Difícilmente alcanzaremos ese bien público llamado seguridad si el gobierno no sincera sus diferencias ideológicas en esa materia, las que podrían llevar al oficialismo a escasos o nulos resultados en un tema prioritario para los chilenos.
Quienes nos gobiernan asumieron el poder con una aproximación ideológica disfrazada de ingenuidad. Pensaron que el diálogo en La Araucanía iba a ser la manera de combatir la violencia, al poco andar las palabras del líder de la CAM y los ataques por él organizados demostraron lo contrario; la carga ideológica para tratar los asuntos de Carabineros y las Fuerzas Armadas enfrentados a un contexto criminal en alza sostenida los obligaron a promover proyectos que buscaban la protección de esos militares y policías; y, las disímiles interpretaciones de la violencia y el uso de la fuerza han generado más retrocesos que avances.
Esta semana se logró un paso importante con la aprobación del proyecto de usurpaciones que busca sancionar con cárcel la toma de un terreno o inmueble. Ley que tiene un gran impacto, no sólo para la industria forestal, sino que, para muchos empresarios que se ven impedidos en desarrollar su negocio debido a que los terrenos son tomados por grupos criminales que lucran con ellos y afectan directamente al desarrollo de las personas al evitar que se creen fuentes de empleo y mejoras en la comunidad.
La discusión sobre la legítima defensa privilegiada que ha llevado al gobierno a decir que habrá veto es una prueba más de la dificultad que les generan los temas de seguridad. No se busca enfrentar a unos contra otros, sino que aplicar un derecho que ya existe en nuestra legislación. Es más, si es que se vieran acciones concretas por parte del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y entregar seguridad no estaríamos discutiendo sobre la legítima defensa pues los ciudadanos no se sentirían indefensos frente a la delincuencia.
Detrás del fast track legislativo está el cada vez más alto temor que sienten los chilenos, quienes ven cómo la ideología de una de las almas del oficialismo quita ese calificativo de rápido y empaña el objetivo a alcanzar, teniendo como consecuencia el aumento de la demanda por mano dura.
Los fantasmas del pasado pareciera que visitan cada vez más seguidos a quienes deben empujar los proyectos de seguridad impidiéndoles ver el bosque, alejándolos de la conversación que debiésemos estar teniendo: cómo construimos la estructura necesaria y fomentamos el trabajo coordinado que necesitamos para modernizar la institucionalidad y legislación con el fin de diseñar un sistema de seguridad que combata con herramientas modernas la nueva criminalidad en Chile.
No podemos seguir perdiendo tiempo valioso en discusiones ideológicas, saber hasta dónde avanzar es fundamental para alinear a las instituciones, la toma de decisiones, las estrategias y políticas detrás de un solo objetivo: entregar ese bien público llamado seguridad.