Se toman muy en serio que la Convención Constitucional es “el único proceso democrático que hemos tenido” (su presidenta Quinteros). Y los chilenos tendríamos que inclinarnos reverencialmente ante ella porque si criticamos es porque “en Chile no conocemos la  democracia” (convencional Politzer).

Por eso piensan que están imbuidos de poderes ancestrales y metafísicos para refundar el país en todos sus aspectos y en menos de un año de trabajo. No los amilana no tener los conocimientos ni el expertise para hacer un big bang institucional, porque fueron ungidos por el pueblo. El problema es que sintiéndose tan demócratas de origen, no dan cuenta en los hechos de serlo. Dejando de lado la exclusión deliberada de la representación del 44% del país, la censura y el matonaje a quienes no comulguen con ellos, parece incompatible con la democracia la falta de transparencia con que están resolviendo el futuro orden constitucional de Chile.

Nada de cámaras o de registros. Nada de actas que den cuenta por qué defienden imponer una Cámara única de Diputados que en un estilo asambleísta podrá tener todos los poderes. Sólo eslóganes por la prensa para convencernos que hay que eliminar el Senado porque es elitista y retardatario. Ni un argumento registrado en las sesiones acerca de por qué va a funcionar en Chile el presidencialismo con un sistema unicameral, aunque eso ha sido un fracaso en todas partes. Es la fórmula en América Latina de los gobiernos populistas, como de El Salvador, o de las dictaduras en Nicaragua, Venezuela o Cuba. Nuestros vecinos peruanos  también tienen una sola Cámara que a Fujimori, que la creó, le daba todos los poderes, pero que le impide gobernar a los mandatarios  que tienen minoría en ella, como está ocurriendo ahora con Pedro Castillo y antes con el destituido Martín Vizcarra. 

No sabemos por qué están creando un sistema político de presidencialismo atenuado que probablemente hará más ingobernable a Chile, pero los dioses no dan explicaciones. Tampoco cómo justifican crear 13 sistemas de justicia, uno para cada pueblo originario, y el décimo tercero, en igualdad de condiciones, para los “otros” chilenos. Ya crearon el nuevo pueblo Selk’nam (aunque no llegan a 200 sus miembros, según explicaron sus representantes en la instancia), y el pueblo tribal afrodescendiente. Si el pueblo mapuche, el más avanzado, no tiene un sistema de derecho, menos podrán impartir justicia los demás, que son unos cuantos miles, no más. Pero la lógica de los dioses no la podemos entender los humanos.  

La actual Constitución remite a actas que dan cuenta del espíritu de la ley tanto en la Comisión Ortúzar como en las reformas posteriores en el Congreso. Las comisiones temáticas de la Convención, en cambio, dejarán discursos inconexos para la posteridad. Los mismos testimonios para subir a redes sociales se dan en el Pleno. No hay deliberación política, no hay sustento racional para lo que deciden para nuestro ordenamiento futuro invadiendo todas las áreas de nuestras vidas, tanto pública, como privada. La misma opacidad se da en materia reglamentaria para regular intervenciones o el modo de cómo se votan indicaciones. El asambleísmo no tiene que dar cuenta de sus giros.

No se amilanan en hablar ante las cámaras de “acuerdos transversales”, que cuando se caen originan funas a los descolgados. Pero esos acuerdos no son tales, porque son solo entre las izquierdas, y tampoco existen registros sobre ellos. No explican qué entienden por el el término eje de la nueva Constitución, la plurinacionalidad (“un concepto en desarrollo”, dijo un convencional) o por “muerte digna” (¿incluye también la eutanasia?). O cómo resuelven la superposición de las autonomías políticas, financiera y administrativa de territorios indígenas con las de las comunas y las regiones.  

Los colectivos de la Convención, que son tantos y van transitando de uno en otro (ya no queda nadie electo en la Lista del Pueblo), están definiendo nuestro destino aborreciendo el uso del término “bien común”. No hay un diseño por el cual responderán, sino que los distintos grupos que forman la mayoría defienden sus propios intereses  ideológicos (el Frente Amplio y el PC)  o temáticos en los pasillos o reuniones fuera de la Convención. En lugares informales y fuera de cámaras negocian los votos para sus intereses particulares. Yo te apoyo en la paridad o la representación indígena en todos los organismos públicos  y tú me das esto otro a cambio. Por eso también vamos transitando a una de las Constituciones más largas del mundo (ya vamos en 300 artículos contra alrededor de 143 de la actual). Así vemos que  no basta con definir a Chile como  “un Estado social y democrático de derecho”. Acto seguido añaden que también es “plurinacional, intercultural y ecológico”.  Y para no dejar fuera a la izquierda que reniega del modelo económico, agregan que se trata de “una República solidaria”. Y como falta  asimismo incorporar al feminismo, intercalan que “su democracia es paritaria”.  Y suma y sigue en el mismo párrafo.

Es lamentable que algo que es de la esencia de la democracia, que es la transparencia y las autoridades den cuenta de sus decisiones, no esté operando en la génesis de las propuestas que nos obligarán a votar en el plebiscito del 4 de septiembre. Tal vez, ponerle luz a su cocinería los haría sonrojarse. Pero los dioses tampoco tienen pecado original. 

*Pilar Molina es periodista.

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