La función originaria y esencial del estado es garantizar seguridad y protección para sus habitantes, así como también contar con un servicio de justicia eficiente que permita resolver pacíficamente las controversias que naturalmente surgen de la vida en sociedad. En efecto, la autotutela, es decir, la reacción directa y personal de quien hace justicia por mano propia, está excluida de ser considerada como una alternativa legítima dentro del estado de derecho. Sin embargo, si el estado no logra -o bien renuncia- a cumplir con estas funciones esenciales, ¿qué alternativas tenemos los ciudadanos? 

Esta es precisamente la situación de un grupo de comunidades mapuches de la Provincia de Arauco. Estas indicaron que no continuarían tolerando “hechos de violencia y delictivos en su territorio” e incluso invitaron a algunos propietarios de vehículos robados a retirarlos desde lugares específicos tras haber sido recuperados directamente por las comunidades. Como respuesta, el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, se limitó a “reconocer, valorar y respetar la autoridad de los lonkos en toda su dimensión”, confirmando así su renuncia a cumplir con las funciones del estado en la zona y, consecuencialmente, delegando implícitamente en las comunidades el cumplimiento de las labores de seguridad, orden público y también justicia. 

Constituye un hecho público y notorio que lo señalado por las comunidades se explica por el absoluto desamparo que viven miles de chilenos en la Macrozona Sur. No obstante, las declaraciones son sumamente graves ya que constatan la autotutela tolerada por el propio estado y visada por el mismísimo delegado presidencial, quien, pasando por alto los motivos que justifican la existencia de su cargo, omitió referirse a lo que conforme a derecho corresponde, esto es, a utilizar todas las herramientas del estado para garantizar la tan anhelada seguridad de los habitantes de dichos territorios.

Sin perjuicio de lo anterior, casos como estos sugieren preguntarnos si acaso no deberíamos evaluar como positivas o negativas las acciones en sí mismas y no conforme a quiénes son sus actores, que es lo que erróneamente ha venido haciendo el gobierno desde que era oposición. En otras palabras, ¿habría reaccionado Humberto Toro exactamente igual si el comunicado aludido en esta columna -y que constata la autotutela- hubiera tenido su origen en un conjunto de agricultores no indígenas de la zona o en un grupo de vecinos de Santiago centro? 

Por último, merece la pena recordar que la propuesta de borrador de la Convención pretende constitucionalizar situaciones de hecho como las descritas, desde que consagra las autonomías territoriales con autogobierno y los sistemas de justicia paralelos que -en efecto- obligarán al estado de Chile a reconocer la autoridad de los lonkos en toda su dimensión, incluidas sus formas de resolver los asuntos relativos a justicia, texto que aún requiere ser aprobado el 4 de septiembre. Sin perjuicio, mientras el ordenamiento jurídico sea el vigente, lo que nos corresponde es exhortar a las autoridades a cumplir con su deber de no abandonar a las comunidades a su suerte, porque -aunque a la Convención y al gobierno les cueste- la verdad es que las comunidades no han solicitado tomar la justicia en sus propias manos, sino que -simplemente- no han tenido ninguna otra alternativa razonable.

*Paz Charpentier es académica en la UDD y ex candidata a constituyente; directora de Juntos +Libres Concepción.

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