La crisis política detonada tras el caso SQM-Martelli se ha agudizado los últimos días en el gobierno, forzando a la Presidenta Bachelet a realizar un inesperado y profundo cambio de gabinete antes del mensaje presidencial del 21 de mayo. Éste significó la remoción de todo su equipo político, incluido el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), y que inéditamente sumó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS). El primero lideró el cambio del sistema binominal por uno proporcional moderado, que aumentó el número de diputados de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50, mientras el segundo encabezó la reforma tributaria, pieza clave para la reforma educacional, pero que hoy es cuestionada porque, como ha reconocido el propio senador oficialista Fulvio Rossi (PS), «los dineros que se recaudaron con la reforma tributaria no alcanzan« para financiar la educacional.
El pasado 21 de mayo, la Mandataria dio a conocer su segunda cuenta pública al país, en un ambiente político un poco más descomprimido tras el ajuste ministerial. Sin embargo, en ésta Bachelet reconoció en parte esta crisis política señalado: “(…) la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción en la política y los negocios, y afectó la confianza en sus líderes y representantes. Esto cuestiona las bases de nuestra convivencia: la confianza que nos debemos unos a otros, la calidad de nuestra democracia, la seguridad, el crecimiento económico”.
Durante el mensaje, la Presidenta mencionó la palabra “confianza” al menos en 16 oportunidades, cerrando en su discurso con un “Queremos confianza. Y juntos vamos a restaurarla”. Algo que no nos debería sorprender teniendo en cuento la crisis institucional por la que atraviesan el mundo político y principalmente el gobierno y la propia Mandataria. En el caso de Bachelet, el punto de partida de su cortocircuito con la ciudadanía es el caso Caval, donde su reacción tardía, su poca transparencia y firmeza frente a este hecho que involucró a su hijo y nuera, terminó por divorciarla de la ciudanía, perdiendo su mayores atributos: “la confianza y credibilidad” de los chilenos, en definitiva, perdiendo su sitial como la “madre” de Chile.
Las últimas declaraciones del ex director del Servicio de Impuestos Internos y ex colaborador en su pasada campaña presidencial, Michel Jorratt, volvieron a complicar a Bachelet y los suyos. Puesto que Jorratt reconoció en al menos dos medios de prensa (Qué Pasa y El Mercurio), que «hubo presiones desde Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM», con el objetivo según lo que él mismo plantea “(…) que había aportes de dinero de Soquimich que, a lo mejor, pudieran vincular a la presidenta”. Su testimonio puso en entredicho el financiamiento (regular o irregular) de la campaña presidencial de Bachelet, y también sembró dudas sobre una posible precampaña de la Mandataria.
Pues bien, nuevos antecedentes sobre la empresa Asesorías y Negocios SpA, de Giorgio Martelli, el operador político ligado al PPD, administrador de la primera campaña presidencial de Bachelet, y recaudador de las últimas campañas de la actual Nueva Mayoría, hoy investigado por el Ministerio Público, han abierto una verdadera “caja de Pandora”, que apuntan directamente al financiamiento de la campaña de Bachelet. Su sociedad recibió dineros de SQM Salar controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y de empresas del grupo Angelini, es decir, de “los poderosos de siempre”, como calificó el gobierno a los “más ricos” durante el debate de la reforma tributaria.
Además, para esta sociedad boletearon 21 personas por más de $300 millones entre 2012 y 2013, que trabajaron en la última campaña presidencial de la Mandataria, que por esas “coincidencias” de la vida terminaron trabajando en el gobierno. Entre ellas destacan Rodrigo Peñailillo, Michel Jorratt, Estela Ortíz (amiga personal de la Mandataria), Alicia Galdames Jeria (prima de Bachelet), Harold Correa, Enrique Paris, Jorge Rodríguez, y la mayoría de la denominada G-90 del PPD liderada por el ex ministro del Interior.
Ante esta evidencia, tanto el gobierno como la Nueva Mayoría intentaron levantar la tesis de que recién en marzo 2013, Bachelet había tomado la decisión de volver a Chile para realizar su campaña presidencial, algo a todas luces poco creíble, teniendo en cuenta el rol principal que jugó su figura en la campaña municipal 2012. Si bien en un primer momento la precampaña fue descartada de plano por el nuevo vocero de gobierno, Marcelo Díaz (PS), ante la evidencia tuvo que matizar sus dichos señalando que éstas: “Son tradicionales, habituales, desde los 90´s hasta acá”.
Para finalizar, hay que señalar que Bachelet fue la protagonista de la campaña municipal 2012, encabezó los diversos afiches de esa campaña con cada uno de los candidatos a alcaldes o concejales de la Nueva Mayoría, y es cosa de revisar la prensa para constatarlo. Además, llama la atención la extraña coincidencia de que 21 personas que boletearon para Martelli y luego trabajaron en el comando de la actual mandataria, terminaron en el gobierno. Sin embargo, al parecer la Presidenta no está dispuesta a afrontar y reconocer ante el país la verdad pese a toda esta evidencia en su contra, que apuntan por un lado a la existencia de precampaña presidencial entre 2012 y parte de 2013, y por otro lado la recaudación irregular de fondos de campaña que abrió la investigación de la empresa de Martelli. Lo que hace aún más difícil la tarea de recuperar la “confianza” perdida de los chilenos, tal como lo solicitó en su última cuenta pública.
Pablo Lira, Cientista Político.
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO_.