“Casi podría decirse que la historia del diseño de las instituciones políticas ha buscado siempre la forma de lograr evitar la tiranía”, escribió lúcidamente Pedro Gandolfo en una columna de enero pasado titulada “Tiranía”. De ese modo el columnista puso la mirada en un aspecto crucial que ha sido poco discutido hasta ahora: la capacidad de una Constitución de eludir por todos los medios el advenimiento de una tiranía o autocracia que, sirviéndose de las disposiciones de las propias cartas magnas, se perpetúan en el poder. A la luz de estas nefastas experiencias en el mundo, y qué decir en la región, debiéramos considerarlo uno de los principales atributos de la Constitución al que prestar especial atención.

Al respecto, si hay algo que sus más declarados detractores han de reconocerle a la Carta Fundamental que nos rige es que minimiza el riesgo de una tiranía tanto como es constitucionalmente posible, incluyendo la sabia disposición de imposibilitar la reelección del presidente en ejercicio (indispensable para la larga carrera de un tirano contemporáneo, que luego se hará “reelegir” ininterrumpidamente). Ocho gobiernos consecutivos, desde Aylwin a Boric, elegidos impecablemente desde 1990 lo atestiguan. Ni la sombra de un autócrata o de un gobernante iliberal asomó por estos lados en todos estos años. No por nada la democracia chilena fue clasificada entre las más avanzadas del mundo por la revista The Economist. (Aunque recientemente perdió esa categoría, se mantiene en el grupo de las que ostentan un razonable desempeño).

En consecuencia, de cara al proceso constitucional que ya ha esbozado una parte de su obra gruesa, cabe preguntarse si dicha indispensable cualidad se mantendrá incólume o crecerá el riesgo de una tiranía en manos de un gobernante iliberal que “reúne la totalidad del poder sobre la base de una institucionalidad formalmente democrática”, en palabras del citado columnista. Si ocurriera esto último –es lo que insinúa el diseño del sistema político que será sometido a consideración del pleno (que entre otras cosas habilita la reelección del mandatario incumbente)–, habría una razón de peso para optar por el rechazo. ¿Cómo se podría ratificar un texto que incrementa el mayor de todos los peligros para una democracia, esto es, la tiranía que le arrebata la soberanía al pueblo conculcando su libertad? Ningún demócrata podría hacerlo, ni siquiera a pretexto de las virtudes que la propuesta constitucional pudiese contener en otras de sus partes (por ejemplo, la constitucionalización de los derechos sociales). Por cierto, ello no debiera implicar que se opta por la continuidad de la constitución que nos rige, desahuciada en el plebiscito de 2020, sino que por un texto mejorado en esta crucial materia –y también en otras– que finalmente atañe al bienestar del país en los años por venir.

He aquí entonces una cuestión de primer orden a tener en consideración para pronunciarse en el plebiscito de salida: la nueva constitución que propondrá la Convención ¿aumentará el riesgo de una tiranía o de un gobierno iliberal en Chile, o se mantendrá el diseño que lo ha evitado enteramente hasta aquí?

*Claudio Hohmann es ex ministro de Estado.

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