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Publicado el 14 de septiembre, 2017

La Ruta de la Venganza

La decisión sobre la Comisión Valech es una de varias iniciativas agendadas para septiembre que buscan poner en discusión hechos que dividieron a los chilenos y que tradicionalmente han dado dividendos políticos a la izquierda.
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En ceremonia realizada en La Moneda para conmemorar el 11 de septiembre de 1973, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que calificará con discusión inmediata (la máxima urgencia) una moción parlamentaria del diputado comunista Hugo Gutiérrez que pone fin a la reserva de los testimonios recogidos por la Comisión Valech y, además, permitiría una recalificación que podría beneficiar a unos 22 mil casos que la Comisión Valech II, del año 2011, no calificó como casos de prisión política y tortura.

En 2003, la Comisión, presidida por Monseñor Sergio Valech, recogió testimonios de víctimas de prisión política y tortura bajo la promesa de reserva del Estado durante 50 años. Esta Comisión, inédita a nivel internacional, ha sido una de las tantas instancias que han permitido ir esclareciendo delitos cometidos contra opositores políticos al régimen militar y lograr una reparación parcial del Estado hacia ellos.

La decisión de la Presidenta Bachelet, que rompe las reglas del juego que el Estado fijó en su oportunidad para la constitución y funcionamiento de esta Comisión,  y que fueron refrendadas por ley, se inscribe dentro de una serie de iniciativas agendadas para este mes de septiembre que tienen como objetivo poner en la discusión pública hechos que dividieron profundamente a los chilenos y que tradicionalmente han dado dividendos políticos a los partidos de izquierda. El Gobierno de Bachelet modifica, con esta decisión, su criterio en relación a lo que sostuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace tan solo dos años. Es más, en esa oportunidad dicho Tribunal Internacional concluyó que, en las circunstancias concretas de ese caso, “la denegatoria por parte de la Comisión Valech de brindar información al Juzgado 9° no constituyó una restricción ilegítima en el acceso a la información contenida en los archivos de la Comisión Valech en el desarrollo de la investigación”.

Como lo han señalado varios de los integrantes de la Comisión Valech, este cambio afectaría la fe pública, al alterarse las reglas del juego bajo las cuales se entregó esa información.

Otras medidas programadas para este mes de septiembre estarían dirigidas directamente a agraviar a integrantes de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo a sentencias de diversos tribunales, participaron en violaciones a los derechos humanos. En efecto, se ha señalado que otra decisión que se anunciará durante estos días será el cierre de la cárcel de Punta Peuco, presidio administrado por Gendarmería de Chile y donde los internos están sometidos al rigor de un régimen carcelario, aunque de manera segregada, pues en ella sólo hay ex militares. Como ha trascendido, varios de los presos allí internados tienen más de ochenta años de edad y una precaria condición de salud, incluyendo enfermedades terminales, pese a lo cual no han sido favorecidos por medidas humanitarias como el cumplimiento de la condena en su domicilio. Hay que decir que por la calificación de delitos de lesa humanidad que se le ha dado a varios de los cometidos por estas personas, no rigen aquí las reglas de prescripción que favorecen a todo el resto de la población y que impiden a la Justicia condenar a personas por hechos cometidos diez, veinte, treinta y hasta cuarenta años atrás. Por otra parte, por la fecha en que sucedieron los hechos investigados, los condenados no han tenido las garantías del proceso penal que rige actualmente en nuestro país, que separa la función investigadora de la sancionadora y entrega varias herramientas a los procesados para defenderse.

Objetivamente, y sin cuestionar la gravedad de los crímenes cometidos, puede decirse que los militares enfrentados a estos procesos tienen una clara desventaja respecto de otros condenados por la justicia chilena. El que ellos estén hoy día cumpliendo su sentencia en un plantel segregado tiene consideraciones de seguridad y cerrar Punta Peuco, más que poner fin a un privilegio, es someterlos a un agravio mayor al que ya experimentan. Ese es el sentido que reflejó una declaración de varios ex Comandantes en Jefe de instituciones de las Fuerzas Armadas y ex Directores Generales de Carabineros el fin de semana pasado.

Si se llegara a concretar el anuncio del cierre de Punta Peuco, justo para estas fechas, es inevitable ligarlo a una intención de volver a revivir hechos que dividieron a los chilenos, muchos de ellos ocurridos 44 años atrás. No es, creemos, la manera de unir a los chilenos en torno a los temas del presente y el futuro que uno esperaría.

Termina la Presidenta Bachelet su intervención en La Moneda en una suerte de acto fallido, diciendo “que no va a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias chilenas como revanchismo”.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

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