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Publicado el 19 de julio, 2018

La olla del financiamiento ilegal de la política

Economista Luis Larraín
Las expectativas frustradas de mayores sanciones a quienes aportaron irregularmente a la política son en buena parte responsabilidad del ambiente creado a partir de la utilización de instituciones del Estado para perseguir a los adversarios políticos y el abrupto fin de esa persecución cuando ella empezaba a afectar a los políticos afines.
Luis Larraín Economista
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Estamos llegando a la etapa final de la trama que se desató con los primeros hallazgos acerca de prácticas de financiamiento ilegal de la política. Pese a todo el ruido que se levantó en su oportunidad, a los ríos de tinta que corrieron y a los encendidos discursos de los catones de la moral que asolan nuestra pradera, las investigaciones realizadas, los procesamientos consecuentes y los primeros fallos que se han conocido no han estado a las alturas de las expectativas de penas para estas conductas que se habían formado entre la población.

Un análisis cuidadoso del tema no debiera llevar a tanta sorpresa. Las transgresiones a la ley de transparencia, límite y control del gasto electoral, que data del año 2003 y debe aplicarse en estos casos, prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha de la elección y no contemplan sanciones de tipo penal. Claro, muchos hoy día consideran que esto fue legislar con mano muy blanda y son suspicaces al respecto. ¡Pero era la ley que teníamos!

No había sanción penal para quienes transgredieran esa ley. La Fiscalía tomó entonces una decisión discutible en el Caso Penta, el primero que se conoció: perseguirían a los infractores como autores de delito tributario. Para que fuera eficaz ello requería que, además del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos se involucrara en querellas contra los acusados. Cuestión delicada, pues el objetivo del SII es cobrar impuestos, no hacer justicia por transgresiones a la legislación electoral. Eso explica que la herramienta penal sea poco usada por el Servicio en el logro de sus objetivos. La mayor de las veces las infracciones por las que se acusó en el Caso Penta se resolvían con medidas administrativas, como giros del SII al contribuyente, por considerar que eran gastos no necesarios para producir la renta.

Lo que siguió es conocido. La audiencia de formalización de los propietarios de Penta, una instancia que en la legislación penal está concebida como una garantía para el acusado, se transformó en un verdadero linchamiento público, dada la puesta en escena que hicieron los fiscales. La prisión preventiva en la cárcel pública decretada por el Tribunal, medida cautelar que a la luz de la sentencia resulta desproporcionada, era lo que habría dispuesto un tribunal popular.

Pocos advirtieron en esa oportunidad la desproporción de esa decisión. Penta favorecía con sus aportes en un 90% a políticos de la UDI y a ninguno de izquierda. ¿No se estaban usando instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos? La UDI quedó descabezada después de estos procesamientos.

Hasta aquí todo bien para la izquierda y el Gobierno. Pero cuando se destapa el caso SQM con aportes transversales a políticos de todos los sectores y boletas ideológicamente falsas de todos los colores políticos, incluyendo al menos tres ministros del gabinete de Michelle Bachelet, la cosa cambia. Se agregan luego otras empresas y otros políticos.

Súbitamente cambian los criterios de las Fiscalías y del SII. Como lo han reconocido al menos un ex director y un ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, las instrucciones políticas desde el gobierno de Bachelet determinan cambios de criterios en la persecución penal en Impuestos Internos, lo que coincide con un cambio en la mano del Ministerio Público. Ya no hay más prisión preventiva en la cárcel, se reducen al mínimo las querellas del SII a políticos. Penta, que representa menos del 5% de los casos de aporte irregular a la política, se queda con las sanciones más duras. Para el resto, usando la gráfica expresión del ex senador Fulvio Rossi, hay que elegir a quien tirar a la olla. Y coincidentemente la casi totalidad de ellos, sean de derecha o izquierda, son adversarios del gobierno de Michelle Bachelet.

Las expectativas frustradas de mayores sanciones a quienes aportaron irregularmente a la política son en buena parte responsabilidad del ambiente creado a partir de la utilización de instituciones del Estado para perseguir a los adversarios políticos y el abrupto fin de esa persecución cuando ella empezaba a afectar a los políticos afines.

Luis Larraín, economista, director ejecutivo Libertad y Desarrollo
#ForoLíbero

 

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

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