La Presidenta anunció, de modo algo ambiguo, el inicio de un proceso constituyente que, con razón, sólo abre preguntas. La interrogante recurrente en estos días ha sido cuál sería el rol del Congreso Nacional en todo este debate. Algunos -la izquierda más radical- sostienen que la nueva Constitución debe nacer de la deliberación directa de los ciudadanos que, sin filtro ni representación alguna, tomen la decisión sobre la supuestamente imprescindible y sanadora nueva Constitución. En su anuncio, Bachelet parece acercarse a este camino.
Esta mirada no sólo es utópica, sino que conceptualmente equivocada. En lo que sigue analizaré sólo un elemento de varios que podrían tratarse: qué rol le cabe al Congreso en el debate constitucional si éste, finalmente, se inicia. Para ello es útil mirar dos momentos constitucionales relevantes en nuestra historia que sirven para valorar el rol del Parlamento.
El primero de ellas lo recordó recientemente Sofía Correa (Estudios Públicos 137). En una completa investigación que estudia los procesos constituyentes en nuestra historia, sostuvo que las reformas más exitosas a nuestros textos constitucionales han sido fruto del acuerdo político que se logra en los congresos. El ejemplo más patente, nos dice, son las sucesivas reformas constitucionales llevadas a cabo a partir de 1870 a la Carta del 33. A ello, continúa, se sumaron diversas reformas electorales que dieron más legitimidad al sistema. Todo esto logró reformar el carácter fuertemente presidencialista de la Constitución e iniciar una mutación constitucional que transformaría intensamente la forma de ejercer el poder.
El segundo, que también relata Sofía Correa pero de un modo algo más crítico que el que haré a continuación, es la Reforma Constitucional del 2005. Fruto de dos mociones presentadas durante el año 2000, una de senadores de la Alianza y otra de senadores de la Concertación, la reforma fue objeto de largas discusiones que se extendieron durante todo el mandato del Presidente Lagos. Tan solo en la sala del Senado, la reforma se discutió por más de un año en sucesivas sesiones, informes complementarios de las comisiones, audiencias a expertos, etc. Y el Congreso que discutió estas reformas logró alcanzar acuerdos sustanciales que incorporaron, incluso en ocasiones, a los entonces senadores designados.
De esta reforma siempre se destaca el entusiasmo con que el Presidente Lagos le anunció al país que Chile contaba “con una Constitución que ya no nos divide”. Pero también otros constitucionalistas próximos al gobierno vieron en este momento el inicio de un ciclo nuevo de larga duración. Patricio Zapata, por ejemplo, señaló que “después de casi 25 años, la Constitución encarna un consenso nacional” (El Mercurio. 18.09.2005). Y también Francisco Zúñiga reconoce que la reforma “hace posible revestir de mayor legitimidad derivada a la Constitución como fuente primera del pacto político” (Reforma Constitucional 2005).
Pero sabemos que algo pasó en esta última década que esas afirmaciones hoy parecen fuera de lugar. Tal vez uno de los factores fue que, posiblemente por razones electorales, Frei el 2010 abogó por una nueva Constitución. Y luego Bachelet, en 2014, lo hizo extremando el discurso ante la necesidad de incorporar al Partido Comunista a sus filas.
En lo que nos interesa -el rol del Congreso- hay que reconocer que Frei fue más preciso. Desde el inicio, lo reforzó sin dar lugar a dudas. No sólo por el simbolismo de anunciar su reforma en una comisión especial de la Cámara sino que más tarde, al concretar el contenido, por reconocer con claridad que su propuesta suponía “aprovechar el procedimiento de reforma (… y) al mismo tiempo prevenir los problemas de la Asamblea Constituye”. En cambio Bachelet, fiel a su estilo, presentó la ambigua trilogía de un mecanismo “democrático, institucional y participativo”. Y ya en el gobierno no parece querer rectificar.
Si no ser clara en la campaña fue un error, no serlo mientras gobierna es porfía. Con ello no sólo entusiasma a los sectores más radicales y descoloca a quienes tenemos cierta pasión por el orden. También abre espacios a legítimas dudas sobre las reglas de básica gobernabilidad que nos regirán tras este “proceso constituyente” que, como han dicho algunos, se construye sobre una hoja en blanco. De ello es prueba, entre otras cosas, esta columna que busca defender lo que hace tan poco parecía evidente: que en una democracia representativa que todavía se mantiene en pie, es en el Congreso donde radica la potestad constituyente y es, por lo mismo, ahí y usando las armas de la política donde se acuerdan las eventuales reformas, si es del caso.
Sebastián Soto, abogado y ex jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO