El proceso de reformas institucionales que se está desarrollando en distintas áreas de nuestra sociedad, y preparando en otras, ha generado variadas reacciones. Los debates públicos sobre estas materias han abordado diversos ámbitos de este problema. En general, la “estabilidad de las reglas del juego” se ha contrastado con la “necesidad” de implementar diferentes tipos de reformas. Una variante de este argumento ha contrapuesto un escenario de incertidumbre respecto del contexto institucional con la estabilidad de este entorno que resulta fundamental para la adecuada planificación de las actividades individuales en un concierto social.
Nos parece que detenerse en estas cuestiones puede ser importante para clarificar algunas confusiones que a nuestro juicio aparecen en el debate público.
Como primer punto es importante anotar que, a lo menos desde un punto de vista normativo, el statu quo institucional no debiera tener un peso mayor que el que le corresponde como el estado del momento actual (y que corresponde al sentido mismo del término). Dicho eso, es obvio que a partir del statu quo consideraciones de realismo político restringen lo posible en materia de reforma institucional. Pero en principio las instituciones públicas actuales no son sagradas y ciertamente pueden modificarse o renovarse. Siempre existe la posibilidad de mejorar determinadas instituciones; lo contrario implicaría reconocer que ya estamos en un mundo ideal que además sería inmutable o estático.
Considerar el espíritu que inspira el proceso de cambio institucional es fundamental para explicar las reacciones que se observan hoy por hoy en nuestra sociedad. En la actualidad, la demanda por reformas institucionales estaría siendo validada a partir de los últimos resultados electorales. Sin embargo, existe una diferencia importante entre reformas institucionales de orden constitucional y reformas institucionales de tipo post-constitucional. La noción del consenso es crucial en los momentos constitucionales. El establecimiento de las normas de vida en sociedad requiere de altos niveles de acuerdo. Ahora bien, los criterios de aprobación que son apropiados desde un punto de vista analítico, de cuasi-unanimidad, pueden ser imprácticos dados los costos de transacción que ellos involucran. Este es el argumento para la noción de derechos individuales garantizados en la Constitución y que constituyen el otro componente de una democracia constitucional en base al gobierno de la mayoría. Sin embargo, este tipo de argumentos ha estado extrañamente ausente de los incipientes debates nacionales sobre estas materias, donde las referencias a derechos constitucionales han tomado un cariz muy diferente.
Por otra parte, y en materia de otros tipos de reformas institucionales, no parece evidente que la elección social deba ser interpretada automáticamente como la voluntad popular en materias específicas. Mal que mal, en muchas ocasiones el ciclo político puede llevar a un ciclo en materia de las decisiones sociales. Las expectativas de cambios institucionales permanentes puede ser una fuente adicional, subjetiva si se quiere, de incertidumbre en estas materias.
En último término, el constructivismo institucional de tipo refundacional genera legítimos temores. El hecho de que la primera reforma importante implementada por el gobierno –la reforma tributaria- haya resultado negativa y, de acuerdo a varios analistas, va a requerir cambios en el futuro, representa una señal preocupante. Pero uno podría detenerse en los peligros concretos del ánimo refundacional. En efecto, la naturaleza misma de ejercicios de este tipo puede terminar afectando el vínculo de una población con su comunidad. Aquí está en juego la idea de una democracia constitucional en base a un sistema que sea generalmente aceptado y respetado.
Desde estos puntos de vista, creer en la estabilidad de las reglas constitucionales no implica necesariamente ser “conservador” (y para nuestros efectos aquí vale el significado común de este término, y no parece necesario entrar en una discusión respecto de qué significa exactamente ser conservador, y si este es un calificativo elogioso o no). Más bien, y en cuanto a la experiencia concreta de nuestro país, pareciera que las elites políticas chilenas tienen bajos niveles de “lealtad constitucional”, para usar una expresión de Claudio Fuentes. Este es un problema, ya que reglas que no tienen algún grado de permanencia en sus ejes fundamentales dejan de servir como reglas efectivas en términos de reducir la incertidumbre en las actividades humanas.
Todo esto está relacionado también a la supuesta urgencia de muchas de las reformas, a lo menos en términos de las líneas de acción planteadas por el gobierno. El grado real de prioridad que la población en general le otorga, por ejemplo, a la reforma constitucional, es una cuestión discutible a la luz de un análisis de distintas encuestas de opinión pública. Pero este es un tema que amerita una discusión mucho más extensa de lo que podemos considerar aquí.
FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO