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Publicado el 17 octubre, 2020

Ladislao Ureta: El problema no es la ley

Abogado Ladislao Ureta

La crisis de nuestra República y de nuestra democracia a mi juicio hoy se debe, entre otras causas, al rumbo equivocado que está tomando la actividad política en Chile.

 

Ladislao Ureta Abogado
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Las instituciones políticas y su funcionamiento son el reflejo de una sociedad. Si la convivencia social es sana, las instituciones políticas debieran responder a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, si la sociedad presenta síntomas de descomposición y fraccionamiento, la institucionalidad se torna insuficiente para ser el canal de solución de los conflictos.

En efecto, no es la ley propiamente tal la que resuelve el correcto desempeño de la vida social y de las instituciones, sino la virtud que inspira a los ciudadanos -su visión unitaria, generosa y pacífica-. La ley es ineficaz si no hay una disposición del destinatario a obedecerla. Prueba de ello es que la Constitución de Weimar, a pesar de haber sido redactada por los mejores juristas de la época y con la colaboración del mismo Max Weber, fue insuficiente para resolver los males que sufría la sociedad alemana luego de la Primera Guerra Mundial.

Dicho esto, advierto que la superación de la crisis social, política y económica que experimentamos en el país no pasa por la dictación de una nueva Constitución -que va a ser más bien una declaración de propósitos-, sino por un cambio de conducta social y por el ejercicio de liderazgos honestos y generosos que se orienten al bien común. No es la Constitución el impedimento para que la sociedad avance en la solución de sus problemas, sino las anomalías de los actores políticos y sociales las que hacen inviables los mecanismos legales. Para ser más concreto, no son las normas jurídicas las que van a contener el avance del narcotráfico, o la propagación de la delincuencia, o solucionar los problemas éticos de los chilenos, que se traducen en corrupción privada y pública, ni ellas van a ser el freno al terrorismo, y, por supuesto, a la violencia que vive el país promovida por grupos anarquistas y antidemocráticos. El conflicto está en la base social, no en la ley ni en la Constitución.

En este sentido, creo que hay que formular una crítica relevante a los actores políticos: ellos no puede perder de vista -como lo están haciendo hoy en día- que el propósito de la política es la paz social y el bienestar de la población. Tiene razón Monstesquieu cuando señala que la virtud o principio de la República es el respeto por la ley y la consagración del individuo a la sociedad. Y esto es plenamente aplicable al regímen político de la democracia. La crisis de nuestra República y de nuestra democracia a mi juicio hoy se debe, entre otras causas, al rumbo equivocado que está tomando la actividad política en Chile. La política naturalmente tiene una dimensión de poder y de ambición personal, pero este componente no debe nunca suprimir la dimensión ética, que es el respeto por la ley y la consagración de esta actividad al bienestar de la sociedad en su conjunto.

El problema se produce cuando la acción política comienza a operar de modo prevalente en su dimensión de imperio, y en beneficio prioritario de los grupos que lo administran. Y este fenómeno es el que advierto se está imponiendo en Chile. Los actores políticos han abandonado el campo de las ideas y de los principios, y desde hace un tiempo a esta fecha están orientados a su lógica de poder, en perjuicio de la ciudadanía. Doy ejemplos: cuando aparecieron los casos de financiamiento de la política por los grupos económicos, los beneficiarios de esos dineros dejaron de obrar en beneficio del país, para comenzar a actuar en beneficio de quienes los financiaron y no de quienes los eligieron. Los sueldos indecorosos de los parlamentarios fijados por comisiones del propio Congreso Nacional en completa disconformidad con la realidad económica del país ha sido otro síntoma relevante de descomposición ética. Cuando los partidos de la ex Concertación abandonaron el área de los principios y se asociaron a otros grupos de dudoso pensamiento democrático sólo para alcanzar el poder y repartírselo, aún cuando teóricamente no compartían principios ideológicos, es también otra manifestación de la decadencia del sistema político. Y cuando ganar las elecciones es en gran medida para repartirse “el botín” del Estado, y darle cupos en la administración pública a los operadores de las campañas y a sus militantes, aun cuando esos operadores no trabajen en las tareas en que son contratados, es una clara señal de que está prevaleciendo en la política nacional una ética del poder por el poder y no del bienestar de la ciudadanía.

También veo vestigios de decadencia de la institucionalidad política en el abuso de las acusaciones constitucionales. Si el roce del juego político, que es normal y que debiera tender a obtener la dictación de leyes afines a los representados, se enfoca como objetivo prominente a destruir a los colaboradores del gobernante de turno o a intentar interrumpir el mandato presidencial, el juego político pierde la finalidad de buscar la estabilidad del país, y se transforma exclusivamente en un juego de poder que beneficia a ciertos actores políticos con nombre y apellido. Es lamentable la situación del ex ministro de Salud, señor Mañalich, que luego de hacerse cargo de una situación crítica como era enfrentar una pandemia de la cual no se tenía registro hace más de 100 años, y desplegar un plan para encararla, en el cual la posibilidad de errar era un hecho cierto, y aún así tomó decisiones que a la larga demostraron ser efectivas, como fueron las cuarentenas parciales y dinámicas, sin que se produjera nunca la disyuntiva de la última cama o del último respirador, un grupo de parlamentarios hayan intentado que la Cámara aprobara una acusación constitucional en su contra. Lo mismo se pretende en contra del ministro del Interior, como si la situación lamentable ocurrida con el joven encapuchado en el puente Pío Nono pudiera ser atribuible al jefe de gabinete. En la práctica, si ser ministro de Estado se traduce en un riesgo latente de acusaciones constitucionales, nadie en su sano juicio estará dispuesto a desempeñar esa tarea. Y entonces, ¿en manos de quién queremos dejar la política? ¿De piratas? ¿Quién va a arriesgar su prestigio personal para actuar en beneficio del país si la oposición, cualquiera que esta sea, de derecha o de izquierda, se va a abocar a destituir o perseguir a los ministros de Estado, incluso una vez concluidas sus tareas?

En resumen, la reflexión que quiero compartir es que la crisis social que vive el país es profunda y multicausal, y no es sólo un problema de la ley, sino también de los dirigentes políticos y de males que yacen arraigados la sociedad, y se necesitan nuevos rostros y un obrar responsable de los militantes y de los partidos políticos democráticos para que el país pueda retomar un rumbo razonable.

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