.
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Han pasado más de dos semanas desde el inicio del paro ilegal de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundamentado en el incumplimiento en el pago por parte del gobierno de un supuesto bono acordado al año 2014.

Cuando ya se calculan más de un millón de trámites pendientes y hemos visto a personas hacer filas infructuosas ante el sol y la lluvia rogando por la inscripción de una defunción, retirar un pasaporte para poder viajar o solicitar la tramitación de una nueva cédula de identidad para poder trabajar, hacer un trámite o cobrar un cheque, no podemos sino reflexionar sobre dos temas claves.

Uno dice relación con la forma en que el Estado, por medio del Ejecutivo, hace cumplir sus propias leyes, toda vez que una paralización de un servicio público no tiene sustento legal que ampare este tipo de mecanismo de presión de manera legítima. De la revisión de la ley que contiene el estatuto administrativo -cuerpo normativo que rige a estos funcionarios movilizados- se prohíbe expresamente el dirigir, promover o participar en huelgas, interrupciones o paralización de actividades, totales o parciales que afecte en normal funcionamiento de los organismos públicos.

Así las cosas, considerando que existe una ley que prohíbe esta paralización de funcionarios, llama la atención que la autoridad no haya tomado la medida de instruir el correspondiente sumario y hacer efectiva la responsabilidad administrativa que pesa sobre ellos, que va desde la imposición de censura hasta la destitución. No podemos seguir creyendo que existen dos categorías de trabajadores, los del sector privado y los del sector público, y que estos últimos cuentan con ciertas inmunidades de facto basado en acuerdos meramente políticos.

Independientemente de las demandas, el mecanismo utilizado por los funcionarios es ilegal, debiendo el Ejecutivo tomar medidas y reasignar o contratar trabajadores para asegurar la prestación de los servicios en temas tan complejos como el Registro Civil.

Ante estos casos, nos preguntamos sobre los límites que debieran tener las huelgas o las paralizaciones. Por cierto, ante ejemplos como el del Registro Civil vemos cómo los conflictos laborales no se circunscriben sólo a los límites de la empresa o en este caso a la autoridad administrativa, sino que presentan externalidades sociales de las que debemos hacernos cargo. Paralizaciones de servicios públicos y de ciertas empresas causan daños de gran consideración a los ciudadanos en su conjunto, quienes se ven expuestos a sufrir inconvenientes, perjuicios e incluso daños irreparable producto de estas acciones.

El Estado, ante estas paralizaciones del sector público y ante la regulación de huelga efectiva sin reemplazo que trae la reforma laboral, debiera replantear su estrategia e incorporar criterios de responsabilidad y de consideración real a los ciudadanos para que no se transformen estos en los principales perjudicados de conflictos en que no tienen ni arte ni parte.

 

Sergio Morales, Abogado Programa Legislativo Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: JORGE FUICA/AGENCIAUNO

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