En enero de 2021, diputados del FA, entre ellos el actual ministro Giorgio Jackson y el subdere Miguel Crispi, presentaron un proyecto de ley para derogar la LSE y la ley antisaqueos, que no prosperó. El 10 de marzo, un día antes del inicio del actual gobierno, las actuales ministras del Interior, Izkia Siches, y Justicia, Marcela Ríos, anunciaban el retiro inmediato de 139 querellas por LSE que afectaban a presos de la revolución de octubre, lo que 5 días después, ya habían cumplido. 

Traigo a colación este tema, porque sorprendentemente, en la reciente semana, el gobierno se querelló contra los camioneros que decidieron protestar bloqueando parcialmente las carreteras, recurriendo a la misma LSE que quisieron derogar. Pero no presentaron igual querella contra los terroristas que le dispararon a Ciro Palma, chofer de 35 años que lucha por su vida después de ser baleado mientras conducía su camión, sufriendo un infarto cerebral por el daño arterial que le causó la munición de guerra con que fue impactado. Tampoco lo hicieron contra los que emboscaron a la ministra Siches en su malogrado intento de entrar a Temucuicui, a pesar de que le obstruyeron el paso con un auto incendiado en el medio del camino y la amedrentaron a balazos. Ni contra quienes continúan cometiendo actos de terrorismo en la macrozona sur, como el ocurrido hace tres días.  

El jueves, en la comuna de Los Álamos, Región del Biobío, 40 encapuchados entraron a una planta de áridos con escopetas y ametralladoras, dejaron heridos a cuatro empleados y quemaron 35 equipos y camiones forestales. Pero no habrá querella por LSE, sino solo querella por ataque incendiario contra los que resulten responsables, según informó el Subsecretario Monsalve.

Si bien es cierto nadie tiene el derecho a impedir la libre circulación en las carreteras y el Gobierno el deber Constitucional de asegurar que así sea, me pregunto ¿por qué a los camioneros inmediatamente se les querella con la LSE pero en los casos de atentados terroristas, no se aplica el mismo criterio? ¿No tendrán razón los camioneros de protestar, ante la impotencia que sienten al ver cómo los continúan atacando impunemente en las rutas por donde circulan, y no perciben que haya voluntad política para solucionar el problema? 

Baste mencionar que después de que el gobierno no renovará el estado de excepción en la macrozona el 26 de marzo, retirando 2.000 efectivos militares apoyando a Carabineros, hubo en un mes, un aumento del 169% en el número de ataques, pasando de 26 a 70, habiéndose registrado 38 hechos de violencia en el Biobío, 31 en la Araucanía y 1 en Los Lagos. ¿Acaso no es esto una clara señal de falta de voluntad política?

¿Y por qué no se amenaza con aplicarles la LSE a todos los que sean sorprendidos transportando madera robada? Este es un gravísimo problema que afecta a la industria forestal de la macrozona. Se estima que en el último año el robo fue de 1.000.000 de m3, lo que equivale a más de 28.000 camiones con carro de 35 m3. El 75% del robo es de pino, que se utiliza para elaborar madera aserrada y el valor estimado de este robo a escala industrial es de US$45MM, lo que sigue ocurriendo impunemente hasta hoy, incrementando el poder del crimen organizado en la zona. 

¿Qué querellas existen contra estas mafias de robo de madera que transitan por la macrozona? ¿Y contra los que cometen ataques terroristas, quemando casas, cosechas, maquinarias, camiones y usurpando propiedad privada? ¿Por qué no se les amenaza con aplicarles la LSE?

La Constitución vigente asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, así como también el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, (Art. 19, Nos. 1 y 24), pero en la macrozona se violan sistemáticamente. Y como el Presidente tiene el deber de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, según prometió al asumir el poder (Art. 27), recae en él la responsabilidad de garantizar que dichos derechos no se sigan vulnerando impunemente como hasta ahora y restablecer el Estado de Derecho en la macrozona sur. 

*Jaime Jankelevich es bioquímico, consultor.

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