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Publicado el 19 diciembre, 2020

Ladislao Ureta: Proyecto de indulto, una alteración a la igualdad ante la ley

Abogado Ladislao Ureta

No sólo es aberrante desde la perspectiva de una política criminal de un Estado serio, sino que fija un privilegio arbitrario en favor de quienes dañaron a otros -ya sea al Estado de Chile u otros particulares- en el contexto del estallido social, lo que se opone abiertamente al más básico principio de cualquier ley: No hacer daño a tu prójimo.

Ladislao Ureta Abogado
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El texto “Ensayo sobre los privilegios”, elaborado durante la Revolución Francesa por Emmanuel Sieyès, es sin duda una de las piezas claves para entender cuáles fueron los principios que inspiraron a los seres humanos para poner fin al Antiguo Régimen y dar nacimiento al Estado moderno y a la democracia liberal como forma de gobierno. Emmanuel Sieyès no sólo fue un observador de la Revolución de 1789, sino un actor relevante del proceso, y sus palabras son plenamente ilustrativas de por qué los privilegios generaron tanto odio en la sociedad francesa y las razones esenciales para ponerles fin. Sieyès, como uno de los intelectuales tras la insurreccción del siglo XVIII, afirma que “hay una ley madre, de la que todas las demás deben derivarse: no hagas nunca daño a tu prójimo. Esta es la gran ley natural que el legislador articula, en cierto modo, en las diversas aplicaciones que formula para el buen orden de la sociedad; de ella emanan todas las leyes positivas”. Y continúa: “La Libertad es anterior a toda sociedad, a todo legislador, y los hombres no se han asociado más que para poner sus derechos a cubierto de los atentados de los malos y para entregarse, al abrigo de esta seguridad, a un desarrollo más amplio, más enérgico y más fecundo en el goce de sus facultades morales y físicas”.

Con la ayuda de estos principios elementales -dice Emmanuel Sieyès- podemos juzgar los privilegios: “los que tienen por objeto una dispensa de la ley no pueden sostenerse, porque toda ley, como ya hemos indicado, dice, directa o indirectamente: No hagas daño a tu prójimo, y ellos supondrían algo así como decir a los privilegiados: Se os permite hacer daño al prójimo”. No hay poder al que le sea dado hacer tal concesión. Todos los privilegios son, pues, por su naturaleza, injustos, odiosos, y están en contradicción con el fin supremo de toda sociedad política. No se concibe como se ha podido consentir en la humillación de veintinco millones setecientos mil hombres -la población de Francia de aquel entonces-, a fin de un honrar, ridículamente, a trescientos mil. No hay en ello nada que esté de acuerdo con el interés general”.

Ahora bien, si traemos estos principios de Sieyès al presente y al contexto que hoy vive Chile, y analizamos el Proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica, presentado por un grupo de senadores, entre ellos doña Isabel Allende (PS), doña Yasna Provoste (PDC) doña Adriana Muñoz (PPD), don Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), sorprende la falta de acuciosidad intelectual para dimensionar el verdadero alcance de su proyecto, y la contradicción de este último con los principios más básicos de la democracia occidental.

La ley, como todos sabemos, sea civil, penal, o de cualquier naturaleza, es una “norma general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico” (Art. 62 Nº20 de la CPR). Por consiguiente, el código penal y sus normas son vinculantes para todos los habitantes del territorio nacional, con capacidad penal, sin excepción. En eso radica precisamente la justicia de la ley penal, en su carácter general y obligatorio, sin dispensa en favor de ninguna persona o grupo privilegiado. Así, el que comete alguna de las violaciones de los bienes jurídicos esenciales protegidos por las normas penales, debe ser castigado. Como dice el aforismo popular: “ley pareja no es dura”.

Dicho esto, todos los chilenos sabemos que a contar del 18 de octubre de 2019 se suscitó en el país una protesta masiva que tuvo un alcance nacional, cuyas causas son plenamente atendibles. Sin embargo, estas manifestaciones de los ciudadanos tuvieron una naturaleza esencialmente pacífica, lo que es plenamente legítimo, y excepcionalmente algunos grupos, en forma inorgánica u organizada, aprovechando el contexto de la protesta pacífica, cometieron una serie de ilícitos que dañaron la propiedad pública y privada de muchos connacionales. Por ejemplo, quemaron 22 estaciones del Metro de Santiago, dañando la red del transporte público de la Región Metropolitana, incendiaron vehículos de la locomoción colectiva, destruyeron las vías públicas, arrasaron pequeños y grandes comercios, incendiaron Iglesias, destruyeron incluso hospitales, y saquearon e incendiaron supermercados, poniendo en riesgo la seguridad de las personas.

Todos estos hechos fueron denunciados a las autoridades competentes, dentro del marco del Estado de Derecho, y se han abierto múltiples investigaciones penales, de acuerdo a las reglas del debido proceso. Del mismo modo, miembros de Carabineros de Chile, y de las Fuerzas Armadas, también fueron denunciado y querellados por eventuales delitos y violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, y hay pendientes varias investigaciones que siguen su curso procesal penal, dentro del Estado de Derecho.

Pues bien, el proyecto de indulto general aludido pretende alterar la aplicación igualitaria de la ley penal a todos los chilenos, argumentando que el contexto del estallido social y la desigualdad social imperante en el país, unido a la represión de las protestas por el Estado de Chile, es razón suficiente para establecer por ley “un privilegio”, “una dispensa”, en favor de los que delinqueron durante las manifestaciones.

En efecto, este proyecto de ley no sólo es aberrante desde la perspectiva de una política criminal de un Estado serio, sino que es absolutamente contrario al principio de igualdad ante la ley, fijando un privilegio arbitrario en favor de quienes dañaron a otros -ya sea al Estado de Chile u otros particulares- en el contexto del estallido social, lo que se opone abiertamente al más básico principio de cualquier ley, según Emmanuel Sieyès: “No hacer daño a tu prójimo”. Por el contrario, el proyecto de nuestros honorables senadores va en la línea de “permitir  el daño al prójimo si fue en el contexto del estallido social”, lo que, además, es contrario a la ética más elemental: “Si robaste un Banco en el contexto del estallido social, si saqueaste un supermercado y una farmacia, si quemaste una micro, si destruiste un comercio pero fue en el marco del estallido social, yo, Estado de Chile, te dispenso. El delito existe, pero vete junto a los tuyos, estás perdonado”.

Señores senadores autores del proyecto, en mi calidad de ciudadano y contribuyente les exijo que me expliquen: ¿Cuál es el mensaje que pretenden darle al país? Porque “Se os permite hacer daño al prójimo” es un recomendación prohibida en una democracia y “No hay poder al que le sea dado hacer tal concesión”.

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