El tema de la seguridad pública ha pasado a ocupar el primer lugar en la escala de preocupaciones de la gente y en los noticiarios. Pasan los gobiernos y la sensación es que se avanza poco y nada o que, incluso, se retrocede. La modernización del Código Penal sigue al debe.

Ha subido exponencialmente el temor a sufrir una agresión física, un asalto, una estafa telefónica o por internet o por caer en un mundo sin reglas en el metaverso: hemos visto como se ha derrumbado el valor de varios bitcoins. Los espacios públicos han dejado de ser lugares de recreación, paseo o encuentro vecinal. Incluso la violencia física ha llegado a los centros comerciales, los colegios, los lugares de trabajo y los establecimientos de salud, para no hablar del comercio ilegal y de la violencia intrafamiliar.

Pese a que Chile ocupa aun un buen lugar en la región, han aumentado los homicidios, las extorsiones, las violaciones y las lesiones graves. La globalización y la postpandemia han agudizado el problema. Están operando entre nosotros los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco nueva Generación, y el colombiano cartel del Golfo y el venezolano Tren de Aragua.

Es evidente que el delito se ha modernizado y en ciertos campos se ha vuelto transnacional y ha invadido el espacio digital. La migración ilegal de los últimos años ha traído consigo algunas de las peores prácticas en esta materia. No se trata de una afirmación xenófoba. En Argentina hay más de 400.000 chilenos, sólo por señalar un país. En general es gente laboriosa y de esfuerzo. Lo mismo ocurre con los extranjeros entre nosotros. Pero también se reciben y se exportan las malas prácticas. 

Existe una situación de emergencia.

La Corte Suprema alerta sobre una nueva industria del delito, el sicariato; las bancadas parlamentarias se apresuran en proponer cambios legislativos y el Gobierno ha lanzado un Plan de Seguridad poniendo el foco en el crimen organizado.

Algunos puntos focales. 

Sobre el control de armas, hoy tenemos una situación anómala: Carabineros en la práctica entrega los permisos para la tenencia legal de armas y fiscaliza el cumplimiento de la ley; es juez y parte. La intervención de la Dirección de Movilización del Ejército se ha vuelto meramente formal. En otros países estas dos funciones se encuentran en organismos diferentes. Entre nosotros, tal vez podrían dividirse la competencia entre Carabineros e Investigaciones.

Respecto del narcotráfico, teniendo en cuenta que Chile ha pasado a ser un país de acopio masivo de droga para ser exportada a diversos mercados, habría que aumentar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para poder detectar los flujos de divisas y -tal como lo acordado recientemente la Unión Europea- que las transacciones en criptomonedas dejen de ser anónimas.

Consecuente con lo anterior, habría que entregar más competencias y recursos a Aduanas para controlar las exportaciones y evitar que se usen para fines ilícitos, reforzar la brigada de ciber crimen, la colaboración con Interpol y dotar de mayores recursos a la Fiscalía para que pueda cooperar con sus pares internacionales.

Un tema que se arrastra hace años es el precario sistema de destrucción de las drogas incautadas, situación que probablemente se ha visto agravada con los mayores decomisos. Hay que vigilar que esas sustancias sean verdaderamente destruidas con prontitud y evitar así que vuelvan al mercado. En cada Región debería haber al menos un establecimiento que cumpla esa función. 

Los bienes incautados por narcotráfico deberían ser subastados luego de la formalización de los imputados, previa autorización judicial por extinción del dominio, sin esperar el resultado final del proceso, quedando el dinero obtenido en una cuenta del tribunal en espera del fallo definitivo. Así se contribuiría a desbaratar las redes criminales.

Por su parte, el conocimiento de las faltas por consumo ilegal de drogas -en la vía publica o en recinto privado previa concertación– debería pasar a conocimiento de los Jugados de Policía Local, liberando de un trabajo excesivo e inconducente a los fiscales y a la justicia penal.

Mientras se reforman las leyes respectivas, habría que fomentar la coordinación local de las policías con los guardias privados de seguridad y los cuerpos municipales de vigilancia. Así se podría lograr tener mayor confianza de parte de los vecinos y favorecer las denuncias manteniendo el anonimato del denunciante. Frente a las organizaciones criminales o bandas delictuales, la gente se siente atemorizada y no recurre a las policías. Los narcotraficantes parecen dominar muchos barrios comprando a sus colaboradores e intimidando a la población.

El impulso al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública en forma independiente de Interior supone un rediseño de los ministerios de la Moneda, en especial de este último que debe ver reforzada su función política de conducción del Gabinete. En el primer gobierno de M. Bachelet esta idea no prosperó porque no hubo consenso en realizar una transformación tan de fondo en el diseño del centro del Gobierno.

Por último, en lo relativo al sistema penitenciario, creo indispensable cambiar el enfoque favoreciendo la segmentación de la población penal según el tipo de delito, su peligrosidad y distinguiendo entre quienes se encuentran en prisión preventiva de los reos rematados. La idea de establecimientos carcelarios únicos y de gran tamaño debe ser abandonada. Visité hace unos años la Penitenciaría de Santiago. No volvía desde hacía casi 50 años. Había mayor sobrepoblación, con una evidente carga de violencia que hacía más ardua la labor de gendarmería y las tareas de rehabilitación impulsadas principalmente por las Iglesias. Una triste imagen, como si el progreso del país no hubiera pasado por ese recinto. Distinto es el panorama en los establecimientos concesionados. 

Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los reos son jóvenes de escasos recursos y con poco nivel educacional. ¿Cómo no conectar esta realidad con la situación de riesgo social en que viven muchos jóvenes y diseñar políticas hacia ese sector para evitar que caigan en la tentación de buscar dinero fácil, como ocurre en otros países, por ejemplo, con las llamadas “maras” en El Salvador? ¿No han aumentado la participación de adolescentes en delitos violentos? Muchos de los crímenes más violentos, ¿no son ajustes de cuentas entre jóvenes de bandas criminales rivales?

Es tan grande el desafío y tan fuerte la inquietud ciudadana, que además de las reformas legales de fondo y algunos temas tocados en la propuesta de nueva Constitución, resulta urgente adoptar medidas que demuestren voluntad de enfrentar la amenaza y que cuenten con el respaldo profesional, técnico y político suficiente.

*José Antonio Viera-Gallo es abogado y ex ministro.

José Antonio Viera Gallo

Abogado. Exministro de Estado

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