El repertorio de actos desprolijos, de desencuentros, improvisación y hasta demagogia repetidos rutinariamente desde La Moneda como día de la Marmota, si bien constituyen la tónica de casi todo el gabinete Bacheletista, tiene sus salvedades.
Una de esas salvedades o rarezas a nivel de liderazgo y gestión político-técnica dentro del gobierno la constituye la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (ex Comité de Inversiones Extranjeras (CIE)). Mientras la Agencia, a pesar de la desaceleración y volatilidad de los mercados a nivel mundial, una caída de la inversión en Latinoamérica, la incertidumbre traída por las reformas laboral y tributaria, y el término del DL600 (herramienta impositiva que tenía como foco la invariabilidad tributaria para inversiones foráneas), es capaz de atraer en 2015 US$3 mil millones de inversión extranjera, múltiples carteras ministeriales como salud y obras públicas desincentivan las alianzas público-privadas y la inversión privada vía concesiones, o incluso se muestran incapaces de ejecutar recursos que ayudan a dinamizar la economía, inversión privada y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía (por ejemplo, en la región de la Araucanía, con las tazas de pobreza más altas del país, y de acuerdo a cifras de la Subdere, entre enero y noviembre de 2015 sólo se había ejecutado un 63% de los fondos dispuestos en el presupuesto regional).
Mientras la Agencia utiliza como atributos principales de promoción de la marca país la estabilidad a nivel institucional, la certeza que otorga una regulación clara y consensuada, la solidez fiscal, y el alto desarrollo técnico e innovador de su capital humano, Bachelet y su segundo piso tienden a menospreciar estos atributos a la hora de concebir, diseñar y ejecutar reformas y proyectos de reforma de largo alcance a nivel prelegislativo y legislativo y dilapida opción de recambio generacional apostando por una G-90 encabezada por Peñailillo orientada a capturar y servirse del Estado con fines personales.
Mientras la Agencia utiliza de embajadores y aliados estratégicos a los mismos inversionistas extranjeros que avalan los atributos difundidos, Bachelet, Guell, Uriarte y cía, se han dedicado a destruir las alianzas y capacidad de diálogo natural para llegar a acuerdos y avanzar reformas con su socios de la Nueva Mayoría, especialmente la DC.
Mientras la Agencia hace esfuerzos inauditos para proteger lo ganado en estos 25 años de apertura democrática y económica y generar confianza en capitales extranjeros que operan de forma eficiente y generan valor (por ejemplo, con la española Abertis que acaba de adquirir esta semana la totalidad de la sociedad concesionaria que administra la Autopista Central), el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga se encarga de instalar fantasmas innecesarios reflotando la opción discutida años atrás y que dice que la Ruta 68 contempla en su contrato la posibilidad de una recompra por parte del Estado.
Mientras la Agencia ejerce un liderazgo claro en materia de definición de ejes, estrategia, y acciones para atraer inversión a través de su director, Vicente Mira, la Presidenta solo entrega incertidumbre, señales erráticas, opera desde la desconfianza y el silencio en la discusión de los ejes de las reformas mas emblemáticas, y da pie para que el caos se pueda transformar e institucionalizar en ecosistema natural de las relaciones políticas.
Pero no todo está perdido. Tal como se ha visto, la llave para solucionar el listado de problemas y deficiencias de Bachelet y sus boys, está en el mismo gobierno y en salvedades o rarezas como la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. Es la clase de salvedades que la Presidenta está llamada a recoger, digerir y aprender si quiere enmendar el rumbo de un país desconfiado y desconcertado, salvar a su coalición y salvaguardar el destino de un Chile que aún tiene algo de esperanza en ella.
Juan Cristóbal Portales, director Magíster Comunicación Estratégica en Universidad Adolfo Ibáñez.