El miércoles de esta semana, los consejeros constitucionales de izquierda propusieron, en un punto de prensa, que Chile Vamos y el Partido Republicano retiraran todas las enmiendas presentadas al texto de los expertos, y que se volviera a abrir el debate incluso de temas o artículos que ya habían sido votados en comisión. Todo esto, según ellos, para dar una señal en favor de la construcción de una propuesta constitucional “transversal” o de consensos.
La estrategia o el punto político -tramposo, por cierto- es bastante claro: la negativa a dicha propuesta daría espacio para que la izquierda pudiese acusar a los consejeros de derecha de “poco dialogantes”, “contrarios a los acuerdos” o de querer “pasar máquina”. Sin embargo, la decisión de la izquierda da cuenta de un tema de fondo que requiere análisis y comprensión de cara a los próximos meses, decisivos para el futuro constitucional de Chile.
La izquierda chilena aún no termina de aceptar ni entender a cabalidad la contundencia del Rechazo del pasado 4 de septiembre, del que esta semana se cumplió un año. Y, lamentablemente para el oficialismo, dicho resultado fue ratificado en la pasada elección del 7 de mayo, en que más del 60% del país votó por candidatos de las fuerzas políticas de oposición al gobierno del Presidente Boric y al proyecto constitucional de la fracasada Convención. Este último resultado electoral determinó la composición del Consejo Constitucional, en que las derechas tienen una mayoría que supera los 3/5 necesarios para aprobar normas.
Sin embargo, y diferenciándose radicalmente de la Convención controlada por la izquierda, las derechas han dado claras señales de disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos y a la elaboración de una constitución que represente a una mayoría importante de chilenos. Pero para la izquierda eso no es suficiente. Los mismos que criticaban duramente la idea de un órgano no electo, designado por el Congreso, como la llamada Comisión Expertos, ahora quieren desconocer el trabajo del Consejo Constitucional y evitar el avance del proceso. En esto no hay que perderse: los consejeros constitucionales fueron elegidos por las personas, precisamente, para incorporar modificaciones y mejorar al anteproyecto de los expertos. Ese es su deber y su derecho, aunque a la izquierda le incomode.
La propuesta de la izquierda, en definitiva, lo que busca es desconocer los resultados del 7 de mayo. Se trata de una posición absolutamente obstruccionista, que busca paralizar el avance del proceso constitucional y tensionar el ambiente político para emplazar a las derechas. Producto de su torpeza y espíritu poco democrático, al parecer lograron exactamente lo contrario: la unidad de los consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano en defensa de las indicaciones presentadas por ellos, que son más de 500 en el caso de la centroderecha y alrededor de 400 en el de Republicanos.
En definitiva, todo indica que una buena parte de la izquierda pretende obstaculizar el desarrollo del proceso constitucional y la votación de normas que son consideradas fundamentales por una buena mayoría de chilenos, como la libertad de elección en salud, la propiedad de los fondos de pensiones, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, entre otros temas. Existen algunos dirigentes del oficialismo más honestos, como Hugo Gutiérrez, quienes ya han anunciado su voto “en contra” en el plebiscito de diciembre, posición que probablemente asumió con el solo resultado de las elecciones de mayo.
El éxito o fracaso del proceso constituyente depende fundamentalmente de que los consejeros puedan proponer a Chile un proyecto de Constitución que responda a los principales desafíos de nuestro país y rescate los mejores elementos de la constitución vigente, lo que parece estar muy lejos del objetivo de la izquierda, cuya constitución ideal fue rechazada en septiembre de 2022. Por ello, no es de extrañar que la izquierda chilena esté buscando razones para oponerse a la propuesta constitucional, puesto que es probable que sus contenidos estén muy lejos de lo que ellos escribieron hace sólo algunos meses.
El tiempo se acaba y los plazos están corriendo. Por una parte, la izquierda debe decidir si está dispuesta a construir buenos acuerdos para el progreso social de Chile o sí, por el contrario, apostará a bajarse del proceso y llamar a votar en contra. Por otra parte, las derechas deben seguir trabajando con buena disposición y sobriedad en la elaboración de una propuesta constitucional que siente las bases para el desarrollo de Chile, permita a las familias recuperar la paz y proteja nuestras libertades. Es lo mínimo que merece un país agotado por la obsesión constituyente, que quiere cerrar el capítulo con una buena constitución y que sueña con un país más seguro y con oportunidades.