Aunque el debate político ya está centrado en la próxima temporada electoral -con candidatos a alcalde comenzando sus campañas y aspirantes presidenciables copando los medios- el sistema de financiamiento de las campañas sigue siendo el mismo que permitió las irregularidades que llevaron a los escándalos políticos que en estos días comienzan a producir las primeras condenas judiciales. Lamentablemente, la molestia que generaron estos escándalos no ha llevado a un cambio en la ley que rige el financiamiento de campaña. Todos los que ya empezaron a gastar lo están haciendo por fuera de la ley. Mientras las campañas sólo puedan incurrir en gasto en los 90 días anteriores a una elección, los resquicios legales para encontrar formas de financiamiento irregular de la política seguirán existiendo.
Como toda interacción entre personas que buscan avanzar sus intereses, el financiamiento de la política se convierte en un mercado. Por un lado, hay financistas que promueven agendas políticas o bien aspiran a defender sus intereses (empresariales o personales). Por el otro, hay candidatos que necesitan dinero para poder hacer campañas. El mercado consiste en el intercambio de recursos por posiciones políticas o por el compromiso de que, en caso de ganar, los candidatos protegerán a sus financistas. Por cierto, los financistas bien pudieran buscar sólo la defensa de determinadas posturas ideológicas -mercados más libres, más libertades individuales o la pena de muerte-. Pero como las posturas ideológicas siempre tienen consecuencias prácticas en la sociedad -favoreciendo a ciertos actores y perjudicando a otros, generando oportunidades para algunos y cerrando ventanas para otros- resulta más fácil generalizar las razones de los potenciales donantes diciendo simplemente que los que ponen la plata tienen ciertos intereses que quieren que sean defendidos posteriormente por los representantes electos que reciben el financiamiento.
Como todo mercado, cuando la regulación no es adecuada se producen asimetrías de información, colusión y abuso. De ahí que sea esencial que exista una institucionalidad que regule el mercado del financiamiento de la política. Lamentablemente, en Chile hoy nos movemos entre los que quieren prohibir el mercado y los que prefieren que el mercado siga existiendo en la sombra de la ilegalidad.
Los carteles que ya comienzan a aparecer promoviendo a candidatos a alcalde muestran que la campaña ya comenzó. Pero la clase política sigue obsesionada en discutir cómo prohibir cosas que resulta imposible prohibir. Igual que los ultraconservadores que quieren controlar la vida sexual de las personas, los talibanes de la prohibición al financiamiento electoral creen que basta con pasar una ley para terminar con los enormes incentivos que tienen las empresas y muchas personas para ayudar a sus candidatos favoritos a ganar una elección.
Hay buenas razones para creer que esos talibanes de la prohibición en realidad sólo quieren aparecer como haciéndose cargo de la molestia de la gente. Si realmente hubieran querido hacer algo al respecto, le hubieran dado las herramientas al Servel para fiscalizar a las campañas antes de que se inicien oficialmente. Pero los parlamentarios entienden bien que el mejor de los mundos para potenciar sus aspiraciones de re-elección es abusar de su posición de privilegio. Al prohibir que los desafiantes puedan gastar en sus campañas, los diputados y senadores actuales aumentan sus chances de ganar gracias al reconocimiento de nombre que ya poseen. Además, como ellos pueden desviar fondos desde sus presupuestos para gastos de distrito a sus propias candidaturas y a las de sus aliados, los titulares no quieren permitir que otras personas puedan incurrir legalmente en gastos de campaña desde ya.
Como en todo mercado, cuando se limitan las opciones para que entren nuevos competidores, los que ya ostentan su participación de mercado se ven beneficiados. Los partidos, al negarse a extender el periodo legal de campaña para antes de los 90 días que rigen actualmente, logran dejar fuera a los competidores que buscan desafiar sus feudos. Como los incumbentes además tienen la posibilidad de usar recursos públicos para empezar a gastar desde ya, la elección deviene en una competencia desleal entre los que se coluden para controlar el mercado y los osados desafiantes que compiten en una cancha con el viento en contra.
A un mes de que termine el 2015, ya estamos entrando en la próxima campaña electoral. Empiezan a aparecer carteles y letreros promoviendo candidatos. Los aspirantes se prepararan para visitar juntas de vecinos y escuelas con regalos para los niños. Como alguien siempre tiene que pagar -y como no hay legislación que hoy regule el gasto en campaña que se realiza antes de los 90 días que dura la campaña oficial- podemos sentirnos confiados en que se viene una nueva temporada de escándalos en el financiamiento de la política.
Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO