Chile vive hoy momentos cruciales. El país tiene varias reformas estructurales como la tributaria, laboral, educacional e incluso una nueva carta magna, en vigencia, en discusión o en carpeta. En efecto, léase la palabra estructura como la base y raíz de una edificación, y es eso lo que estamos discutiendo como sociedad, nuestras bases.
En la última encuesta Adimark, las cifras arrojaron que un 70% desaprueba la gestión de la Presidenta, dato histórico e inédito en este ámbito de medición, mientras que solo un 26% apoya su performance. En tanto, el gobierno obtiene un 75% de desaprobación, y por primera vez se alcanza solo un 21% de aprobación.
La misma encuesta muestra que el 89% de la ciudadanía desaprueba la gestión del gobierno en la lucha contra la delincuencia, lo que se conecta con entregas anteriores de la Encuesta CADEM donde se observaba que para un 25% de la ciudadanía, el área que requiere mayor atención es la seguridad ciudadana, contra el 3% que obtiene la reforma laboral y apenas un 9% que ve como prioritario una nueva constitución.
Es decir, el gobierno no lee el momento ni hace la diferencia entre las urgencias sociales –como la pobreza, la reconstrucción de Valparaíso y Atacama, la delincuencia y el conflicto en La Araucanía– de las reformas impulsadas y prioridades del programa.
El realismo sin renuncia fue un sinceramiento con promesas desproporcionadas; necesitamos cambios, pero antes de eso responsabilidad. No somos un país complaciente, poseemos instituciones políticas y económicas con muchas fortalezas, pero debemos seguir trabajando para ser el país que todos soñamos, mucho más justo, desarrollado y moderno.
Para Acemoglu y Robinson, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, el éxito económico necesita una economía organizada que genere incentivos y oportunidades para la mayoría de los individuos, eso depende de cómo funciona el sistema político, entonces se requiere una amplia distribución del poder político en la ciudadanía y una centralización eficaz, es decir, un Estado regulador.
En esta línea, hay estudios longitudinales que relacionan el éxito de las sociedades y naciones con la calidad de sus instituciones, lo que se traduce en un claro estado de derecho, derechos de propiedad seguros y vigentes, la conversación de incentivos privados alineados con objetivos sociales, riesgos mediados por seguros sociales, un Estado con un rol subsidiario prudencial, una libertad cívica acompañada de una representación política amplia y representativa, donde la legitimidad de un sistema democrático no dependa de los resultados iguales sino de que lo sean las oportunidades.
Los desafíos son innumerables, partiendo por la clase política que debe volver a sintonizar con las bases sociales de Chile, con aquel ciudadano que día a día aporta con un grano de arena para construir un mejor país, el pequeño emprendedor, un conductor de locomoción colectiva o la incansable dueña de casa. Hoy se cuenta con la oportunidad de estimular la participación y asociatividad para que sean los mismos ciudadanos los que sientan ser escuchados.
Chile necesita una gobernabilidad pensada en estos principios, que van de la mano de la defensa y mantenimiento de una democracia madura y sostenible. Para esto, necesitamos líderes que piensen en el principio básico de una nación, el logro del bien común y no en réditos electorales a corto plazo. Gobernar y responsabilidad debe ser sinónimos.
Raúl Jara Guiñez, cientista político y Director Escuela de Liderazgo USS.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO