“Uno se basa en la buena fe”, sostiene la Presidenta Bachelet para justificar la elección del ahora renunciado ministro Insunza (ministro que entre sus tareas tenía la misión de sacar adelante la agenda de probidad del gobierno). Ella, nuestra líder en el papel “bien intencionada”, “honesta”, que históricamente ha prescindido (o al menos ha tratado de prescindir) de los partidos –de acuerdo a su credo personal, semilleros de malas prácticas y mala fe-, una vez más sería víctima de las confabulaciones, ocultamiento y espíritu defraudador de un representante de esa política que ella dice rechazar.
El problema de esta explicación, para desgracia de la Presidenta, es que además de inverosímil, defrauda la buena fe de la ciudadanía. Primero, es poco creíble, porque la Presidenta sabía perfectamente la existencia de una serie de actos de dominio público, que definían la calidad moral y trayectoria profesional de Insunza. Sabía de su rol en Imaginacción como lobbista de intereses privados. Sabía de las millonarias asesorías de Insunza a Codelco y su posterior negación a informar (ya como diputado y presidente de una comisión investigadora de la Cámara Baja sobre el alza de costos de Codelco), respecto de su vínculo laboral con la cuprífera estatal. Sabía también del posterior mea culpa público hecho por Insunza para justificar dicho ocultamiento de información. En esa oportunidad, el ex ministro PPD admitió el haber cometido “un error al no explicitar ese punto (su relación contractual con Codelco) y la verdad es que no se me pasó por la cabeza”. Días después, y una vez conocidas sus asesorías a Antofagasta Minerals en calidad de Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja (supuestamente no informadas a la Presidenta previo nombramiento ministerial), Insunza repitió el libreto al declarar que “la reflexión que me surge es por qué no lo veía antes, por qué no me hice ese cuestionamiento. Esa conciencia de libertad derivó en una ceguera, en no ver la posibilidad de que fuera objetable”.
Toda esta información hace poco creíble un “no saber” por parte de Bachelet. Y hace creíble el suponer que haya optado deliberadamente por un ministro con ese perfil. Necesitaba de sus habilidades negociadoras y conocimiento de la dinámica e incentivos que mueven a una mayoría de parlamentarios para agilizar la agenda de gobierno y lograr su beneplácito hacia las reformas en discusión. Como en otras ocasiones (con una estrategia para afrontar desde la negación -o las medias verdades- el caso Caval, o el financiamiento de su campaña vía boletas SQM), la Presidenta definió sus objetivos políticos y el nombramiento de Insunza con absoluto pragmatismo. Dejó en evidencia que para ella el fin justifica los medios. Que en su glosario ético no está la máxima kantiana de valorar la virtud de un acto, como intrínseco al acto mismo. Que así como deliberadamente confió en Insunza a pesar de sus tribulaciones éticas, acto seguido (y una vez revelada en su insensatez), lo negó e hizo un cuestionamiento público de su buena fe, tal como ya lo hiciera a través de terceros con su edecán de mil batallas, Rodrigo Peñailillo.
Por último, Bachelet defrauda la buena fe de la ciudadanía al encubrir bajo un manto escenificado de inocencia y virtud una serie de conductas que rebajan los estándares éticos, morales e incluso jurídicos deseables y exigibles en la actuación de los múltiples actores políticos que construyen nuestra democracia. Si ella, que antaño sintetizaba los atributos de confianza y sinceridad, agasaja ahora a su pueblo con sendas pruebas que ponen en duda su calidad moral (si no su apego irrestricto a la ley), entonces qué se puede esperar de una serie de instituciones hace rato alicaídas en materia de valoración y credibilidad ciudadana.
Peor aún, y ante una creciente percepción ciudadana de caos, vacío de poder y falta de mayores liderazgos políticos probos, consistentes y claros en su actuar y objetivos, sería preocupante la emergencia de alternativas populistas o recetas fuera del sistema político institucional como formas de restituir una reserva moral y actuar público de buena fe apegado a la ley y orientado al bien común. La buena noticia es que nuestro sistema político, incluida la Presidenta, aún están a tiempo de enmendar los errores y vicios evidenciados en el último tiempo con verdad y mejor política.
Juan Cristóbal Portales, director Magister Comunicación Estratégica Universidad Adolfo Ibáñez.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO