Al anterior Congreso lo calificaban del peor de la historia de Chile y el actual compite por superar el récord, porque aun sin el peligro de la reelección, se pelean por seguir saqueando los fondos de pensiones a cambio del “like” de sus electores. Y ya vimos que el desorden y no tener mayoría en el Parlamento afectó gravemente la gobernabilidad en la última administración. Y parecemos encaminados a repetirlo con este gobierno.
Poco se apunta a la responsabilidad del sistema electoral en la crisis política que culminó con la revuelta social y la Convención Constitucional. Y la forma en que los convencionales fueron electos también parece haber determinado que esta instancia tampoco esté dando los resultados esperados.
Cuando se modificó el binominal, el mensaje firmado por Bachelet y su ministro Peñailillo aseguraba como “el mejor antídoto contra el distanciamiento del ciudadano de la política mejorar la representatividad”. Consistía en “permitir la representación e inclusión de todas las corrientes significativas”, que el binominal castigaba al favorecer la elección de las grandes mayorías, lo cual, a su vez, moderaba a los candidatos. Añadía que la elección de 3, 5 u 8 parlamentarios en cada distrito permitiría que continuaran los incentivos “para que los partidos políticos se agrupen en grandes conglomerados y no se producirá una fragmentación excesiva en la representación política”.
El sistema operó en las dos últimas parlamentarias (2017 y 2021) y agravó la desigualdad del voto, que ya tenía el binonimal, porque hay 9 distritos que, teniendo menos electores que otros, eligen más diputados. Y contrario a lo pretendido en el papel, aumentar el tamaño de los distritos y circunscripciones distanció a los congresistas de sus electores, deteriorando más las confianzas. Y agravó este sentimiento que aumentaran los arrastrados electos con baja votación (surgió “la bancada del 1%”), permitiendo una alta fragmentación de partidos que desincentiva la búsqueda de acuerdos y la gobernabilidad, tal como lo hemos experimentado. Cuando los legisladores son electos con menores porcentajes de votos, solo necesitan mantener el apoyo de su nicho de feligreses duros para ser reelectos. Los diputados electos en 2021 pertenecían a 21 partidos y en febrero pasado el Servel declaró la disolución de 12 porque no alcanzaron el 5% de la votación; pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, los diputados electos por esos partidos que no alcanzaron el umbral mínimo no perdieron el escaño.
Sin duda que el nuevo sistema favorece la proporcionalidad, como lo dice su nombre, pero lo inesperado para sus creadores es que ésta ha beneficiado a la centro derecha. Obtuvo la mitad del Senado, en razón a enfrentarse más unida contra los múltiples partidos y movimientos de izquierda amparados en pactos que les permiten crecer y multiplicarse.
El punto es que las distorsiones que introdujo el nuevo sistema proporcional se agudizaron con las reglas que establecieron los legisladores para la elección de la Convención Constitucional en mayo 2021. Y que ésta estaría por replicarlas en la propuesta de un nuevo Legislativo con una Cámara única de diputados (se elimina el Senado). La pretensión es volver a aplicar la paridad de resultado y la inclusión de escaños para “los pueblos y naciones indígenas” que no guardan proporción con su votación (con el 4,7% de la votación total son el 11% de los convencionales). Y esta sobrerrepresentación se agravará sin duda porque la Convención sigue creando pueblos originarios (los subieron a 11 más los afrodescendientes), que el pleno aprobó incluir además “en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local” .
Aún más distorsiones a la igualdad del voto generará que los convencionales incluyan la representación de las diversidades sexuales y creen un distrito con los votantes en el extranjero, a pesar que suman 71 mil, menos que el distrito más chico de Aysén.
Con todas estas formas de torcer la representación, bien podría ocurrir que un sector ganara la mitad de la Cámara única, pero quedara en minoría frente al peso de las otras cuotas que definan la elección. Sería fácil así impedir que gobernara la mayoría, lo cual significa el fin de la democracia. Y más, si se materializa la propuesta que este nuevo Legislativo pueda dibujar a su antojo el sistema electoral por mayoría simple (hoy tiene quórum calificado de 4/7) .
Ese fue el camino que eligió Chávez para instaurar la dictadura en Venezuela. Facilitaría el camino a terminar con la democracia en Chile si por ley simple también se resuelve que sea la mayoría de los diputados la que designe a los consejeros del Servel (hoy son los 2/3 del Senado). Y para rematar, que tal como habrían acordado fuera de actas en la Convención, el Consejo de Justicia, que a todas luces se politizará, resuelva quiénes integrarán el Tricel. Ese sería la guinda para que la mayoría obtenga el control total de las elecciones.
Empecemos a preocuparnos, entonces, de la madre del cordero que asegura la democracia: el sistema electoral.
*Pilar Molina es periodista.