No hay dudas de que lo que va del verano 2018 ha sido particularmente movido. Visita Papal, #BancoMundialGate, anuncio de gabinete, Nicanor, Alexis al Manchester y, más recientemente, Operación Huracán (parte II), sólo por nombrar algunos noticiones de las últimas semanas.
Otro de los hechos que se ganó un espacio en la apretada agenda noticiosa de enero fue el acuerdo alcanzado entre Corfo y Soquimich (SQM), que establece nuevas condiciones para la explotación de litio que desarrolla actualmente SQM en el salar de Atacama. Creo que merece la pena mirar esto con detención, ya que estando en las postrimerías de un gobierno obsesionado con su legado, bien puede ser la herencia más significativa que nos deje la segunda administración de Michelle Bachelet.
El acuerdo, plasmado en un mamotreto de más de 200 páginas, contempla tres líneas principales:
- Hace posible adelantar la explotación de litio por parte de SQM, asignándole una cuota mayor en el salar, a cambio de un pago total que ascendería 8.300 millones de dólares por concepto de arriendo, royalties y multas;
- La pérdida del control de la compañía por parte de Julio Ponce Lerou, acompañada de un cambio sustancial al gobierno corporativo que busca asegurar un manejo probo y sustentable a futuro;
- Profundiza un sistema de incentivos económicos para atraer inversión extranjera en torno al desarrollo de industrias tecnológicas intensivas en uso de litio.
Múltiples voces ya han manifestado su posición contraria al acuerdo, entre ellas la CUT y el movimiento Litio Chile, quienes exigen la salida total de SQM de la explotación. Asimismo, desde la vereda empresarial no fueron pocos los que criticaron un excesivo encono con Ponce y vieron en el acuerdo una amenaza al sagrado derecho de propiedad.
Por otro lado, estamos quienes valoramos este acuerdo como un avance, sustancial y perfectible hacia un esquema de mayor sinergia, en donde se le confía la labor de explotar el litio —un mineral que promete ser clave para la 4ta revolución industrial— a una empresa privada experta en lo que hace (SQM), mientras que el Estado (Corfo) genera incentivos y da garantías para que compañías extranjeras (con capital y expertise) se instalen en nuestro país, generando un círculo virtuoso de conocimiento, inversión y generación de valor que busca beneficiar a la región de Atacama y al país en su conjunto.
No deja de ser paradojal que el artífice principal de este acuerdo haya sido Eduardo Bitrán, un “concertacionista” conocido, que apelando al sentido de oportunidad, a la articulación público–privada y al coraje para apostar por un mineral que poseemos en abundancia, se despachó la mejor “movida” del verano y, por qué no, de todo el gobierno de Bachelet. Después de todo, no es poca cosa intentar conseguir un “segundo sueldo” para Chile y, de paso, sacar finalmente al yerno de Pinochet —familiares incluidos— del control de SQM.
Si la preocupación es por el legado, entonces puede que los libros de historia hablen del gobierno de la Presidenta Bachelet más por el aporte de Bitrán, que por el de Arenas, Peñailillo y compañía.
Diego Carrasco Vallejos, abogado PUC y consultor en sustentabilidad
FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO