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Publicado el 21 de octubre, 2015

La falacia del lucro con fondos públicos

Director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad ESE Alfredo Enrione
Prohibir el lucro con fondos públicos es un crimen. No podemos darnos el lujo de renunciar al mecanismo más poderoso que existe para atraer la inteligencia y los recursos al servicio de un propósito social.
Alfredo Enrione Director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad ESE
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Partiendo por nuestra Presidenta, a todos los empleados públicos les pagan una remuneración por su dura labor. Parlamentarios, ministros, abogados, médicos, contadores, ingenieros, psicólogos y académicos que trabajan en el sector público reciben dineros  para cubrir sus gastos familiares, hacer inversiones y ahorrar para su jubilación.

El Estado, además, se vale todos los días de empresas privadas para alimentar diariamente a millones de escolares, construir carreteras, hospitales y obras de riego. Dichas empresas usan estos fondos públicos para pagar los insumos, los salarios de sus empleados, los gastos financieros y los impuestos. Los excedentes, si los hay, se distribuyen en la empresa entre quienes arriesgaron su capital en ella.

La Real Academia de la Lengua define “lucro” como el provecho que se saca de algo. Aquí no cabe duda de que tanto los funcionarios públicos como las empresas “lucran” con fondos públicos. Si el Estado no pagara precios razonables, no contaría con funcionarios ni empresas que le den servicios. Trabajarían en otros sectores o focalizarían sus recursos en actividades más provechosas.

El Estado, al actuar como comprador y como regulador, cumple un rol extraordinariamente importante en la organización social. Al aumentar las posibilidades de lucro en algunas áreas se atraen talentos y recursos. Al disminuirlas, el Estado los desvía hacia otras actividades. Así por ejemplo, no nos sorprende que, por un lado, siempre sobren candidatos para ocupar las plazas parlamentarias y, por otro, nuestro sistema público de salud, por más que se esfuerza, nunca logra llenar los cupos de especialidades médicas. Seguramente los millonarios sueldos y privilegios ayudan a varios a descubrir dónde está su vocación por servicio.

En este sentido, llaman la atención los cambios que estamos viendo en la educación. Aquí, el Estado parece desconocer los principios más básicos de sentido común. Todos queremos una educación de calidad. Mejores profesores, metodologías actualizadas e innovadoras, programas curriculares flexibles e inclusivos, acordes con los desafíos de las sociedades modernas.

Lamentablemente, aquellos llamados a tomar las decisiones van en la dirección contraria. En vez de crear los incentivos para hacerlo mejor, implementar métodos efectivos o atraer talentos a la carrera docente, dedican sus esfuerzos a imponer una ideología y tomar el control del sistema. Estatizar la educación municipal, comprar los colegios subvencionados y subyugar, vía financiamiento, a las instituciones universitarias. Todo vale para expulsar a los privados de la educación.

La mala calidad de la educación contribuye a dolorosas desigualdades y amenaza con dejar a Chile abajo del tren de la ciencia y el conocimiento. Prohibir el lucro con fondos públicos es un crimen. No podemos darnos el lujo de renunciar al mecanismo más poderoso que existe para atraer la inteligencia y los recursos al servicio de un propósito social. No a la falacia, y menos con la educación.

 

Alfredo Enrione, ESE Business School – Universidad de los Andes.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

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