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Publicado el 23 de julio, 2018

La privatización de la deliberación. El Congreso de Piñera

Las comisiones convocadas por el Presidente no son una reunión entre miembros de una colectividad política que intenta articular una estrategia para ser abordada en el Congreso, sino que es una convocatoria pública a deliberar privadamente, dirigida a miembros de toda o la mayor cantidad de sensibilidades políticas, entre ellas los parlamentarios. Precisamente, lo que representa, o intenta representar el Congreso.

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El Presidente Sebastián Piñera ha anunciado que tiene la intención de extender el formato de sus comisiones presidenciales a otras áreas de interés público. Lo anterior, como consecuencia de los buenos resultados que estarían arrojando las mesas de trabajo. Recordemos que la modalidad deliberativa propuesta desde La Moneda consiste en extender invitaciones a parlamentarios, exparlamentarios, ministros y expertos -todos ellos, de alguna forma, representantes de la diversidad del elenco político y técnico actual- a participar de comisiones pre legislativas dirigidas por el Presidente desde La Moneda, de acuerdo a los estándares que él estime razonables.

¿Reviste algún problema intentar liderar una nueva comprensión de la política, sobre temas comunes y de innegable relevancia pública, convocando un amplio y diverso grupo de parlamentarios a deliberar en La Moneda? Lo cierto es que sí.

Las democracias liberales modernas reposan en la idea de que la deliberación pública de sus parlamentarios debe articularse cumpliendo ciertas formas, o bien, encauzarse, de modo que la deliberación sea lo más pública, participativa y transparente posible. Justamente, en el Congreso Nacional y a través del trabajo realizado en las comisiones y en sala, es que la ciudadanía puede ejercer el legítimo derecho a vigilar (el trabajo en sala y comisiones es público y transparente) y participar de las discusiones (la ciudadanía tiene la oportunidad de presentar sus puntos de vista en la comisiones). Así también, todos los parlamentarios legítimamente electos tienen la oportunidad de participar del debate, sin exclusiones discrecionales. En otras palabras, es la institucionalidad del Congreso la que hace posible -aunque sea imperfectamente- que se cumplan las exigencias mínimas de publicidad, participación y transparencia.

Se ha dicho que la diferencia entre el trabajo en La Moneda y el trabajo en el Congreso es, en algún sentido, irrelevante, ya que luego de los diálogos privados lo acordado debe pasar al Congreso para que las reglas adquieran el carácter heterónomo que las leyes poseen.

La modalidad propuesta por el Presidente opera de una manera opuesta. Vale decir: (i) los parlamentarios que la integran son discrecionalmente seleccionados por el oficialismo, (ii) las discusiones y deliberaciones son de carácter privado, y (iii) no tienen cabida ni derecho a participar los ciudadanos. Se ha dicho que la diferencia entre el trabajo en La Moneda y el trabajo en el Congreso es, en algún sentido, irrelevante, ya que, como es natural, luego de los diálogos privados (de los que participen los parlamentarios seleccionados), lo acordado debe pasar -a través de mensaje presidencial- al Congreso para que las reglas adquieran el carácter heterónomo que las leyes poseen. En consecuencia, no se estaría evitando la operatividad legislativa del Congreso; la comisión únicamente revestiría una forma aceptable de preparar y ajustar la aprobación de las iniciativas que se revisarían posteriormente en el Congreso.

¿Es tan así? No lo es. Si tomamos distancia, veremos que los parlamentarios gozan de un estatus particular, que a su turno tiene ciertas implicancias en su quehacer público. Su posición supone que, además de ser titulares de ciertas prerrogativas, deben desempeñarse dentro de ciertos márgenes institucionales en la esfera pública, debiendo al momento de deliberar -¿no es acaso eso para lo que fueron convocados por el presidente?-, cumplir con las exigencias de publicidad, transparencia y participación que las democracias modernas demandan de ellos. De modo que su participación en comisiones deliberativas privadas, en su calidad de parlamentarios, contraviene sus deberes en tanto agentes con facultades legislativas.

De lo anterior no se sigue que un parlamentario no pueda opinar sobre asuntos públicos en privado. Lo determinante para configurar la infracción indicada anteriormente es advertir lo que realmente constituyen estas comisiones. Recuérdese que no es una reunión entre miembros de una colectividad política que intenta articular una estrategia para ser abordada en el Congreso, sino que es una convocatoria pública a deliberar privadamente, dirigida a miembros de toda o la mayor cantidad de sensibilidades políticas, entre ellas los parlamentarios. Precisamente, lo que representa, o intenta representar el Congreso.

Aunque posteriormente lo decidido pase por el rasero del Congreso para adquirir fuerza legal, la legitimidad de lo discutido y el correcto desempeño de los parlamentarios se exponen a ser seriamente controvertidos. Y más grave aún, si el Congreso, en la práctica, se convierte en un trámite formal para hacer vinculantes las reglas ya acordadas (a través de una deliberación privada de sus parlamentarios), las instituciones democráticas comienzan a devenir irrelevantes.

En el contexto de la inmediatez del frenesí político, puede parecer marginal y secundario, incluso impopular esta posición. Pero lo cierto es que es los fines -por muy valiosos que sean- si se escapan de dónde y cómo realmente deben ser atendidos (deliberados y decididos) por los parlamentarios, o en breve, si su quehacer se privatiza, ponemos en riesgo -quiérase o no- la legitimidad de nuestro ordenamiento institucional.

Jorge Triantafilo, abogado UAI

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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