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Publicado el 24 de diciembre, 2016

La Constitución: Unidad y discordia

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco
No se puede vivir en la actualidad como si el problema constitucional no existiera ni repitiendo frases simplistas. La Constitución es demasiado importante.
Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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La Constitución es aquella carta fundamental que rige la vida y los destinos de los países. Contiene principios, reglas, instituciones que se consideran vitales para una sociedad. “¡Viva la Pepa!”, fue uno de los gritos que acompañó a la Constitución de Cádiz de 1812; mientras el líder federalista José Miguel Infante decía en 1826, con gran voluntarismo: “Todos los habitantes del Estado claman ¡Constitución! ¡Constitución!”. Esto se repetía en otros lugares con fuerza en aquellos años constituyentes de la primera mitad del siglo XIX, que cifraban su felicidad en la calidad discursiva de sus constituciones, y esperaban en ella un futuro de prosperidad. La realidad fue bastante más ingrata.

Lo que debería ser una causa de unidad nacional, un legítimo orgullo, una ley aceptada y defendida por todos, comienza a ponerse en duda en diferentes sociedades, como ocurre en la actualidad con los casos de España y Chile, entre otros. Esto no deja de ser preocupante, por las implicancias que podría tener. Sin embargo, el asunto debe mirarse con seriedad y sin temores absurdos. Se trata de la norma que establece la división de poderes y la declaración de derechos y deberes en una sociedad, pero es necesario reconocer que se ha transformado también en una fuente de división y manifestación de la insuficiencia del régimen político ante una realidad cada vez más compleja. En esto se mezclan dudas o críticas -puede que no sean mayoritarias, pero sí son relevantes políticamente- sobre la legitimidad de origen de un determinado texto o bien sobre su pertinencia en la actualidad. Esto, porque se enfatiza que una Constitución fue escrita para otro momento histórico y que las circunstancias habrían cambiado, lo que motivaría la necesidad de pensar en una nueva carta fundamental.

Es verdad que el nacimiento de los regímenes constitucionales fue difícil. Francia, en tiempos de su revolución, tuvo tres cartas fundamentales, en 1791, 1793 y 1795. Jovellanos llegó a decir sobre la situación francesa que una Constitución “se hizo en pocos días, contuvo en pocas hojas y duró muy pocos meses”. Lo que podría ser excéntrico en Europa, en Hispanoamérica fue la tendencia general en los siglos XIX y XX: las Constituciones llegan a sumar más de doscientas, de las más distintas características, duraciones, orígenes y significados.

La excepción a esta vorágine constituyente ha sido Estados Unidos, que desde su independencia ha tenido sólo una Constitución, y quizá por ello llega a ser una especie de emblema nacional. Ella fue establecida “a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad”, como dice el preámbulo de esa Carta de 1787.

En las últimas semanas España ha estado involucrada en un interesante -y peligroso- debate constitucional. Todo esto tomó mayor relevancia el pasado 6 de diciembre, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario de la Constitución Española. Una reunión que forma parte de la tradición y que representa la unidad, pero que este 2016 cambió drásticamente de rumbo, ante la actitud de Pablo Iglesias, líder de Podemos, quien rechazó participar en los actos conmemorativos. Este hecho se llevó gran parte de las noticias asociadas al 6 de diciembre. Sin embargo, dada la relevancia de la materia, conviene mirar un poco más profundo y no quedarse en los detalles de la dinámica política. Iglesias sostuvo recientemente en un artículo: “De mis padres de la Constitución aprendí muchas cosas, pero quizá la fundamental es que los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos. Todo lo bueno de la Constitución del 78 tiene que ver con ese empuje, mientras que la mayor parte de sus deficiencias tiene que ver con la resistencia de las élites al cambio. Y si algo nos ha enseñado la Historia es que la democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios” (en “Mis padres de la Constitución”, en eldiario.es, 6 de diciembre de 2016).

Chile, con sus matices y peculiaridad histórica, vive un proceso análogo. Desde hace algún tiempo circulan ideas sobre cambios a la constitución, nueva Constitución o incluso Asamblea Constituyente, y el Gobierno organizó además un sistema de cabildos para discutir el tema. En todo esto las opiniones son diversas e incluso contradictorias; los argumentos en ocasiones son ambiguos u ocultan parte de la información, y más de alguno ha preferido sustraerse del debate. Por otro lado, son pocos los que defienden la Constitución de 1980 original, pero también son escasos los que se suman al entusiasmo del Presidente Ricardo Lagos, quien al firmar la nueva Carta señaló: “Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”. Palabras simbólicas, entusiastas, hoy lejanas y casi silenciosas. ¿Y cuál será el futuro de la Constitución de Chile? ¿Habrá una nueva y cuál será su contenido esencial? Cualquiera sea la fórmula, es evidente que se trata de un tema que hay que tomar en serio y que no puede omitirse en el debate público.

Como señala Claudio Alvarado en su interesante libro La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso constituyente (Santiago, IES, 2016), la demanda por el cambio en esta materia no se justifica tanto en los argumentos que esgrimen los defensores de una nueva Carta, sino en “la ruptura de los consensos propios del Chile de la transición”. A esto debemos agregar otro factor, omitido en el debate público y que tiene raíces históricas: es el rechazo de gran parte de la izquierda a los textos constitucionales chilenos, por razones no solo de origen, sino que sobre todo de contenido. Por ejemplo, el programa del Frente de Acción Popular (FRAP) en 1958 establecía la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, convencido de que era necesario “renovar los conceptos y los principios, hay que modificar la estructura institucional del país”. Asimismo, en 1970 el programa de la Unidad Popular anunciaba: “Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal”. Todo esto muestra un programa político distinto, un deseo de trasformación social, y no el rechazo a un texto por su origen dictatorial. Estamos frente a una evidencia histórica que no se puede soslayar.

Se puede estar de acuerdo o no con estas apreciaciones, y también se puede discutir la Constitución de 1980 o del 2005, en sus detalles, en su aplicación práctica o su significado actual. Lo que no se puede es vivir en la actualidad como si el problema constitucional no existiera, repetir frases simplistas o invocar poderes simbólicos que podrían no tener valor político actual. La Constitución es demasiado importante para mirarla en menos o no considerar las implicancias que tiene su continuidad o su modificación.

 

Alejandro San Francisco, historiador, columna publicada en El Imparcial, de España

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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