El sistema político chileno vive una severa crisis institucional, quizás la más importante tras 25 años desde el retorno a la democracia, producto de una seguidilla de casos que involucran a la política y los negocios –Caval, Penta, SQM-. Donde se produce una mezcla letal entre corrupción, tráfico de influencias, nepostismo y financiamiento ilícito de campañas políticas; hechos que han afectado transversalmente a todos los sectores políticos, incluido el gobierno e inéditamente a la Presidenta Bachelet.
A comienzos de febrero pasado, el gobierno y la Nueva Mayoría sacaban cuentas alegres del mal momento que vivía la Alianza cuando alcanzó apenas un 11% de aprobación en la encuesta Adimark de enero, producto del fuerte impacto del caso Penta, principalmente en la UDI, afectando a líderes y parlamentarios del gremialismo como Jovino Novoa, Eva von Baer, Iván Moreira o Ernesto Silva, por el financiamiento irregular de sus campañas. Que Osvaldo Andrade en su particular estilo definió: «La debacle de la derecha es notable».
Sin embargo, pocos días después estallaría el caso “NueraGate” o Caval, tras un reportaje de la Revista Qué Pasa que narraba un millonario negocio que involucraba a la empresa de Natalia Compagnon, la esposa del hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos Bachelet, quien en ese momento era director de la Dirección Sociocultural de la Presidencia (DSP). Las complicaciones para Dávalos Bachelet se generaron cuando se reveló que participó directamente en una reunión con Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile y uno de los hombres más poderosos del país. Con quien consiguieron un megapréstamo express de $6.500 millones días después de que Bachelet ganara la elección presidencial del 2013.
Un exitoso negocio en términos económicos pero negativo en lo político, que generó una profunda crisis en La Moneda y en el corazón del bacheletismo y que terminó con la renuncia de Dávalos Bachelet a su cargo. Donde sólo tras la vuelta de sus vacaciones la Mandataria se refirió al caso de manera bastante ambigua, utilizando una frase poco celebre: “me enteré por la prensa”. El mal manejo de la crisis que desató el caso Caval por parte del gobierno terminó debilitando tanto a la Mandataria como a su jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, provocando críticas justificadas de la propia coalición de gobierno.
Los efectos de Caval continúan hasta hoy, tras la revelación de nuevos antecedentes sobre éste incluido un acuerdo por $1.300 millones extras tras la venta de los terrenos en Machalí al empresario Hugo Silva. Que se suman a los $2.500 millones por la venta de éstos y a los $500 millones obtenidos por los intereses del megapréstamo del banco de los Luksic. Cuestionamientos e indignación de la ciudadanía que siguen incrementándose tras el significativo aumento del sueldo en la Junji de la consuegra de Bachelet, Margarita Soto Acevedo, madre de Natalia Compagnon; quien fue contratada a honorarios durante el primer gobierno de Bachelet el año 2007.
Otro foco de conflicto se ha generado por el denominado caso SQM, empresa controlada por Julio Ponce Lerou, que también está relacionado con prácticas irregulares del financiamiento de campaña. Caso que es una verdadera “caja de Pandora”, y promete ser mucho más grave que el caso Penta, y donde el Servicio de Impuestos Internos se vio obligado a querellarse antes de que venciera el plazo de prescripción de los delitos, tras una fuerte presión social contra un virtual acuerdo político para frenar la investigación. Una arista de investigación que, a diferencia del caso Penta, complica principalmente a políticos y parlamentarios de la Nueva Mayoría, como los parlamentarios Fulvio Rossi (PS) o Roberto León (DC).
Pero que también incluye al subsecretario de la SEGEGOB, Rodolfo Baier (PRSD), quien tuvo que reconocer -al igual que el gobierno- una boleta para SQM el 2012. Pero el Ministerio Público también indaga pagos a la consultora Imaginacción del lobista y ex ministro de Patricio Aylwin y Enrique Correa (ex PS), cuyo ex gerente general hasta marzo de 2014 era su hijo, Carlos Correa Bau, hoy a cargo de le SECOM en el gobierno. Como también al “think tank” oficialista Chile 21, donde el actual director del Banco Estado y ex vocero de Gobierno, Francisco Vidal, fue director, quien ante la evidencia de las boletas de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet ha señalado: “A veces hay que cerrar los ojos”.
Por otro lado, La Moneda ha perdido el pudor respaldando a todos los funcionarios de primera línea que se han visto involucrados en estos cuestionados casos. Como el ministro Alberto Undurraga (Penta), el subsecretario Rodolfo Baier (SQM) o el propio Sebastián Dávalos Bachelet (Caval) –en un primer momento-. Este débil accionar de Bachelet y su gobierno frente a casos como Caval, SQM, e incluso Penta, se ha visto reflejado en la mala evaluación alcanzada en los estudios de opinión. En la última encuesta Cadem, el rechazo de Bachelet (60%) dobla a su aprobación (30%), algo inédito para la Mandataria que finalizó su anterior gobierno con un 84% de aprobación (Adimark). Esto se traduce en un “corto circuito” entre ella y la ciudadanía, cuyos efectos negativos aún se siguen desarrollando, y a medida que continúan avanzando estas investigaciones se sigue incrementando esta lejanía entre ella y los chilenos.
Los negocios de su hijo y nuera han provocado algo que ni el Transantiago en 2007 o el 27F en 2010 ocasionaron: minar su liderazgo y su imagen presidencial. Afectando los atributos más fuertes de Bachelet, los denominados “blandos”, como credibilidad o confianza. Conjuntamente, el caso Caval, puso en entredicho conceptos como igualdad de oportunidades o fin al lucro, utilizados por ella durante la última campaña y en su programa de gobierno. Un discurso político que queda herido profundamente por este rápido enriquecimiento de su familia, algo común en país de América Latina pero inédito al menos en democracia en Chile. Un hecho que producto de la globalización o la masificación de las comunicaciones ya ha trascendido a nivel internacional, dañando la imagen no sólo de la Mandataria sino que también del país.
Finalmente, tras una fuerte presión social, el Servicio de Impuestos se querelló finalmente contra SQM. Esto que le permitirá al Ministerio Público seguir haciendo su trabajo y demostrando que las instituciones en Chile funcionan a diferencia de otros país del Cono Sur. Ya los fiscales y la Bridec incautaron la información contable de SQM, dando comienzo a la “caza de brujas” que tanto temían en palacio y en algunos sectores de la Nueva Mayoría. Donde la consigna debería ser “caiga quien caiga”, para eliminar las manzanas podridas de nuestro sistema en pro de recobrar la confianza de la ciudadanía a la actividad política.
Pablo Lira, Cientista Político.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO