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Publicado el 09 de diciembre, 2014

La Cuarta Sala de la Corte Suprema y la glorificación de la huelga

Los huelguistas ejercen una doble coacción. No solo contra el empresario, sino también contra los demás trabajadores que están fuera del conflicto, violando su libertad de trabajo.
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El jueves pasado la Cuarta Sala de la Corte Suprema dictó una de esas sentencias que se puede tildar con toda propiedad como “supremazo”. Tanto porque importa una vuelta de timón respecto de jurisprudencia anterior sobre el tema, como por las repercusiones que ya comienza a generar entre los operadores jurídicos la nueva doctrina. El voto de mayoría (tres contra dos), redactado por la pluma exuberante del Ministro Carlos Cerda, ha unificado la doctrina de la sala laboral de la Corte Suprema en el sentido de que la prohibición legal de reemplazo de huelguistas no solo impide la contratación de nuevos trabajadores, sino que también alcanza a su sustitución por el personal interno de la empresa.

Actualmente, el Código del Trabajo (artículo 381) dice que “estará prohibido el reemplazo de los trabajadores en huelga”. A pesar de su redacción, no es técnicamente una norma prohibitiva porque no veda absolutamente el reemplazo, sino que impone la observancia de ciertos requisitos para realizarlo. En efecto, si el empleador efectúa una última oferta mejorada y si los trabajadores la rechazan puede contratar personal de reemplazo a partir del primer día de hacerse efectiva la huelga. E incluso, sin formular tal oferta, podrá contratarlos a partir del día quince de hecha efectiva la paralización. En ambos casos debe ofrecer un bono de reemplazo de 4 UF por cada trabajador contratado.

Las “dos exégesis que pugnan entre sí” y que la sentencia comentada viene a dirimir tienen que ver con el alcance de la expresión “reemplazo” respecto del verbo “contratar” que también utiliza el artículo 381. Una primera posibilidad interpretativa es que la ley entiende por reemplazo solo la contratación de nuevos trabajadores, de modo que no sometería a los requisitos señalados la asunción de las funciones de los huelguistas por los trabajadores que no se sumaron a la paralizaron. El voto de mayoría arguye, en cambio, que la sustitución interna de los huelguistas también es reemplazo y, por ende, para resultar lícita debe someterse a los mismos requisitos legales de la contratación y si se efectúa sin cumplimentarlos configura una práctica desleal o atentatoria contra la libertad sindical.

Tras leer la sentencia, lo primero que salta a la vista es el activismo del que se ufanan sin complejos los ponentes del voto de mayoría. Los jueces advierten que “el escrito conductor del alzamiento” no cumple con los requisitos legales, por lo que debería rechazarse sin más. Sin embargo, no se rechaza sin más, sino que los jueces se permiten el gusto de decir unas cuantas cosas al respecto. “La Corte” (rectius, tres jueces de los cinco que conforman la sala) “opta” (aunque en la regulación legal del recurso de unificación no aparece por ningún lado semejante opción) por hacerse cargo de “la interesante temática planteada”.

El argumento central del fallo es que, pese a las evidentes reticencias de la Constitución de 1980 y del Plan Laboral frente a la huelga, se habría producido una evolución, tanto en el Derecho comparado como en el Derecho internacional, e incluso en la propia legislación nacional, en dirección a maximizar su eficacia. Y, siguiendo justamente esa orientación, ineludible según los sentenciadores, concluyen que la duda interpretativa que suscita el citado artículo 381 debe resolverse en la proscripción de la sustitución interna de los huelguistas.

Sin embargo, todos los tratados internacionales que citan al efecto estos jueces someten el ejercicio de la huelga a la legislación de los respectivos países suscriptores, sin imponer a estos una prohibición explícita del reemplazo de los huelguistas. Y en cuanto al Derecho comparado, los sentenciadores apenas consiguen hallar tres países en que estarían prohibidos los “rompehuelgas”. En cambio, los jueces omiten cuidadosamente mencionar que no hay un solo convenio de la Organización Internacional del Trabajo que siquiera mencione la palabra “huelga”. Al parecer la O.I.T. se habría quedado atrás en esta imparable evolución hacia la huelga salvaje (toda la doctrina de la O.I.T. sobre la huelga es creación de oficinas internas que carecen de –pero se arrogan- potestad normativa dentro del organismo internacional).

La verdad es que hay distintos modelos de regulación de la huelga en el mundo, con o sin reemplazo, razón por la cual ni del Derecho comparado, ni de los tratados internacionales surge para Chile un modelo único de concebir y regular el ejercicio de la huelga.

Con todo, lo más perturbador del voto de mayoría es que valida y, por momentos, pareciera incluso que glorificara, la dinámica de la huelga. Y la dinámica de la huelga no es otra que la de la violencia y la del monopolio. Solo en la medida que unos trabajadores controlen la oferta de trabajo impidiendo que otros trabajadores compitan con ellos por sus puestos de trabajo, pueden producir una escasez artificial de mano de obra y forzar de ese modo la elevación de los salarios por sobre la productividad.

Los huelguistas ejercen una doble coacción. No solo contra el empresario, amenazándolo con (o derechamente causándole) un perjuicio económico mediante la paralización, sino también contra los demás trabajadores que están fuera del conflicto colectivo, violando su libertad de trabajo, impidiéndoles trabajar. Los jueces no advierten que la prohibición del reemplazo es, ante todo, una coacción ejercida contra otros trabajadores y que la eficacia de la huelga contra el empresariado deriva de aquella primera violencia contra otros trabajadores.

Esta ventaja monopolística (vedada para cualquier organización o asociación de personas que no sean los trabajadores) a la larga no se obtiene del capitalista, como creen quienes consciente o inconscientemente la defienden, sino del perjuicio sufrido por los propios trabajadores o mediante la explotación de los consumidores (que, al fin y al cabo, son los mismos trabajadores).

Lo dicho explica suficientemente el “acercamiento temeroso” de nuestra legislación a la huelga, respecto del cual el voto de mayoría ironiza frívolamente. En cambio, el voto disidente de los abogados integrantes Prado y Lecaros comprende con total lucidez la lógica perversa de la huelga que califican sin ambages como “un desenlace indeseable del proceso de negociación colectiva”.

Por otro lado, no es cierto que la contratación de reemplazantes, ni la sustitución interna, de los huelguistas priven de eficacia (de esa eficacia dañina que exalta la sentencia) a la huelga. Como vimos, la legislación encarece la contratación de reemplazantes. Por su parte, la sustitución por personal interno es igualmente gravosa para el empresario, porque este no dispone de personal de sobra para cubrir los puestos de los huelguistas. No tiene, como sucedía con las empresas estatales de la Unión Soviética, un stock de trabajadores ociosos a los que paga el sueldo solo para utilizarlos ante esta clase de imprevistos. Toda empresa normalmente opera con el personal imprescindible. Por tanto, también la reasignación de funciones mermará la producción, subirá costos (horas extras) y provocará en definitiva el tan anhelado daño empresarial. Porque en la sustitución interna se desviste a un santo para vestir a otro. Es importante tener en cuenta este dato, porque los sentenciadores razonan desde la premisa errónea de que la sustitución interna torna inocua la huelga, cuando apenas morigera su efecto dañino.

La lectura de esta sentencia ratifica la observación de Hayek de que las asociaciones de trabajadores se han venido convirtiendo en instituciones privilegiadas a las que no se aplican las reglas generales del Derecho. El objetivo, legítimo, de conseguir salarios más altos ha sido erróneamente interpretado en el sentido de que a los trabajadores les debe estar permitido todo para conseguirlo. En esa peligrosa dirección avanza la reforma legal que próximamente presentará el gobierno en el Congreso, de la cual, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, nos ha obsequiado una interpretación avant la lettre.

*Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile

 

FOTO: RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO

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