Una de las disposiciones más polémicas de la propuesta constitucional establece que los pueblos originarios deberán otorgar su consentimiento en aquellas materias o asuntos que los afecten. Si bien el artículo podría entenderse que se aplicaría en el contexto de las entidades territoriales establecidas en el texto –es decir, su aplicación limitada a un entorno geográfico– una aplicación más allá de esos límites sería no sólo posible sino que altamente probable, lo que hace razonable suponer que con el transcurso de la nueva Constitución, si fuere ratificada la propuesta de la Convención, una interpretación amplia de la norma terminaría imponiéndose por encima de una más restrictiva.

El fraseo del artículo en cuestión –“aquellas materias o asuntos que los afecten”– admite la posibilidad de aplicarlo en favor de asuntos no estrictamente territoriales, asumiendo que de todas formas tendrían un efecto sobre las entidades territoriales. ¿Cuáles materias, incluso las más generales, escaparían a esa condición?

En consecuencia, sería razonable suponer que el consentimiento previo así establecido concedería a los pueblos originarios capacidad de veto en prácticamente todos los asuntos que pudieran despertar su interés. De hecho, podrían exigir su consentimiento –ni más ni menos que un consentimiento constitucional– en materias de la más diversa índole. Así estaríamos en presencia de una institución inédita, no sólo en Chile sino que a nivel mundial, una suerte de tribunal al que estarían sometidas las cuestiones más importantes del devenir de la nación. Incluso las materias relacionadas con su eventual reforma –la experiencia acumulada podría aconsejar modificaciones a su institucionalidad o incluso su eliminación– tendrían que contar con ese consentimiento. Estaríamos ante un caso de juez-y-parte de antología. De hecho, no sería exagerado presumir que una vez aprobado en el plebiscito de septiembre fuera imposible reformar o remover el consentimiento previo por generaciones.

Una institución de estas características, una que podría vetar decisiones de mayorías locales o nacionales en un amplio rango de materias, ¿es compatible con la democracia? La respuesta no admite mayores dudas. Más todavía cuando no se han avanzado ideas de cómo esa institucionalidad funcionaría, los procedimientos para conformarla y los aspectos normativos para obtener el consentimiento. No es posible exagerar los potenciales efectos adversos sobre materias relevantes para el desarrollo del país, entre ellas la inversión, que podría tener un consentimiento previo de amplio espectro y establecido en términos tan generales como este.

Por cierto, alguien podrá creer que una vez aprobada la institución en el plebiscito de salida un escalamiento a los extremos antes esbozados sería más bien improbable, aunque la experiencia enseña invariablemente que una vez otorgado un poder de esta magnitud a determinados grupos de interés éste será ejercido sin más por sus depositarios. El solo riesgo para la democracia que algo así pudiere ocurrir en el futuro próximo, incluso de manera acotada, recomienda ejercitar desde ya la prudencia. Y no es el único riesgo de la propuesta constitucional que lo amerita.

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta